La agenda del Congreso del Estado para el 2026: Los grandes pendientes, la reforma judicial y elección del fiscal anticorrupción

Por Francisco Junco

¿Cuál es la agenda estratégica del Congreso del Estado para el 2026?

¿Saldrá la reforma judicial priorizando la selección de los perfiles mejor preparados, la experiencia, o será la tómbola y/o la insaculación en casos de empate, como lo proponen los legisladores de Morena? ¿Llegará a su fin el modelo de cuotas y cuates?

Al cierre del año 2025, el Congreso del Estado de Jalisco dejó una agenda legislativa cargada de pendientes estructurales que definirán el ritmo y la calidad del trabajo parlamentario durante 2026.

El balance del periodo legislativo revela avances parciales en temas presupuestales y normativos menores, pero también un saldo preocupante de iniciativas congeladas en comisiones, nombramientos estratégicos sin resolver y debates pospuestos que afectan directamente la gobernabilidad, la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho en la entidad.

El pendiente más relevante y de mayor trascendencia política es, sin duda, la Reforma Judicial Estatal. Concebida como un ajuste profundo al sistema de impartición de justicia, la iniciativa se estancó durante todo 2025 por falta de consensos mínimos entre las fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

A pesar de la presión constante de organismos empresariales (Coparmex, Canaco), colegios de abogados, académicos de la Universidad de Guadalajara y sectores del propio Poder Judicial —que consideran la reforma indispensable para modernizar procesos, reducir rezagos y combatir la corrupción en el ámbito judicial—, ninguna de las propuestas logró avanzar hacia un dictamen unificado capaz de obtener las mayorías calificadas requeridas.

Durante el año se presentaron al menos siete iniciativas formales o posicionamientos relevantes: del Ejecutivo estatal, del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, PAN, PRI y el partido Hagamos.

Cada una planteaba enfoques distintos en cuanto al alcance de los cambios: desde la modificación de los mecanismos de selección, evaluación y ratificación de jueces y magistrados, hasta la reestructuración del Tribunal de Justicia Administrativa, la definición de requisitos de experiencia y la incorporación de controles ciudadanos o externos.

Sin embargo, las discusiones en las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia se fragmentaron rápidamente en torno a puntos polémicos que polarizaron las posturas y bloquearon cualquier avance sustantivo hacia el pleno.

EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

Uno de los nudos más difíciles de desatar fue el método de selección de quienes integrarían el Poder Judicial. Morena y sus aliados insistieron en la insaculación (o “tómbola”) como mecanismo para garantizar imparcialidad y reducir cuotas partidistas o influencias de grupos de poder en la designación de jueces y magistrados.

Argumentaron que la selección tradicional por designación directa o concursos con evaluaciones internas perpetúa prácticas clientelares y compromete la independencia judicial. En contraparte, Movimiento Ciudadano —partido mayoritario en el Congreso—, el PAN, el PRI y el gobernador Pablo Lemus rechazaron categóricamente este procedimiento, considerándolo una “elección al azar” que pone en riesgo la profesionalización y el mérito.

En su lugar, defendieron procesos basados en exámenes objetivos, evaluaciones de trayectoria, entrevistas públicas y comités técnicos independientes. El debate sobre quién debe evaluar a los aspirantes resultó igualmente divisorio.

Morena propuso un ente nacional ajeno a cualquier influencia política local, mientras que MC y el Ejecutivo estatal abogaron por un organismo local con participación ciudadana y académica, pero con salvaguardas para evitar permeabilidad a presiones del gobierno en turno.

Esta discrepancia técnica y política, sumada a la desconfianza mutua entre bancadas, impidió que las mesas de trabajo y foros convocados durante 2025 generaran un borrador consensuado.

El tiempo legislativo agravó la situación. La reforma federal al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de septiembre de ese año, estableció un plazo inicial de 180 días naturales para que los congresos locales armonizaran sus constituciones estatales, es decir, hasta el 14 de marzo de 2025.

Aunque el plazo para la legislación secundaria y complementaria se extendió hasta finales de marzo de 2026, el margen de maniobra se ha reducido drásticamente. El coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, reconoció en diciembre de 2025 que solo quedaban enero, febrero y marzo de 2026 para concretar tanto la reforma constitucional local como las leyes secundarias.

“Es un plazo muy corto. Si no hay voluntad real de acuerdo, no se podrá avanzar”, advirtió.

NOMBRAMIENTO DE FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Otro gran pendiente heredado es el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El proceso, iniciado en 2025 con la convocatoria del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, culminó con la entrega de una terna por parte del gobernador Pablo Lemus el 8 de enero de 2026: Ricardo Sánchez Beruben (excoordinador de Seguridad del Gobierno de Jalisco), Tatiana Esther Anaya Zúñiga (consejera jurídica del Ejecutivo) y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez.

