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JALISCO

Jorge Alejandro Ortiz seguirá al frente de la ASEJ: Congreso de Jalisco apuesta por la estabilidad en la Auditoría Superior

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Por Francisco Junco

La reelección de Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) no fue un trámite menor ni una votación más en el calendario legislativo. Se trató de una decisión de fondo sobre el modelo de fiscalización que el Congreso quiso mantener para los próximos ocho años, en una institución clave para la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Con 34 votos a favor, el Congreso del Estado ratificó a Ortiz Ramírez para un segundo periodo al frente de la ASEJ, superando con amplitud la mayoría calificada requerida. La cifra no solo confirmó la continuidad del auditor, sino que dejó constancia de un consenso legislativo que contrastó con las críticas previas que se habían expresado desde distintas tribunas.

La ratificación aseguró que Jorge Alejandro Ortiz permanezca en el cargo hasta completar prácticamente 15 años como responsable de la fiscalización superior en Jalisco, al haber sido electo originalmente en 2017. En la historia reciente del estado, sólo Alonso Godoy Pelayo tuvo una permanencia similar en el puesto, lo que vuelve excepcional esta decisión.

El perfil del auditor fue uno de los argumentos centrales para su continuidad. Ortiz Ramírez cuenta con un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, estudios doctorales en The State University of New York y un posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá de España.

A ello se suma una trayectoria académica sólida: ha sido docente en la Universidad de Guadalajara, instructor en diplomados de la CEPAL y colaborador de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados. Su currículum incluye participación en foros internacionales de auditoría y membresías en academias especializadas en administración pública.

Durante el proceso de evaluación, Jorge Alejandro Ortiz fue el mejor calificado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con una puntuación de 124.5 sobre 127, un dato que fue determinante para inclinar la balanza a su favor frente a otros 21 aspirantes.

Desde el plano institucional, el equipo del auditor destacó que, durante su gestión, se han logrado reintegros y recuperaciones por 290 millones de pesos derivados de la fiscalización de las cuentas públicas de 2018 a 2023, de los cuales 141 millones corresponden a trabajos de reparación en obra pública.

Tras su ratificación, Ortiz Ramírez defendió su desempeño y aseguró que los resultados de su primer periodo serán visibles con mayor claridad en los próximos años. Rechazó las acusaciones de opacidad y subrayó que todos los informes fueron públicos, entregados en tiempo y forma y puestos a disposición de quien quisiera consultarlos.

“Siempre se subieron los informes públicos… hay más de mil 100 promociones de responsabilidades, hay montos importantes, hay presidentes municipales inhabilitados”, sostuvo el auditor, al insistir en que la ASEJ ha cumplido con su función fiscalizadora.

No obstante, la ratificación se dio en un contexto de cuestionamientos políticos previos. Desde Morena, particularmente desde la Comisión de Vigilancia, se había impulsado una postura abierta contra la reelección, argumentando la necesidad de renovar perfiles y evitar concentraciones prolongadas de poder.

El propio presidente de esa comisión, el diputado Alberto Alfaro, había expresado públicamente su rechazo a que Ortiz Ramírez permaneciera otros ocho años en el cargo, al considerar que lo “más sano” era cambiar de titular y refrescar la institución encargada de auditar miles de millones de pesos de recursos públicos.

En ese contexto, la ausencia de Alberto Alfaro el día de la votación adquirió un peso político significativo. El principal promotor de la no reelección del auditor no estuvo presente en la sesión extraordinaria donde se tomó la decisión final.

La sesión, que se prolongó hasta la madrugada del martes 16 de diciembre, estuvo marcada por negociaciones intensas y acuerdos previos que incluyeron, además de la ratificación del auditor, la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2026.

Con quórum suficiente y la conducción del presidente de la Mesa Directiva, Julio Hurtado, el Congreso avanzó en una agenda cargada. La única ausencia registrada fue la del diputado Alberto Alfaro, presidente de la Comisión de Vigilancia, precisamente el órgano legislativo encargado de dar seguimiento al trabajo de la ASEJ.

La omisión no pasó desapercibida. Alfaro no votó ni a favor ni en contra de una decisión que había cuestionado públicamente durante semanas, lo que abrió interpretaciones sobre un intento de deslindarse del resultado sin asumir el costo político de un voto adverso.

Su ausencia contrastó con el hecho de que, días después, la Comisión de Vigilancia, que él preside, había aprobado por unanimidad el informe de la cuenta pública estatal 2023, sin discusión alguna y en una sesión telemática donde tampoco hubo cuestionamientos al trabajo de la Auditoría.

Ese aval reforzó la percepción de que, más allá del discurso político, el trabajo técnico de la ASEJ había sido aceptado por los propios legisladores responsables de supervisarlo.

En el pleno, la ratificación de Ortiz Ramírez se consolidó con 34 votos, mientras que otros aspirantes apenas recibieron apoyos marginales. El mensaje fue claro: el Congreso apostó por la continuidad y la estabilidad institucional.

Ortiz Ramírez ha insistido en que las sanciones existen y que los datos están disponibles en los informes y en los tribunales correspondientes, aunque reconoció que no siempre se comunican de manera directa o mediática.

El desenlace favoreció al auditor. La mayoría calificada no solo le otorgó ocho años más en el cargo, sino que cerró el debate legislativo, al menos en el corto plazo, sobre la conveniencia de su permanencia.

La elección dejó también un saldo político: la ausencia del diputado que encabezó la oposición a la reelección debilitó el discurso de confrontación y trasladó el peso de la decisión al bloque que sí asumió el voto.

Así, entre la ratificación de un perfil técnico con trayectoria académica sólida y la ausencia estratégica de uno de sus principales críticos, el Congreso de Jalisco optó por la continuidad en la Auditoría Superior del Estado, en una decisión que marcará el rumbo de la fiscalización pública durante los próximos ocho años.


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