Conquista y legalidad

Opinión, por Miguel Anaya

La historia de la humanidad es, en esencia, la historia de la conquista. Cambian los discursos, las banderas y los eufemismos, pero el fondo permanece intacto. Después de lo sucedido en Venezuela, hay quienes aplauden y quienes critican, pero, sin ánimo de justificar, la historia siempre ha sido así.

Hoy se habla de soberanía, de derecho internacional y de instituciones autónomas; ayer se hablaba de dioses, de superioridad moral y de supremacía racial. El resultado es el mismo: alguien avanza, alguien cede, alguien paga el costo.

Los primeros imperios se formaron donde hubo excedentes, organización y ambición. Egipto consolidó su poder dominando pueblos a la orilla del Nilo; Mesopotamia levantó reinos sobre la guerra y la esclavitud; Persia administró la conquista con eficacia; Grecia la justificó con cultura; Roma la normalizó con leyes. Todos afirmaron traer orden y estabilidad, y todos lo impusieron por la fuerza. Ninguno cayó por razones morales, sino porque otro poder fue más fuerte, más astuto o simplemente llegó en el momento oportuno.

En Asia, China se unificó y expandió una y otra vez bajo la promesa de la armonía, mientras sometía regiones enteras y absorbía pueblos vecinos. Los mongoles, menos interesados en la retórica, conquistaron medio mundo a caballo, demostrando que la velocidad y el terror también podían ser un proyecto político. En América, antes de la llegada europea, los grandes imperios originarios también crecieron conquistando y sometiendo a otros. La conquista no fue una anomalía occidental: fue, y sigue siendo, una constante humana.

Con la modernidad, la violencia se volvió más sofisticada. España, Francia, Bélgica y Gran Bretaña construyeron imperios coloniales explotando territorios y poblaciones enteras mientras redactaban códigos morales para justificarse. España arrasó civilizaciones en nombre de Dios y del oro hasta quedarse sin ambos; Francia vistió la dominación de ilustración; Bélgica convirtió el horror en contabilidad; Gran Bretaña gobernó medio planeta hablando de legalidad, comercio y progreso. Todos terminaron de manera similar: debilitados o rebasados hasta que un nuevo imperio tomó su lugar, pero rara vez arrepentidos.

Rusia pasó de los zares al socialismo real sin abandonar la lógica imperial. Cambió el lenguaje, no la ambición. Estados Unidos aprendió que no siempre es necesario ocupar territorios: basta con intervenir, sancionar, presionar o “defender intereses estratégicos”.

China entendió que los mercados pueden ser tan eficaces como los ejércitos y que la dependencia económica también es una forma de dominio. La conquista continúa, solo que ahora se firma en tratados, se ejecuta en tribunales y se presenta como cooperación.

Aquí está la parte incómoda del relato: la conquista es moralmente reprobable, sí, pero históricamente persistente. Los intereses humanos —económicos, políticos, estratégicos— se imponen una y otra vez sobre códigos, leyes y principios. Y cuando estos estorban, se reinterpretan, se reforman o se reescriben. La ley nunca ha sido un límite real al poder; ha sido, más bien, una de sus herramientas preferidas.

Basta observar cómo las instituciones cambian de sentido según quién se sienta en la silla. Hoy se defiende la legalidad con fervor; mañana se cuestiona su validez. Hoy se habla de autonomía; mañana, de una reforma necesaria. Si alguien duda de ello, que pregunte al Poder Judicial o al INE. La historia demuestra que no es la ley la que domestica al poder, sino el poder el que decide qué ley merece sobrevivir.

La conquista no ha desaparecido ni desaparecerá. Solo ha aprendido a hablar mejor, a vestirse de legitimidad y a pedir aplausos mientras avanza. Negarlo no nos hace más éticos; entenderlo, quizá, nos haga adaptarnos mejor al mundo.