Maquillando el golpe al bolsillo: Tarifazo, la técnica como coartada y el subsidio como trampa

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

En Jalisco, la política tiene un truco viejo: cuando el gobierno quiere que usted mire la tarjeta, le mete la mano al bolsillo. Y cuando el bolsillo protesta, le enseñan el truco con sonrisa didáctica, como si el dolor fuera una mala comprensión lectora. El tarifazo —porque así lo bautizó la calle antes de que lo bautizara la oposición— no es una discusión sobre pesos y centavos; es una radiografía del método: cómo se decide, cómo se publica y, sobre todo, cómo se pretende que la ciudadanía aplauda el golpe porque viene acompañado de un “subsidio”.

La escena está montada con la mejor utilería del poder: “tarifa técnica” suena a pizarrón, no a castigo. Pero la técnica, cuando se usa como máscara, suele dejar huellas. Según la norma, la revisión debe hacerse cada año, en su tiempo, con su fórmula y con sus indicadores. Una actualización ordenada, gradual, verificable. Lo que salió fue otra cosa: una decisión políticamente forzada que terminó por desbordar al propio Comité Técnico Tarifario. Y ahí empieza lo grave: no es que se haya subido la tarifa; es que se reventó la lógica de la regulación.

La Secretaría de Transporte puso como punto de partida una tarifa técnica ponderada de 10.37 pesos (diciembre de 2024). A esa cifra le aplicó una indexación de 7.72 por ciento y el resultado fue 11.17 pesos. Hasta ahí, la matemática. Ese debió ser el límite del ejercicio técnico: el número que sale cuando el método manda. Pero en Jalisco, cuando el método estorba, se le inventa futuro.

Se metieron proyecciones hasta 2030, como quien mete mano en la caja para que el resultado convenga. Se asumió —de forma arbitraria— que la tasa de indexación se mantendría constante cinco años, y con ese artificio se infló un promedio que llevó a 13.03 pesos, sometidos a votación. La técnica ya no era técnica: era coartada.

Pero el asunto, dicen, no termina ahí. El Comité no votó 14 pesos. Esa cifra apareció después, ya fuera del órgano colegiado, sin respaldo técnico ni votación formal. La tarifa publicada no es la tarifa aprobada. Si esto es cierto —y lo será si los papeles lo sostienen—, estamos ante un problema de legalidad, no de popularidad. Un órgano puede equivocarse; lo que no puede, sin consecuencias, es que su decisión sea alterada en la ruta hacia el Periódico Oficial. Ahí la discrepancia deja de ser política: se convierte en puerta abierta a impugnaciones y, sobre todo, a una pregunta que ningún gobierno quiere escuchar: ¿quién cambió el número y con qué autoridad?

El gobernador Pablo Lemus quedó atrapado en la herencia y en la prisa. Le dejaron el bote pateado por años; él decidió agarrarlo con guantes de propaganda. Porque el golpe viene con un adorno: el usuario “no pagará 14”, pagará 11 si usa la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”. Tres pesos por viaje los pondrá el gobierno mediante una bolsa de mil 200 millones de pesos. Es el tipo de anuncio que en Casa Jalisco se pronuncia con tono de beneficencia y en la parada del camión se escucha como candado: sin tarjeta, pagas completo.

Y ahí aparece la segunda trampa: la tarjeta no estaba socializada, no se promovió, no se instaló como política pública antes de convertirse en llave del descuento. Lo que pudo ser “barco insignia” de un nuevo gobierno —una herramienta para dispersar apoyos, bancarizar, modernizar— nació como salvavidas de crisis. Un monedero para amortiguar el tarifazo. No es un programa; es un mecanismo de control del acceso al subsidio. Usted no obtiene un derecho: obtiene un plástico.

A los dos días de la aprobación, el gobierno no podía explicar cómo funcionaría el subsidio en el mundo real. Hacienda, callada. El Imeplan, señalado por no presentar datos actualizados y decidir con cifras de 2024. La administración estatal improvisando en público, que es la forma más cara de improvisar. Si la idea era darles armas a los críticos, les salió redonda la jugada.

Porque la calle no protesta contra fórmulas: protesta contra abusos. Y el abuso se vuelve más claro cuando la aritmética se asoma. Cada día se venden más de 3.1 millones de boletos. Si se subsidian tres pesos por viaje, el costo diario del subsidio sería 9.3 millones. Con una bolsa de 1,200 millones, la cobertura real no puede ser universal: alcanza para una parte de los viajes, no para todos.

Entonces, ¿qué significa que “no tendrá limitantes”, como afirmó el secretario general Salvador Zamora? No puede significar ilimitado, porque el presupuesto sí tiene límite. Puede significar “sin tope por persona”, pero no “sin tope en dinero”. Es decir: se promete como derecho lo que en realidad es racionamiento. Y cuando el racionamiento llega, la gente no le reclama a la fórmula: le reclama al gobierno.

Los colectivos, la FEU y organizaciones civiles entendieron el punto con rapidez. Llegaron a Casa Jalisco y colocaron un pliego petitorio: exigieron información pública y verificable, claridad técnica, transparencia del subsidio y mejoras sustanciales del servicio. Adonais González Lee lo dijo con la sobriedad que el gobierno no ha tenido: antes de hablar de aumentos, las autoridades deben garantizar mejoras proporcionales.

Y la FEU, con Fernanda Romero, pidió mesa de diálogo y respuestas. En el pliego se cuestiona la metodología del incremento y el origen de la bolsa de mil 200 millones, porque en el presupuesto aprobado se hablaba de 900. ¿De dónde salen los 300 adicionales? ¿Qué partida se recorta? ¿Qué fideicomiso se mueve? ¿Qué caja se abre?

Mientras tanto, los partidos se reparten el oportunismo. El PAN, de vacaciones: ni pío. Morena, con discurso unificado y la acusación que prende: “pulpo camionero disfrazado de subsidio”. El PRI, con Laura Haro, diciendo que “les vieron la cara” y prometiendo acciones legales. Futuro y Hagamos, con un argumento más fino: no puedes comprometer subsidio a cinco años sin pasar por el Congreso y, sobre todo, no puedes subir tarifa sin un plan integral, compromisos verificables y rendición de cuentas. Porque aquí está el tercer fondo: el aumento pide fe, pero no ofrece evidencia.

¿Dónde están los desgloses públicos de costos? ¿Los márgenes de ganancia? ¿La explicación del excedente histórico de las alcancías? ¿El funcionamiento de fideicomisos y recaudos? Los transportistas dicen operar en números rojos, pero no presentan pruebas verificables. El gobierno pide confianza a ciegas. Y la confianza, en la política jalisciense, es la moneda más falsificada.

El tarifazo, pues, no es una decisión económica. Es síntoma de un modelo deteriorado donde la urgencia política se traga a la técnica y la legalidad se estira hasta romperse. Cuando la tarifa se define fuera del comité, cuando la indexación se vuelve proyección ficticia y cuando el subsidio se usa para maquillar el golpe, el problema deja de ser el precio del pasaje. Se vuelve una pregunta sobre quién gobierna y para quién.

Destinar 1,200 millones del erario a sostener un sistema sin mejoras verificables en calidad y cobertura es socializar pérdidas privadas sin exigir responsabilidades.

Y en ese punto, el gobernador Lemus enfrenta su verdadero dilema: no cómo explicar el aumento, sino cómo explicar el método. Porque lo que la gente no perdona no es que el gobierno cobre: es que cobre con trampa.

En X: @DEPACHECOS