Siete años de Fiscalía Anticorrupción

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

Siete años después, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco cierra ciclo con Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar: avances en estructura y carpetas, pero con un balance mixto por bajos índices de condenas, selectividad política (casos como Miguel Castro y Salvador Rizo vistos como venganza) y falta de profundidad en investigaciones de alto impacto como A Toda Máquina. La institución se consolidó; sin embargo, no se libró de la sombra del Ejecutivo.

El balance, como en casi todo lo que toca la política tapatía, es mixto y deja más dudas que certezas. Hubo avances innegables: se construyó una estructura desde cero, se sobrevivió a la pandemia sin colapsar, se incrementaron las carpetas de investigación y se generó un marco normativo que, en papel, fortaleció el Sistema Estatal Anticorrupción.

Nadie puede negar que la Fiscalía dejó de ser una idea para convertirse en una institución con oficinas, personal y presupuesto propio.

Pero los números duros y la percepción ciudadana cuentan otra historia. Los índices de sentencias condenatorias son francamente bajos. De cientos de carpetas abiertas, muy pocas llegan a condena efectiva. La mayoría se diluye en archivos temporales, acuerdos reparatorios o investigaciones que se eternizan.

Peor aún: persiste la sensación de selectividad política. Algunos casos emblemáticos contra exfuncionarios de administraciones anteriores —sobre todo del PRI— avanzaron con rapidez y ruido mediático, mientras otros de igual o mayor gravedad, vinculados al poder en turno, quedaron en el limbo o nunca despegaron.

Un ejemplo doloroso fue la persecución contra Miguel Castro, exsecretario de Desarrollo e Integración Social y que fuera candidato priista a la gubernatura en 2018, y contra Salvador Rizo, quien dirigió la misma dependencia. Ambos enfrentaron procesos que muchos leyeron como respuesta a críticas directas al círculo cercano del entonces gobernador Enrique Alfaro.

Fue una enorme injusticia cometida contra estos dos exfuncionarios, principalmente contra Miguel Castro, en un caso en el que, si había alguna responsabilidad, no era de él. Se utilizó la Fiscalía Anticorrupción como instrumento de venganza; es el punto más criticable que se le puede hacer.

El caso A Toda Máquina, que prometía ser el gran golpe contra la corrupción en contrataciones y asignación de contratos a amigos del gobernador, tampoco se profundizó con la contundencia que requería.

La Fiscalía se consolidó, sí, pero no logró el impacto transformador que Jalisco esperaba después de siete años. Y lo más grave: no logró sustraerse a la sombra del Poder Ejecutivo. Quedó la impresión de que investigaba con un ojo puesto en lo que convenía o no convenía en Palacio de Gobierno.

Ahora llega el relevo. El gobernador Pablo Lemus entregó al Congreso una terna integrada por tres perfiles: Tatiana Esther Anaya Zúñiga, actual consejera jurídica del Ejecutivo estatal y la mujer mejor evaluada por el Comité de Participación Social; Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador de Seguridad del Estado; y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez, académico que mantuvo cercanía con el anterior gobierno.

Los tres cuentan con preparación técnica y trayectoria profesional. Nadie discute su currículum. Pero los tres comparten un rasgo evidente: su vínculo directo o indirecto con el poder de Movimiento Ciudadano. La terna no transmite distancia crítica; transmite continuidad.

En una Legislatura LXIV fragmentada, donde Movimiento Ciudadano no tiene mayoría absoluta y requiere consensos para alcanzar los votos calificados, el plazo apremia: el Congreso debe elegir antes del 20 de enero de 2026 para que el nuevo fiscal asuma el 15 de febrero por siete años.

Habrá que ver si las bancadas logran acuerdos o si el proceso se convierte en otro capítulo de negociación bajo la mesa. Porque la pregunta de fondo no es solo quién gana, sino qué tipo de fiscalía queremos.

Vamos a ver el comportamiento de las fracciones legislativas en esta elección que determinen, ya que serán corresponsables de ello, porque tienen la potestad para hacerlo, llegando a un acuerdo, que todos esperaríamos fuera el mejor.

Jalisco no necesita otro aliado institucional del Ejecutivo en la Fiscalía Anticorrupción. Necesita un fiscal que investigue sin miramientos, que persiga redes de corrupción en obras públicas, contrataciones amañadas y desvíos millonarios, venga de donde venga el responsable.

Un fiscal que no tema tocar intereses económicos ni políticos, que no archive expedientes incómodos y que no se conforme con comunicados de prensa. Un fiscal que muerda cuando toque morder y que no ladre solo para el aplauso de Palacio.

Esta elección no es un trámite administrativo. Es una oportunidad histórica para romper con la percepción de “fiscalía de escritorio”, para pasar de la simulación a la acción efectiva.

Si el Congreso opta por un perfil demasiado alineado al poder en turno, enviará un mensaje claro: en Jalisco, la corrupción se combate con límites, con selectividad y con prudencia política. Y eso, lamentablemente, sería repetir los errores del pasado.

La ciudadanía ya no tolera más discursos. Exige autonomía real, resultados medibles y cero tolerancia a la impunidad. No basta con cambiar de nombre ni con perfiles bien presentados. Jalisco necesita un fiscal que represente la independencia institucional y no la lealtad partidista. Porque si esta oportunidad se desperdicia, el mensaje será demoledor: el poder sigue protegiendo al poder. Y en materia de corrupción, eso ya no es tolerable.