NACIONALES
IMSS-Bienestar
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
En el gobierno (¿?) de Andrés Manuel López Obrador, las grandes decisiones parecían ser tomadas sobre las rodillas, es decir, sin diagnósticos sólidos ni proyecciones sustentadas, casi todas emparentadas con los caprichos y ocurrencias del gobernante.
Una de ellas fue la de construir en 6 años un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, lo que lo llevó a destruir el Seguro Popular y sustituirlo por un engendro como el INSABI, el cual tuvo que desaparecer después de dos años y cientos de millones de pesos gastados, de los cuales nunca se rindió cuentas. Aunado a lo anterior, también se destruyó el programa consolidado de compra de medicinas, con lo cual se originó el más prolongado y nefasto desabasto de medicamentos e insumos en hospitales públicos.
Ante el fracaso de los experimentos anteriores, en agosto de 2022 se creó el programa IMSS-Bienestar, para absorber en su seno a las instituciones de salud de los estados y crear un sistema federalizado, tomando así un papel preponderante en el sector salud del país.
En los hechos, 24 estados de la república firmaron el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar, mediante el cual se transfirieron a este organismo 707 hospitales y 13,966 centros de salud y según declaró en su momento Zoé Robledo, Director del IMSS, “Con esto, IMSS-Bienestar se convierte en el sistema de salud público más grande del planeta”.
Sin dudar de esa afirmación, tendríamos que pensar que también tendría el mayor respaldo presupuestal y financiero; sin embargo, no es así. Como en las otras ocurrencias de ese sexenio, se construyó ese gigante asistencial sin contar con el respaldo presupuestal consolidado y por ello operó con recursos provenientes de las reservas del IMSS durante cuando menos un trimestre, como se puede ver en las actas del Consejo del instituto tripartita.
Ya en 2025 se le han asignado recursos presupuestales que, con una ampliación, llegaron a 174,625 millones de pesos, a todas luces insuficientes para soportar casi 15 mil unidades médicas, entre hospitales y centros de salud, que en promedio les tocarían 11.6 millones por unidad para cubrir nóminas, gastos administrativos, insumos y medicamentos. Es evidente la insuficiencia presupuestal, lo que implica que el resto necesario tendrá que salir de los fondos del IMSS, cuya situación financiera no es la óptima.
Actualmente, el Instituto presume reservas financieras por 620 mil millones de pesos, pero los estudios actuariales han establecido que el punto de equilibrio real, frente al pasivo laboral y el régimen de pensiones y jubilaciones, requiere reservas superiores a los 2.3 billones de pesos. Si esta precariedad no fuera suficiente, habría que ver que el instituto no ha ampliado en siete años su capacidad hospitalaria.
En 2018 había 0.68 camas por cada mil derechohabientes y en 2024 están en 0.69. No hay expansión ni se invierte lo suficiente en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente. Hay hospitales operando por encima de su capacidad, quirófanos saturados, escasez de especialistas, desabasto de insumos y medicinas y los tiempos de espera son criminales. La gente muere esperando un turno para su atención.
Como se puede ver, la intención no puede ir por encima de la razón ni se pueden seguir inventando programas por intuición o para que se vayan perfeccionando a base de prueba y error o como los carros de calabazas acomodándose en el camino.
Otra vez la insuficiencia financiera del gobierno mexicano limita las posibilidades reales. Tal vez federalizar los servicios de salud sea una buena medida, pero por lo pronto, en los 8 estados que no se adhirieron al acuerdo, los hospitales y centros de salud trabajan con normalidad y sin carencias. Al menos no se han visto trabajadores y médicos protestando por no tener condiciones para trabajar.
La presidente Sheinbaum está urgida de dar resultados porque sabe que de ello depende la supervivencia del proyecto político que inició en 2018; sin embargo, corre el riesgo de que, al enmascarar las realidades con despliegues mediáticos y concentraciones multitudinarias, la realidad la desborde como sucedió en noviembre. El incremento en las pensiones asistenciales y en los salarios mínimos tiene a la población tranquila, mas no satisfecha, y las expectativas y proyecciones no auguran que económicamente nos vaya a ir mejor.
Se entiende que la retórica gubernamental sea triunfalista, pues su horizonte está en la elección intermedia de 2027; sin embargo, se requerirá más que una mayoría legislativa y un aparato judicial a modo para evitar que la realidad los asalte.
Un gobierno responsable tiene que dejar atrás las ocurrencias y delinear un proyecto de país con más horizonte que ser un proveedor confiable para los EUA. Y considerar que Dinamarca con 6 millones de habitantes no es lo mismo que México con 130. Ojo con lo que prometen.


