La doctrina Trump: ¿Petróleo o justicia?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

El 3 de enero de 2026 pasará a la historia como el día en que Estados Unidos ejecutó una operación militar de precisión en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El presidente Donald Trump lo anunció con su estilo directo en Truth Social: un “ataque a gran escala” que puso fin a un régimen acusado de narcoterrorismo, corrupción y fraude electoral.

Para muchos, fue un acto de justicia; para otros, un regreso descarado al intervencionismo yanqui. Lo cierto es que esta acción revive un fantasma que creíamos enterrado: la invasión a Panamá de 1989.Recordemos los hechos. En diciembre de 1989, George H. W. Bush ordenó la Operación Causa Justa para derrocar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y violación de derechos humanos.

El pretexto era legítimo, pero los intereses estratégicos eran evidentes: asegurar el control del Canal de Panamá y enviar un mensaje a la región en plena Guerra Fría. Noriega terminó juzgado en Miami; Panamá quedó bajo tutela estadounidense temporal.

Treinta y siete años después, la captura de Maduro sigue un guion similar: cargos federales por “narcoterrorismo” presentados desde 2020 por el Departamento de Justicia, una recompensa de 15 millones de dólares y, finalmente, una extracción militar justificada por la “amenaza a la seguridad nacional”.

¿Cuál es el verdadero premio? Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta: más de 300 mil millones de barriles. En un mundo donde la energía sigue siendo el motor de la geopolítica, y con tensiones crecientes en Oriente Medio, el control de esos recursos no es un detalle menor.

Analistas como Noam Chomsky han advertido durante décadas que Washington ignora sistemáticamente el derecho internacional —la Carta de la ONU prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado— cuando sus intereses económicos están en juego.

La acción contra Maduro no es excepción: debilita alianzas estratégicas de Caracas con China, Rusia e Irán, y abre la puerta a empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano.

El timing no es casual. Coincide con el regreso de Trump al poder en 2025, quien siempre vio en Venezuela un símbolo del “socialismo del siglo XXI” que debía ser erradicado.

Más allá de la retórica sobre democracia y derechos humanos, la operación refuerza lo que ya se perfila como la “Doctrina Trump”: una versión actualizada y agresiva de la Doctrina Monroe de 1823. “América para los americanos”, pero con un corolario claro: nadie —ni Rusia, ni China, ni regímenes izquierdistas— puede desafiar la hegemonía estadounidense en el hemisferio.

Trump lo ha dicho sin rodeos: su política busca “restaurar los poderes y prioridades” de Estados Unidos en la región, combatiendo “matones” como dictadores y carteles.

En América Latina, la reacción ha sido previsiblemente polarizada. Gobiernos alineados con Washington —como Argentina, Ecuador y Bolivia— celebran el fin del “madurismo”. Países como México, Cuba y Chile condenan la intervención como una violación flagrante de la soberanía.

México, fiel a su tradición de no intervención —la Doctrina Estrada—, elevó una enérgica protesta, recordando que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Sin embargo, aquí surge la hipocresía que tanto critico: el gobierno mexicano defiende con vehemencia la soberanía venezolana, pero guarda silencio cómplice ante la creciente influencia del crimen organizado en nuestro propio territorio.

Porque la pregunta incómoda permanece: si aplaudimos que Estados Unidos actúe como gendarme regional cuando le conviene, ¿qué nos garantiza que mañana no lo haga en México bajo el pretexto de combatir a los cárteles?

Trump ya ha declarado a estos como organizaciones terroristas y ha insinuado que, si no hay resultados, “algo habrá que hacer”. La renegociación del T-MEC en julio de 2026 será la primera prueba de fuego: aranceles, exigencias en fentanilo y migración podrían ser el precio de mantener la “paz” bilateral.

En México, las opiniones están divididas. Algunos opositores al gobierno de Morena ven en la captura de Maduro un modelo deseable: “¿Por qué no hacer lo mismo aquí con los líderes criminales o los políticos corruptos?”.

Otros, con razón, rechazan cualquier injerencia extranjera. Pero la realidad es que nuestra soberanía se debilita desde dentro cuando el narco controla territorios enteros y la impunidad reina.

Lo que necesitamos es unidad regional, no polarización. México debería liderar una iniciativa en la OEA o la CELAC para presionar por una transición democrática en Venezuela con elecciones libres y supervisión internacional, sin botas extranjeras en suelo latinoamericano. Solo así evitaremos que el fantasma de Panamá se convierta en un patrón recurrente

.La Doctrina Trump nos recuerda una verdad incómoda: el poder global no consulta principios cuando hay recursos de por medio. El manejo del Canal ayer en Panamá, petróleo hoy en Venezuela. Mañana, ¿litio en México?

La historia nos enseña que la soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones fuertes, economías sólidas y liderazgos responsables. Mientras tanto, el hemisferio observa con preocupación cómo se reescribe el manual del intervencionismo del siglo XXI.