Criminalizan la protesta: Ipejal y la Fiscalía del Estado unen fuerzas para silenciar a jubilados

Por Mario Ávila

En un hecho que pone en evidencia la intolerancia a la crítica y el uso de instituciones públicas para silenciar disidencias, las autoridades del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), en aparente contubernio con la Fiscalía General de Justicia del Estado, han emprendido una persecución penal contra Vicky Alcántar Martín, la periodista, maestra y académica que hoy encabeza la agrupación Jubilados Libres de IPEJAL.

Esta estrategia no solo busca criminalizar la protesta legítima de miles de adultos mayores, sino que representa un peligroso precedente en el manejo de instituciones que deberían garantizar derechos básicos como la salud y la dignidad de los jubilados.

La denuncia penal interpuesta por el IPEJAL contra Alcántar la acusa de “delitos contra la dignidad de las personas”, pero en realidad la responsabiliza de todas las publicaciones y críticas que han surgido contra el instituto en los últimos ocho años, independientemente de su autoría o de los medios en que se hayan difundido.

Con esta acusación genérica y amplia, se pretende convertir a una sola persona en chivo expiatorio de todo el malestar acumulado por los pensionados.

Apoyados por la Fiscalía estatal, los directivos del IPEJAL lograron imponerle medidas cautelares que incluyen una orden de restricción: Vicky Alcántar no puede acercarse a las oficinas centrales del instituto ni a ninguna de sus cuatro clínicas.

Este recurso legal, lejos de proteger a alguien en particular, se ha transformado en un instrumento de intimidación sistemática. Cada vez que la dirigente acude a solicitar medicamentos que no están disponibles en las farmacias clínicas —un problema recurrente—, los empleados activan un protocolo que implica llamar a la policía. Elementos armados llegan rápidamente y, bajo el pretexto de que algún funcionario “se siente amenazado”, obligan a la adulta mayor a abandonar las instalaciones de inmediato.

Un episodio reciente, ocurrido el 18 de diciembre de 2025, ilustra la desproporción de estas acciones: “Fui a las oficinas administrativas a pedir un medicamento que no hay en las clínicas. En vez de atenderme, enviaron policías con armas largas, alegando que una persona del área de Farmacias sentía miedo. Esa persona ni siquiera estaba en el mismo piso que yo. Fue un operativo como si yo fuera una delincuente peligrosa. Al salir, los policías me ofrecieron una disculpa”, relató Alcántar.

Este tipo de intervenciones no solo humillan a la dirigente, sino que generan terror entre sus compañeras. Varias jubiladas han reportado ataques de pánico y crisis de ansiedad al ver llegar patrullas y elementos armados a las clínicas, lugares que deberían ser espacios de atención médica y cuidado para personas de la tercera edad.

La persecución penal y las medidas cautelares forman parte de una estrategia más amplia de hostigamiento institucional. Mientras se escatiman medicamentos —con un desabasto que los propios jubilados estiman entre el 40% y el 50%—, se utilizan recursos públicos para perseguir judicialmente a quienes denuncian estas fallas.

El resultado es claro: una forma moderna de “te pego y estás obligado a callar”.

Vicky Alcántar ha insistido en que esta represión no es casual. Desde el inicio de la administración del director general Juan Partida Morales, criticó el intento de aumentar sueldos hasta en un 67% y de crear una estructura burocrática excesiva con 24 gerencias y 44 coordinaciones, todo pagado con los ahorros de los trabajadores.

Aunque el gobernador Pablo Lemus Navarro revocó esas medidas tras las protestas, la dirigente sostiene que Partida Morales ha perdido el control efectivo del instituto, permitiendo que mandos medios actúen con impunidad y con un perfil más cercano a la seguridad pública que a la atención social.

El desabasto de medicamentos, los retrasos en pagos de pensiones —hasta por cuatro meses en algunos casos— y las dispersiones selectivas que afectan a miembros de Jubilados Libres, se combinan con esta persecución penal para crear un ambiente de “terrorismo institucional”.

“Llegaron personas desconectadas de la realidad jalisciense. Lo que les molesta es nuestro lema: menos gerentes y más medicamentos”, afirma Alcántar.

La líder de Jubilados Libres ha hecho un llamado urgente al gobernador para que intervenga y ponga fin a esta represión.

También se envió una comunicación firmada por decenas de pensionados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, solicitando medidas precautorias y la investigación de quienes bloquean la entrega de medicamentos, incluso cuando estos se encuentran físicamente en los almacenes.

Los casi 50 mil derechohabientes del IPEJAL, atendidos en cuatro clínicas propias y 11 hospitales subcontratados, merecen un trato digno.

La jubilación debe garantizar tranquilidad económica y mental, no convertirse en sinónimo de persecución y miedo. Envejecer no es un delito, y denunciar el desabasto de medicamentos no debería serlo tampoco.

Mientras persistan estas prácticas, la confianza en el instituto seguirá erosionándose. El gobierno estatal debe actuar con urgencia: garantizar el abasto de medicamentos, reducir la burocracia, transparentar el manejo de recursos y, sobre todo, detener la persecución penal contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la protesta social.

De lo contrario, el mensaje que se envía es claro: en Jalisco, criticar al poder puede tener consecuencias penales y personales graves.