La desaparición del ITEI

Opinión, por Gerardo Rico

Hace unos días se concretó la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) tras 20 años de existencia. En las dos décadas, el ITEI recibió un millón 717 mil solicitudes de información, destacó en el último informe la presidenta del organismo, Olga Navarro Benavides, quien dijo que no fue fácil trabajar sabiendo la inminente desaparición del órgano garante de transparencia.

El organismo deja buenas cuentas. La desaparición del ITEI en Jalisco significa que sus funciones y acceso a la información serán asumidas por la Contraloría del Estado, lo que implica un cambio en la estructura de rendición de cuentas y preocupaciones sobre la autonomía del órgano fiscalizador.

Para muchos, la desaparición del ITEI significa un retroceso en accesibilidad a la información oficial. Los ciudadanos ya no podrán acudir al organismo para apelar si no se les entrega información. La única vía legal para hacer valer el derecho de acceso a la información será el complejo y costoso juicio de amparo. Aquí también se observa el riesgo de autonomía.

Especialistas en el tema consideran que deja de existir un organismo autónomo que obligaba a las autoridades a entregar información, lo que podría abrir la puerta a una mayor discrecionalidad por parte del gobierno. La desaparición del ITEI ha sido criticada por ocurrir sin un plan claro para garantizar la transición, especialmente en lo referente al personal y la gestión de los trámites pendientes.

Hay que recordar que la legislación local debe armonizarse con la nacional, por lo cual la desaparición de los órganos de transparencia en los diferentes Estados de la República se originó luego de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo en México que garantizaba dos derechos fundamentales:

1.- El acceso a la información pública y 2.- La protección de los datos personales. Su función era asegurar que las autoridades federales entregaran la información pública solicitada y que los datos personales fueran utilizados adecuadamente.

La desaparición del INAI fue resultado de una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2024, que extinguió siete organismos autónomos. La reforma, impulsada por una iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que se buscaba eliminar duplicidades de funciones y reducir el gasto público. Las funciones del INAI fueron absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se creó para este propósito.

Entre los principales cambios, se creó el órgano de Transparencia para el Pueblo, encargado del acceso a la información, mientras que la protección de datos personales fue asumida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además, se establecieron 18 nuevas autoridades federales de transparencia con alcance en los tres poderes del Estado y los sindicatos. El número de comisionados se redujo y a nivel municipal, los gobiernos locales reciben apoyo del Ejecutivo para el cumplimiento de las disposiciones de transparencia.

El órgano de Transparencia para el Pueblo fue creado el 21 de marzo de 2025 como sustituto del INAI. Opera como una instancia pública desconcentrada dentro de la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se encarga del acceso a la información y la vigilancia de los sujetos obligados en el ámbito del Ejecutivo Federal.

En el ámbito normativo, se derogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar lugar a una nueva Ley de Transparencia. También se introdujeron modificaciones en las leyes de protección de datos personales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, creada en noviembre de 2024 en reemplazo de la Secretaría de la Función Pública, es responsable de la política de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Entre sus funciones destacan: formular normativas para el acceso a la información y protección de datos personales, promover la transparencia proactiva y supervisar políticas de gobierno digital.

En Jalisco, con la desaparición del ITEI, se espera que la Contraloría del Estado asuma sus funciones de transparencia, mientras se creará un organismo ciudadano para vigilar y recomendar a la Contraloría. Se prevé un ahorro anual de más de 60 millones de pesos para el Estado, que podrán destinarse a otras áreas como la asistencia social. Se busca una transición que conserve la experiencia del personal del ITEI, con la posibilidad de recontratar a algunos trabajadores.

Al igual que en el plano nacional, en Jalisco hay riesgos y preocupaciones como el retroceso en la autonomía: Especialistas del tema señalan que pasar las funciones a la Contraloría implica que una autoridad gubernamental se convierta en juez y parte, lo que podría abrir la puerta a la discrecionalidad. Complejidad en la transición: la transición puede ser compleja, ya que las funciones se dividirán entre la Contraloría y otras autoridades garantes, como el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

También se habla de incertidumbre jurídica; especialistas señalan que la transición podría carecer de mecanismos específicos de certeza jurídica para los ciudadanos.