La urgencia de Ley Sabina en México

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En Jalisco, como cada año, celebramos una edición más de la Feria Internacional del Libro (FIL), un evento de talla internacional que ha posicionado a nuestro estado y que nos llena de orgullo. La FIL ha sido escenario de momentos históricos y de múltiples expresiones culturales, pero también de protestas y denuncias debido a su alcance internacional y su capacidad para visibilizar causas sociales urgentes.

En esta edición no será la excepción. Diversos colectivos aprovecharán el foro para exponer problemáticas que siguen siendo grandes pendientes para las legislaturas. En este contexto, el colectivo “Unidos de Jalisco” realizó una protesta significativa al colocar un tendedero de deudores alimentarios a las afueras de Expo Guadalajara, coincidiendo con la FIL, con la exigencia central de aprobar la Ley Sabina en la entidad.

Es fundamental reconocer la labor social de estos colectivos. Se han convertido en un medio de protesta, acompañamiento y visibilización con impacto real, generando presión constante en la lucha contra diversas violencias. En Jalisco, su trabajo es permanente y constituye una pieza medular de la movilización social, al hacer visible la situación de sus integrantes y ofrecer un modelo de protesta y apoyo comunitario cada vez más necesario.

Conviene recordar que el objetivo de la Ley Sabina es lograr que la norma sea realmente efectiva para hacer responsable al progenitor en la obligación de otorgar alimentos. Esta problemática está en el centro de los asuntos de divorcio y demandas de pensión alimenticia que se tramitan diariamente en los juzgados familiares. Gran parte del rezago en estos procesos se origina en la imposibilidad de obligar a los padres a cubrir pensiones suficientes y necesarias para sus hijos.

La Ley Sabina, debidamente legislada, impacta directamente en los deudores alimentarios con severas restricciones en su vida civil y económica. Esto incluye la negación o limitación de trámites como la expedición de pasaporte y licencias, la prohibición de acceder a cargos públicos y la anotación de la deuda en el Registro Público de la Propiedad, lo que impide realizar transacciones con bienes inmuebles.

El propósito final es forzar al deudor a liquidar el adeudo para salir del registro, obligándolo a mantenerse al corriente de sus obligaciones. De manera consecuente, se busca asegurar que niñas, niños y adolescentes cuenten con un estándar de vida adecuado y un desarrollo digno en sus etapas tempranas, responsabilidad que recae tanto en los progenitores como en el Estado.

El tendedero de deudores expuesto por el colectivo obliga a una pausa reflexiva para comprender la relevancia crucial de la Ley Sabina en Jalisco. Esta norma es la herramienta jurídica más contundente para enfrentar y erradicar la violencia económica ejercida por exparejas durante los procesos jurisdiccionales, garantizando el derecho humano de los hijos a una vida digna.

El Registro Estatal de Deudores Alimentarios (REDAM) no debe ser un simple trámite, sino un filtro implacable que exhiba el comportamiento ético de los deudores. Sus aspiraciones —ya sea para cargos públicos, inscripciones electorales o funciones gerenciales— deben enfrentar una barrera infranqueable: la deuda.

Quien no es capaz de responsabilizarse por sus propios hijos no merece la confianza de la sociedad ni la autoridad moral para representarla. La irresponsabilidad parental, documentada en el REDAM, se convierte en un indicador irrefutable de falta de integridad que debe ser considerado en cualquier ámbito público o privado.

Al visitar la FIL, es indispensable visibilizar este acto de protesta que expone, sin tapujos, a los deudores alimentarios. Difundamos su mensaje para cumplir con nuestra obligación civil: exigir resultados concretos contra la violencia que nos atraviesa. Es momento de que el Congreso de Jalisco armonice la legislación y ponga en marcha, de manera efectiva, la Ley Sabina.

¡Que los diputados entiendan que las causas sociales no admiten demoras! Representan a una sociedad en la que miles de niñas, niños y adolescentes padecen violencia económica perpetrada por sus propios progenitores. El incumplimiento se burla de la justicia, pues hasta ahora no genera consecuencias reales. Velar por la niñez en esta entidad es una obligación impostergable de los Poderes del Estado. ¡Han pasado más de dos años desde que la Ley Sabina llegó a México, y su plena instalación en Jalisco no puede seguir esperando!