Solo para la foto

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

En el mundo actual, las apariencias se han vuelto necesarias y, particularmente para la gestión de Claudia Sheinbaum, han adquirido un papel fundamental. Como continuadora de una transformación y promotora de un proyecto transexenal, resulta importante mostrar que dicho proyecto tiene logros y que también posee viabilidad a futuro; eso es justamente lo que intenta comunicar.

Los últimos reportes presentados muestran un panorama de estabilidad económica que, sin embargo, no evidencia verdadera solidez. Se celebra el crecimiento del 6% en los ingresos tributarios, casi 7% en los ingresos totales y un superávit primario que supera el déficit existente a principios de año, así como un manejo prudente de la deuda que evita presiones en el corto plazo.

No obstante, se omite señalar que la inversión física disminuyó 29%, lo que implica dejar de invertir en infraestructura, equipamiento público, generación de energía y en la creación de condiciones que detonen el crecimiento mediante la inversión.

Tampoco se aborda el tema de las pensiones que, sumadas a la pensión de adultos mayores y otras prestaciones, representarán en 2026 el 30% del gasto público, superando incluso el 100% de la nómina de trabajadores del sector público. Sólo esos dos rubros sumarán casi 3 billones de pesos que, al agregarse a los 1.5 billones destinados al servicio de la deuda, consumen casi la mitad del presupuesto federal.

Es evidente que, en el presupuesto, el gasto corriente y las pensiones se están financiando con recursos que deberían destinarse a inversión productiva o mediante endeudamiento; y que los ingresos, aunque eventualmente muestren superávit, se están trasladando a otros rubros sin impulsar el crecimiento ni mejorar los servicios públicos.

También se celebra que la inversión extranjera directa (IED) fue 15% mayor entre enero y septiembre de 2025 respecto del mismo periodo de 2024, alcanzando casi 42 mil millones de dólares. Sin embargo, se omite que la IED es solo una parte de la inversión total, la cual muestra una tendencia a la baja, particularmente en el sector privado, que apenas llega al 21% del PIB, y en el sector público, que invierte solo el 2% del PIB.

Desafortunadamente, y aunque la presidenta lo evite, un análisis serio, sin apasionamientos políticos ni tendencias partidistas, conduce a dudar que lo realizado haya sido positivo y que lo existente nos lleve a mejores estadios de bienestar.

No se observa que, en el futuro, aun con un incremento en la eficiencia recaudatoria, se logren los recursos necesarios para financiar la expansión de la política social del régimen, y mucho menos para propiciar una era de crecimiento sostenido, sin la cual el proyecto asistencial y clientelar resulta insostenible.

La actual administración se esfuerza en pintar un panorama de estabilidad económica que sirva para evitar que las calificadoras extranjeras reduzcan la nota crediticia del país. Sin embargo, esas mismas calificadoras han manifestado sus reservas sobre la calidad crediticia de México si Pemex y CFE continúan siendo una carga fiscal.

Pemex, durante muchos años, fue una fuente de ingresos para el gobierno mexicano, pero ha dejado de serlo. En el sexenio anterior recibió una inyección excesiva de recursos públicos sin lograr incrementos en su producción ni mejoras en su productividad en refinación o en otras áreas no extractivas.

Por su parte, la CFE opera con pérdidas desde hace años y, hasta ahora, es incapaz de incrementar la oferta de energía que requeriría una economía en crecimiento. En los hechos, la escasa energía disponible limita la llegada de mayor inversión extranjera y frena el crecimiento de la inversión nacional.

Así, el panorama económico optimista que se prepara y exhibe en las conferencias matutinas es una obra de prestidigitación de las autoridades hacendarias, que presentan cuadros y estadísticas útiles solo para la foto. El rostro actual se acomoda, se peina y se maquilla para que luzca bien, pero detrás del cuadro la realidad es distinta.

En los últimos días, productores y transportistas exhibieron el rostro de sectores abandonados, no solo por la falta de apoyos y seguridad, sino también por la sordera del régimen. El gobierno los acusó de ser movimientos políticos, pero el Estado es, por naturaleza, un ente político y debería ofrecer respuestas políticas: diálogo y soluciones.

Desgraciadamente, es difícil negociar cuando no se tiene nada que ofrecer, y así fue reconocido. No hay recursos para apoyar a los productores; tampoco son suficientes los destinados a la seguridad pública, y lo más grave es que los escasos fondos existentes se orientan a prioridades electorales en un afán desenfrenado por conservar el poder.

Son muchos los conflictos en ciernes cuya solución no se logrará simplemente “arreglando la foto”, sino repensando y reestructurando el cuadro de prioridades, porque tal como están planteadas, no ofrecen rumbo ni futuro.