¿Modernización o concentración de poder? Cambios al sistema electoral mexicano, objetivos, ajustes y tensiones políticas

Por Mario Ávila

La elaboración de la propuesta de reforma electoral que el primero de febrero presentará al Poder Legislativo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entró en la recta final y solo falta que en el mes de enero se le den los últimos toques, para que sea sometida a la aprobación de diputados y senadores y pueda cobrar vigencia en el proceso electoral del 2027.

Y aunque parezca una contradicción, los objetivos siguen siendo abaratar, modernizar y democratizar al sistema electoral mexicano, con ajustes a la Constitución y a las leyes, producto de un proceso de consulta a través de la celebración de 65 foros en todo el país, en donde se registraron más de 5 mil 200 intervenciones, mediante un proceso organizado por los integrantes de la Comisión presidencial para la reforma electoral, que preside Pablo Gómez.

A la propuesta que se entregará finalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que sea ella quien determine el contenido final de la propuesta de reforma que se enviará al Legislativo, habrá que agregarse la información suministrada por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), ante quienes se presentaron también más de 350 propuestas hechas por especialistas y organizaciones, entre los meses de septiembre y diciembre.

Uno de los últimos hechos relevantes que se habrá de tomar en cuenta en la redacción final de la iniciativa fue la visita que la presidenta del INE realizó a finales del mes de noviembre la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a las oficinas de la Comisión presidencial, en la que se acompañó de 27 presidentas y presidentes de OPLEs, quienes emprendieron desde octubre una cruzada para evitar la extinción anunciada por Pablo Gómez al inicio de la consulta.

El propio Pablo Gómez había dicho que la desaparición de los OPLE resultaba obvia y justificaba su propuesta de desaparición, en virtud del costo que implican para los gobiernos estatales, de más de 13 mil millones de pesos cada año, adicionales al presupuesto que recibe el INE, “pero además, porque nadie puede decir para qué sirven y los tribunales de los Estados no resuelven ningún asunto, todo va al Tribunal Electoral Federal; así las cosas, mejor hacemos un sistema de dos instancias”, planteó.

Sin embargo, al parecer esta postura ya cambió, según lo confirmó en entrevista reciente al periódico Reforma, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, en donde plantea que en el caso del INE y los OPLE, solo se propondrán ajustes, pero no la desaparición.

De hecho, el factor que pudo haber influido para borrar la propuesta de la desaparición de los OPLE, fue la consideración de los expertos y autoridades, que habrían advertido del peligro de desaparecerlos en 2027, cuando la elección federal de diputados será concurrente con comicios de gobernador en 17 entidades, de congresos locales y ayuntamientos en 30 Estados.

Además, si se mantiene la Reforma Judicial en los términos en los que fue aprobada, en 2027 se elegirá la mitad de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no electos en el año pasado y los jueces locales de una docena de Estados, ello además de la posibilidad de que, como lo ha propuesto Morena, que el procedimiento de consulta para la Revocación de Mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realice también en la misma fecha de la elección constitucional.

Ramírez Cuevas dio luz también sobre otros temas, como el caso de una reducción sustancial al dinero público que reciben los partidos políticos, “pero el objetivo es hacerlo, sin romper la equidad electoral, ni abrir la puerta a dinero ilegal o poderes fácticos; la apuesta es vigilar el gasto de campañas con tecnología, no con más burocracia”, planteó.

Tampoco se contempla ya la desaparición de los plurinominales, sino modificar el mecanismo para que las listas de los candidatos ya no sean decididas por las cúpulas partidistas. Y lo que sí se buscará será reducir el número total de legisladores, aunque todavía no hay fórmula ni cifras.

Y sobre quién tiene la última palabra en el diseño final de la iniciativa, el propio Ramírez Cuevas fue muy claro: “La comisión no decide, solo entrega insumos y la decisión final será de Sheinbaum Pardo, escuchando también a sus aliados PT y PVEM”.

LA RUTA DE LA 4T ESTÁ TRAZADA

La reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum ya empieza a quedar clara y el 2026 será el año en el que habrán de quedar establecidas las nuevas reglas de la participación política en México, mediante la propuesta que habrá de presentar con el propósito de modernizar, abaratar y democratizar el sistema electoral mexicano, continuando con la agenda de la Cuarta Transformación iniciada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma ha sido anunciada como una prioridad para 2026 con el propósito de abordar ineficiencias en el financiamiento público, la representación legislativa y la estructura organizativa de las elecciones, con un enfoque en reducir costos y fortalecer la equidad democrática.

Sin embargo, enfrenta obstáculos internos en la coalición gobernante (Morena, PT y PVEM), donde los aliados rechazan cambios drásticos que afecten sus intereses, lo que podría resultar en una versión diluida. Entre los aspectos clave a destacar:

En materia de reducción de costos y financiamiento a partidos, hay un consenso general en disminuir el dinero público destinado a los partidos políticos, sin lesionar la equidad en las contiendas. Esto incluye recortar las prerrogativas (recursos públicos), lo que se presenta como una medida para hacer más eficiente el sistema electoral, que actualmente se considera costoso.

Sin embargo, este punto genera tensiones, ya que podría separar momentáneamente a la coalición, especialmente con PT y PVEM, que dependen en gran medida de estos fondos.

En las propuestas de revisión sobre la representación proporcional (plurinominales), las propuestas recibidas versan sobre transformar el mecanismo de acceso al Congreso, reduciendo el número de diputados y senadores plurinominales, pero sin eliminar por completo esta figura.

El objetivo es optimizar la composición legislativa y evitar sobrerrepresentación, aunque los aliados de Morena se oponen firmemente a su desaparición total, viéndolo como una amenaza a su supervivencia política.

LA VOZ DE LA OPOSICIÓN

Los partidos de oposición en México, junto con organizaciones ciudadanas, desde el planteamiento inicial y antes de que comenzaran los foros de consulta en el mes de agosto, externaron su firme oposición a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que con ello no busca eficiencia ni austeridad genuina, sino consolidar el poder de Morena, debilitar contrapesos institucionales y generar un retroceso democrático significativo.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la califica como “la mayor amenaza a la democracia en 2026, ya que representa una regresión de al menos 50 años y que busca reinstaurar un partido hegemónico similar al PRI histórico”.

Opositores como senadores del PAN y PRI la ven como un paso hacia un «régimen totalitario» o «hiperpresidencialista», al eliminar contrapesos y concentrar poder en el Ejecutivo.

Hablan también los integrantes de las organizaciones de la llamada sociedad civil de un riesgo inminente de debilitamiento de la pluralidad y representación política, en particular con la reducción o eliminación de legisladores plurinominales, y se critica como un «golpe a la pluralidad», ya que esta figura garantiza la inclusión de minorías y oposición en el Congreso y su desaparición beneficiaría desproporcionadamente a Morena, reduciendo voces disidentes y favoreciendo la sobrerrepresentación del partido gobernante.

Por su parte, Marko Cortés (PAN) ha descalificado la comisión encabezada por Pablo Gómez y la considera como una «simulación, integrada por puros cuates del oficialismo, sin inclusión real de la oposición, mientras que históricamente, las reformas electorales exitosas (desde 1977 hasta 2014) se basaron en consensos amplios y esta se impulsa unilateralmente con mayoría calificada de Morena”.

Además, organizaciones opositoras, respaldadas por figuras como Claudio X. González, han recolectado más de 188 mil firmas para una iniciativa ciudadana contraria, que busca preservar la autonomía del INE, garantizar elecciones limpias y evitar concentración de poder.