Burocracia y decadencia: El Estado no se cae, se oxida

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Los grandes colapsos históricos rara vez comienzan con un estruendo. Antes de la caída hay siempre un periodo largo de desgaste silencioso y de corrosión interna. Por ejemplo, el imperio romano no empezó a perder su autoridad cuando las invasiones se volvieron inevitables, sino cuando su aparato administrativo dejó de ser un instrumento al servicio de la vida pública y se transformó en una maquinaria pesada, lenta y desconectada de quienes debían gobernar.

Las leyes seguían existiendo, los cargos continuaban repartiéndose y los impuestos seguían cobrando, pero el vínculo entre el poder y el ciudadano ya estaba roto. En este caso, el Estado no cayó: se oxidó.

Hoy, cuando hablamos del deterioro estatal, la crítica suele dirigirse casi exclusivamente a la clase política representativa. Diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, gobernadores. Son el rostro visible del poder y, por tanto, el blanco natural del descontento.

Sin embargo, ese enfoque, aunque comprensible, es incompleto. Reduce un problema estructural a una discusión de nombres, cargos y siglas.

No obstante, la decadencia del Estado no se explica solo por quienes lo representan, sino por cómo funciona —o deja de funcionar— todos los días. En ese sentido, el verdadero desgaste ocurre en el terreno menos visible, menos cuestionado y más transitado: el sistema burocrático.

No entendido únicamente como el conjunto de personas que integran la administración pública, sino como la red de procesos, reglas, tiempos y decisiones que definen la relación entre el Estado y el ciudadano. Ahí es donde comienza la decadencia real. No con discursos fallidos o campañas vacías, sino con trámites interminables, responsabilidades diluidas y decisiones que nunca llegan a concretarse.

La burocracia nació como una promesa de racionalidad. Debía garantizar orden, certeza y profesionalismo. En teoría, más reglas y más procedimientos implicaban más control y menos arbitrariedad. El problema es que esa lógica, llevada al extremo y abandonada a la inercia, produjo el efecto contrario.

Los procesos dejaron de ser medios para convertirse en fines. El cumplimiento formal desplazó al resultado sustantivo, de forma tal que resolver un problema pasó a ser menos importante que cumplir el trámite que acredita que alguien “hizo su parte”.

En ese punto, la burocracia deja de servir al Estado y comienza a servirse a sí misma. Se forma un submundo de decisiones donde nadie asume plenamente la responsabilidad, pero todos participan en la dilación. La firma se vuelve más relevante que la resolución; el formato, más relevante que el derecho; el procedimiento, más sagrado que la finalidad pública. Para el ciudadano, el Estado ya no es una institución que garantiza derechos, sino un laberinto que los desgasta.

Uno de los rasgos más perversos de este proceso es la deformación del sentido del servicio público. Bajo una noción mal entendida de meritocracia y pertenencia institucional, muchos funcionarios terminan convencidos de que su lealtad es hacia la institución, no hacia la sociedad. Se protege el reglamento incluso cuando ya no cumple ninguna función racional. Se defiende el “así se ha hecho siempre” como si fuera una virtud, convirtiendo al funcionario en un simple guardián del aparato administrativo.

Frente a este diagnóstico, el debate público suele refugiarse en soluciones simples para problemas complejos. Cada año reaparecen las mismas propuestas: reducir plurinominales, recortar el financiamiento a los partidos, adelgazar el gasto político, y aunque estas son discusiones legítimas, son insuficientes, ya que se reducen a atacar el costo visible del Estado, no su funcionamiento real.

Otros van más lejos y proponen la desaparición de instituciones completas, como si el problema fuera su mera existencia, confundiendo tamaño con eficacia. Un Estado más pequeño puede ser igual de disfuncional si conserva los mismos procesos absurdos. Eliminar dependencias sin revisar reglas y procedimientos solo redistribuye el problema. No lo resuelve.

También se ha instalado la idea de que la modernización tecnológica es la clave. Digitalizar trámites, crear plataformas, automatizar procesos. Sin duda, la tecnología es una herramienta poderosa. Pero sin una revisión profunda de los procesos, la tecnología solo acelera el absurdo. Digitalizar un trámite inútil no lo vuelve útil; simplemente lo vuelve más rápido.

Aquí es donde entra el verdadero eje olvidado de la discusión: la mejora regulatoria y la simplificación de procesos como columna vertebral de la reforma del Estado. No como un tema técnico secundario, sino como una decisión política central. Simplificar hacia adentro, para que el funcionario pueda decidir sin miedo, sin duplicidades y sin refugiarse en el procedimiento eterno. Simplificar hacia afuera, para que el ciudadano entienda, acceda y resuelva sin necesidad de intermediarios, gestores o favores.

Un Estado que no revisa críticamente sus procesos está condenado a oxidarse, incluso si cambia de gobierno, de ideología o de discurso. Porque el problema no es quién gobierna, sino cómo se gobierna. No es cuántas instituciones existen, sino para qué sirven y cómo operan. Sin procesos claros, racionales y orientados al resultado, cualquier reforma es cosmética.

Por eso la decadencia del Estado no se manifiesta solo en la corrupción abierta o en el abuso de poder, sino en algo más cotidiano y peligroso: la normalización de la ineficacia. Cuando la excepción se vuelve regla y el trámite se convierte en obstáculo, el Estado empieza a perder legitimidad sin darse cuenta. Y cuando intenta recuperarla, ya es tarde, porque el ciudadano ha aprendido a sobrevivir al margen del sistema.

Si no se coloca la simplificación administrativa y la mejora regulatoria en el centro del debate público, el diagnóstico seguirá repitiéndose sin solución. Cambiarán los gobiernos, se renovarán los discursos y se ajustarán los presupuestos, pero la experiencia cotidiana del ciudadano seguirá siendo la misma. El Estado seguirá existiendo formalmente, pero cada vez significará menos.

El Estado no se cae de un día para otro. Se oxida lentamente, expediente tras expediente, trámite tras trámite, decisión no tomada tras decisión no tomada. Y si no se entiende que la verdadera reforma empieza en el corazón burocrático de las instituciones, lo que hoy parece desgaste terminará, inevitablemente, en colapso. No por exceso de Estado, sino por haber olvidado para quién existe.