El Congreso tiene hasta el 20 de enero para elegir al nuevo fiscal, quien asumirá el cargo el 15 de febrero por un periodo de siete años. La prolongada incertidumbre de 2025 debilitó la capacidad investigativa y preventiva del Sistema Anticorrupción, dejando en entredicho su operatividad plena.

TRANSPARENCIA

En materia de transparencia, 2025 cerró con una reconfiguración institucional controvertida: la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), organismo autónomo que durante más de 20 años fungió como garante del derecho de acceso a la información.

Como parte de la armonización con reformas federales, sus funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado. El proceso fue calificado por la dirigencia del ITEI como un “golpe” sin mecanismos claros de transición, generando preocupación en la sociedad civil y académicos por posibles retrocesos en la supervisión ciudadana y el acceso efectivo a datos públicos.

DERECHOS HUMANOS

El Congreso debe legislar las leyes secundarias antes del 15 de enero de 2026 para evitar vacíos normativos. La reforma al artículo 15 de la Constitución de Jalisco, en materia de derechos humanos, también quedó en pausa. La iniciativa busca alinear el texto local con la Constitución federal y los tratados internacionales, estableciendo con mayor precisión las obligaciones estatales en la protección, promoción y garantía de derechos.

Sin embargo, diferencias técnicas —temores a redacciones ambiguas, conflictos competenciales o litigios ante la Suprema Corte— impidieron que avanzara a dictamen durante 2025.

EL PRESUPUESTO DE JALISCO APROBADO PARA 2026

El Presupuesto de Egresos 2026, aprobado en diciembre de 2025 por 182 mil 692 millones de pesos (un incremento general del 4 %), incluyó reasignaciones por 1,143 millones de pesos: cerca de 50 millones adicionales para los Hospitales Civiles de Guadalajara, 60 millones más para la Universidad de Guadalajara y énfasis en salud, educación, infraestructura y seguridad.

No obstante, organizaciones sociales cuestionaron recortes o asignaciones insuficientes en atención a personas desaparecidas, programas comunitarios y apoyo a sectores vulnerables.

El Congreso deberá fiscalizar la ejecución del gasto a lo largo de 2026, con las comisiones de Hacienda y Vigilancia como instancias clave. En derechos de infancias trans, el Congreso rechazó en marzo de 2025 (21 votos en contra, 13 a favor, una abstención) la reforma a la Ley del Registro Civil para eliminar la edad mínima en el cambio de identidad de género en actas de nacimiento, a pesar del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El rechazo, respaldado por argumentos de madurez cognitiva y protección a la infancia (incluso por el gobernador Lemus), generó protestas de colectivos que lo consideran un retroceso discriminatorio. El Legislativo enfrenta presión para informar cumplimiento judicial.

Finalmente, una iniciativa presentada en julio de 2025 busca fortalecer la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ampliando medidas de seguridad y tipificando agresiones contra la libertad de expresión como delito grave.

Aunque menos visible, responde a un entorno persistente de riesgos para el periodismo en Jalisco. Las bancadas delinearon sus prioridades para 2026. Morena coloca la reforma judicial como “prioritaria de las prioridades”.

DIPUTADO MORENISTA MIGUEL DE LA ROSA: LA REFORMA AL PODER JUDICIAL ES EL EJE CENTRAL PARA 2026

La reforma al Poder Judicial será el eje central del trabajo legislativo de Morena en 2026, afirmó Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada en el Congreso de Jalisco, al reconocer que el año anterior cerró con pendientes de alto impacto.

“El principal, que creo que es el tema relevante de la legislatura, no solo del año. El tema relevante es la reforma al Poder Judicial”, señaló el legislador, al tiempo que enumeró otros asuntos que deberán retomarse en el corto plazo, como la renovación de la Fiscalía Anticorrupción, la verificación vehicular y las leyes secundarias en materia de transparencia.

De la Rosa subrayó que el margen de maniobra para la reforma judicial es reducido, pues el Congreso cuenta únicamente con los primeros tres meses del año para concretarla. “Es marzo; en abril ya no podríamos legislar. Tres meses, todo enero, febrero y marzo, para concretar no solo la constitucional, sino las leyes secundarias”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que, si Morena tuviera que definir prioridades, no habría duda: “Una es la reforma al Poder Judicial y esa es la prioritaria, prioritaria de las prioridades… la segunda es la de verificación vehicular… y la otra es el tema de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco”.

Sobre el estancamiento de la reforma judicial, el coordinador de Morena descartó que el problema central sea la llamada “tómbola”.

