Los empresarios y el gobierno

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Es un hecho que la economía del país se encuentra estancada y también lo es que, en el corto y mediano plazo, no parece que vaya a recuperarse la capacidad de crecimiento. El gobierno ha agotado sus posibilidades para impulsar por sí mismo el desarrollo.

Se terminaron los fondos para contingencias, se exprimió el presupuesto para financiar los programas sociales, se incrementó la deuda y se destinaron recursos abundantes a obras caprichosas e improductivas. Además, se recortaron apoyos a los sectores económicos y se desviaron recursos públicos para recomponer las finanzas de Pemex y la CFE.

Hoy, las finanzas públicas operan con déficit, con recursos muy limitados para la inversión productiva y, en consecuencia, sin condiciones para crecer por encima del crecimiento poblacional.

El gobierno lo sabe; sin embargo, mantiene una política ambigua que desconcierta e inhibe la inversión. La apropiación por parte del Poder Ejecutivo de los poderes Legislativo y Judicial, la desaparición de organismos autónomos, las reformas a la Ley de Amparo y la nueva legislación en materia de aguas nacionales mantienen a los sectores productivos en la incertidumbre y con temor al riesgo. La confianza institucional se ha destruido.

En este contexto cobra relevancia la participación empresarial. Del propio gobierno surgió la iniciativa del Plan México como un instrumento de confluencia para empresarios e inversionistas; no obstante, parece haber devenido en un simple catálogo de buenas intenciones. La inversión privada no llega porque, más allá de las declaraciones, no existen condiciones reales para asumir riesgos.

Las causas están diagnosticadas, pero no atendidas ni resueltas del todo: falta de crédito, inseguridad y extorsiones, corrupción, rigidez de la administración pública, imposibilidad de competir con productos de importación, problemas aduanales, escasez de mano de obra calificada, falta de energía o infraestructura, inseguridad jurídica, entre otras.

En el gobierno se sigue pensando que la conformación de comités o consejos, encabezados por empresarios distinguidos, puede promover la inversión y apoyar el desarrollo. Bajo esa lógica se ha creado otro Consejo Empresarial para la Promoción de Inversiones, ahora con Carlos Slim al frente.

Difícilmente tendrá éxito. El derecho de picaporte que Slim tiene en Palacio Nacional le ofrece garantías a él, pero no alcanza para todos. No todo el empresariado mexicano seguirá al señor Slim y, una vez más, todo quedará en el ámbito cupular: catorce o veinte empresarios que ayudarán con algo si obtienen algo a cambio, como ha ocurrido históricamente. El resto del universo empresarial y de negocios, así como el inversionista extranjero, requieren algo más que un consejo gestor para confiar en que su inversión es segura y no está sujeta al temperamento gubernamental.

Queda claro que la presidenta Sheinbaum no se siente cómoda con los organismos empresariales constituidos, pues tanto el Consejo Coordinador Empresarial como el Consejo Mexicano de Negocios —que agrupan a la mayoría de los organismos empresariales— tienen dirigentes que, aparentemente, no han sido convocados a este nuevo consejo presidencial.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) eligió recientemente a un nuevo dirigente, José Medina Mora. Esto ocurrió en medio del descontento de una mayoría por el desempeño de su antecesor, Francisco Cervantes Díaz, a quien consideran complaciente y obsequioso con el gobierno y que, paradójicamente, ha sido convocado por Slim para coordinar el nuevo consejo.

Es posible que, dada la fortaleza del capital de Carlos Slim y de quienes él convoque, la presidenta piense que será suficiente para retomar el ritmo de la inversión y el crecimiento; sin embargo, este puede ser un dramático error de cálculo. Slim ha demostrado que la condescendencia puede ser redituable, pero el resto del sector, que se ha plegado por fuerza o pusilanimidad —como Cervantes Díaz— a los designios políticos de la presidencia, no ha tenido el mismo éxito. Por el contrario, ha sido víctima de una política fiscal hostil y de un sistema judicial politizado y al servicio de la autoridad.

Resulta incomprensible pensar que formar comités con aliados o con grupos selectos será suficiente, sobre todo cuando se ha comprobado que esos aliados cobran caro incluso los favores mínimos. Con un gobierno descapitalizado que opera con déficit, no se puede ser ambiguo y pedir inversión sin antes trabajar con todos en la solución de las causas que la inhiben.

Las causas son claras y están a la vista, pero pesa demasiado la carga ideológica y el compromiso político para construir una nueva ruta que genere riqueza y la distribuya de manera más equitativa, como se intenta —o se dice intentar— hacer.

Es tiempo de que el gobierno poderoso que han constituido entienda que debe dialogar con todos, no solo con quienes le aplauden y rinden pleitesía. Un gobierno autoritario gobernando con una oligarquía no es lo deseable. Algunos lo llaman dictadura, como la que gobernaba México antes de 1910.