“Ya la tómbola no está incluida en el proceso, solo para casos de empate… es un criterio de desempate nada más”, precisó. A su juicio, el conflicto de fondo radica en quién debe evaluar a los aspirantes y apuntó que “la sustancia del conflicto tiene que ver con que si la evaluación la realiza un ente nacional, ajeno a cualquier fuerza política… o si lo hace un ente local que sea permeable a la influencia política del gobierno local”. Morena, dijo, se inclina por un ente nacional, mientras que Movimiento Ciudadano propone un esquema local.

De la Rosa hizo un llamado a replantear la dinámica del trabajo legislativo y a priorizar los intereses ciudadanos por encima de los partidistas.

“El Poder Legislativo debe mejorar su disposición para construir acuerdos… pero colocando sobre la mesa los intereses de la ciudadanía y no los intereses de las fuerzas políticas”, afirmó.

Advirtió que Morena no acompañará reformas que considere perjudiciales y resumió su postura con una crítica directa.

“De nada nos serviría provocar una diarrea legislativa… si en lugar de ayudar a mejorar el marco jurídico local, terminemos por crear estructuras jurídicas que permitan que un grupo de poder se siga posicionando sobre los intereses de la gente”.

GABRIELA CÁRDENAS, DIPUTADA DE MC: LA ELECCIÓN DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEBE SER LIMPIA Y TRANSPARENTE

La diputada de Movimiento Ciudadano, Gaby Cárdenas, delineó los ejes que marcarán el trabajo legislativo en 2026, con un énfasis claro en recuperar la confianza ciudadana en el Congreso a partir de decisiones técnicas, procesos transparentes y resultados medibles.

Más allá de una postura partidista, la legisladora subrayó la necesidad de reducir el “ruido político” y fortalecer el trabajo institucional, particularmente en áreas clave como Hacienda y Presupuesto.

Cárdenas destacó que el Congreso aprobó en diciembre un presupuesto superior a los 182 mil millones de pesos, recursos que, dijo, deben ejecutarse con certeza y responsabilidad, priorizando rubros como educación, salud, apoyo a municipios, infraestructura, seguridad, atención a desapariciones y seguridad hídrica.

En este contexto, insistió en que el reto no es solo aprobar recursos, sino garantizar que cada peso tenga un impacto real, socialmente justo y sostenible.

Uno de los temas inmediatos es la designación del fiscal anticorrupción, cuyo plazo legal vence el 15 de enero. Para Movimiento Ciudadano, explicó, el fondo del asunto no es únicamente cumplir con el nombramiento, sino cuidar el procedimiento para que sea limpio, transparente y abierto a la ciudadanía. La legisladora remarcó que la agenda anticorrupción, de transparencia y participación ciudadana ha sido una bandera histórica del partido y que el proceso debe evitar cualquier sombra de sospecha o politización.

En paralelo, la diputada señaló como prioritarias las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales, así como la reforma judicial local. En ambos casos, advirtió que Jalisco debe aprender de la experiencia federal para no repetir errores, evitar reformas incompletas y cerrar espacios de control político o impunidad.

Sobre la discusión en torno a los mecanismos de selección de perfiles judiciales, Gaby Cárdenas sostuvo que el objetivo central debe ser garantizar que lleguen las mejores personas, con reglas claras y procesos que generen certeza jurídica y acceso efectivo a la justicia.

La legisladora afirmó que el mensaje de Movimiento Ciudadano para este año será de seriedad, consenso y sentido humano. En un entorno de retos locales e internacionales, dijo, el Congreso debe priorizar la unidad, el estado de derecho y la rendición de cuentas. En materia presupuestal, añadió, se dará seguimiento a temas sensibles como el subsidio al transporte y la tarifa social, asegurando que existan recursos suficientes y que las decisiones se traduzcan en beneficios concretos para la población de Jalisco.

CUQUIS CAMARENA, DIPUTADA DEL PRI: LA REFORMA JUDICIAL ES LA CEREZA DEL PASTEL

La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, conocida como Cuquis Camarena, delineó las prioridades legislativas del grupo parlamentario del PRI para el segundo año de la legislatura en Jalisco, en un contexto marcado por reformas estructurales, nombramientos clave y una agenda amplia de asuntos rezagados.

“Tenemos infinidad de temas pendientes para este segundo año de legislatura. Independientemente de los temas del grupo parlamentario del PRI, el primer año tuvimos un muy buen rendimiento: 64 iniciativas presentadas, 34 de ellas ya aprobadas”, subrayó la legisladora, al tiempo que recordó que cada integrante de su fracción parlamentaria mantiene agendas específicas, como el campo, las mujeres, los jóvenes y los derechos humanos, sin dejar de atender asuntos de interés general para el estado.

Entre los temas que calificó como obligados, Camarena Jáuregui se refirió a la legislación pendiente en materia de infancias trans y transparencia. Sobre el primero, explicó que, aunque el PRI se opuso en su momento, existe un mandato judicial que debe atenderse.

“Hay un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga un plazo al Congreso para informar del cumplimiento de esta sentencia y requiere que se legisle para que las y los menores tengan el derecho a modificar sus actas de nacimiento”, precisó, al señalar que la oposición priista se sustentó en la ausencia de una consulta pública, obligación establecida en la legislación local cuando se trata de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En materia de transparencia, la diputada reiteró el rechazo del PRI a la reforma constitucional que desaparece al ITEI y dijo que para su fracción “centraliza, dificulta y sobre todo hace discrecional la transparencia en nuestro estado”.

Recordó que su bancada propuso mantener al instituto como órgano de segunda instancia y cuestionó la incongruencia política: “A nivel federal Movimiento Ciudadano defendió al INAI y aquí en Jalisco no defendieron al ITEI”. En este escenario, dijo, el PRI priorizará garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas frente a las distintas iniciativas presentadas por el Ejecutivo y otros grupos parlamentarios.

La reforma al Poder Judicial fue descrita por Camarena como “la cereza del pastel” del proceso legislativo en curso. Destacó que seis grupos parlamentarios, con visiones distintas, han logrado coincidencias en cerca del 80 por ciento del dictamen.

“Lo único que nos ha atorado es la insaculación, la famosa tómbola, que es lo que más le preocupa al gobernador”, explicó, al detallar que este mecanismo estaría limitado a casos de desempate y criterios de género.

Para el PRI, puntualizó, la prioridad es clara, “lo único que queremos es que no se vulnere la división de poderes, que haya equilibrio en los comités de evaluación, requisitos exigentes para las candidaturas y reglas claras para la campaña y el día de la elección”.

Al definir un solo eje como bandera del PRI para 2026, la diputada fue contundente: el campo. “Considero que han recortado muchísimo el presupuesto, no solo a nivel federal, sino también estatal. Se dejó de lado la sanidad e inocuidad; propuse un fideicomiso específico para el gusano barrenador y un 400 por ciento más de presupuesto para garantizar el precio del maíz, y no aumentaron un solo peso”, reprochó.

LEONARDO ALMAGUER, LEGISLADOR DEL PT: PRIORIZA SU PARTIDO LA PENSIÓN UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Jalisco definió como eje central de su agenda la atención a grupos vulnerables, particularmente a las familias de personas desaparecidas y a las personas con discapacidad; así lo expuso el diputado Leonardo Almaguer, coordinador del PT.

Señaló que ya entró en vigor una iniciativa promovida por su bancada para reconocer como grupos prioritarios a las familias de personas desaparecidas, aunque sigue pendiente la creación de una Fiscalía especializada en la materia, detenida, dijo, por la falta de avances en otras reformas clave.

Almaguer subrayó que, para el PT, la principal deuda del Ejecutivo estatal es la falta de voluntad para atender problemáticas sociales estructurales, mientras se priorizan otros proyectos. En ese contexto, reiteró la exigencia de que Jalisco se adhiera al acuerdo nacional para garantizar una pensión universal a las personas con discapacidad, un exhorto que, afirmó, no ha tenido respuesta.

El legislador contrastó el costo estimado de esta pensión, calculado en alrededor de 1,300 millones de pesos, con los recursos destinados a otros rubros como el transporte público y proyectos asociados al Mundial de 2026.

El coordinador petista también cuestionó el modelo de movilidad en el estado y el reciente ajuste tarifario al transporte público, al considerar que los apoyos anunciados no representan un subsidio directo al usuario y terminan beneficiando a los concesionarios.

En su diagnóstico, la falta de accesibilidad, el encarecimiento del transporte y la ausencia de un sistema eficiente impactan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras cotidianas para desplazarse y acceder a servicios básicos.

Leonardo Almaguer fue enfático al señalar que, si el PT tuviera que concentrar todos sus esfuerzos en un solo tema durante 2026, sería la pensión universal para personas con discapacidad. Afirmó que su bancada impulsa una recolección de firmas junto con colectivos sociales para respaldar esta demanda, con el objetivo de garantizar un ingreso básico a cerca de 380 mil jaliscienses en situación de discapacidad, al considerar que se trata de una necesidad concreta y prioritaria que el Estado no puede seguir postergando.

Concluyó que seguirá alzando la voz por los productores, por los ganaderos y agricultores de Jalisco, “para que de verdad podamos seguir siendo el gigante agroalimentario que antes éramos”.