La importancia de ser austero

Opinión, por Iván Arrazola

En política, el fondo suele expresarse a través de la forma. Desde su ascenso y consolidación, el movimiento de la Cuarta Transformación se construyó sobre una promesa clara: poner fin a los lujos y excesos que, durante décadas, caracterizaron a la clase política. La austeridad no solo se planteó como una medida administrativa, sino como un principio moral y un rasgo identitario del nuevo proyecto de gobierno.

Ese mensaje se tradujo en decisiones cargadas de simbolismo. Al inicio del sexenio, López Obrador ordenó la publicación de un decreto en el que se ordenó la reducción de gastos en viáticos, combustibles y telefonía. A ello se sumaron gestos altamente visibles: que el presidente viajara en aerolíneas comerciales, cerrar Los Pinos como residencia oficial y convertirlo en un espacio abierto al público. Todo formaba parte de una narrativa coherente: la ruptura con el pasado.

La austeridad también se convirtió en un eje central para cuestionar a instituciones concebidas como contrapesos del poder. De manera sistemática, se instaló la idea de que existían órganos que vivían en el exceso y se alejaban de la realidad social del país. La comparación entre los salarios de ministros de la Suprema Corte, consejeros del INE y otros funcionarios con el del titular del Ejecutivo fue una herramienta discursiva poderosa. La consigna de que nadie debía ganar más que el presidente sirvió para deslegitimar a actores incómodos y para justificar cambios profundos bajo el argumento de terminar con abusos históricos.

En el caso del Poder Judicial, la austeridad fue uno de los razonamientos recurrentes para impulsar la reforma judicial. Sin embargo, en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió nueve vehículos de una marca de lujo, con un costo aproximado de tres millones y medio de pesos cada uno.

La explicación oficial dijo que la compra se hizo al mismo tiempo que se vendió un número mayor de vehículos, para no tener un gasto extra. Además, los nuevos vehículos se compraron por razones de seguridad y prevención, no por decisiones personales.

El episodio escaló al punto de que la presidenta fue cuestionada al respecto en su conferencia matutina. Su respuesta retomó los argumentos de la propia Suprema Corte: la sustitución de contratos de renta por compra habría generado un ahorro de mil millones de pesos para la institución. Así, la titular del Ejecutivo terminó fungiendo como vocera de una decisión que no le correspondía explicar directamente, pero que resultaba inevitable justificar frente a la promesa reiterada de una corte más austera.

Sin embargo, no todos dentro del movimiento avalan el actuar de la nueva corte. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló: “Nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos”, marcando así distancia frente a una decisión controversial.

Aquí emerge una tensión de fondo. Por un lado, el discurso desde la presidencia insiste en marcar una ruptura con los abusos del pasado y en subrayar que hoy se cuidan los recursos públicos. Por otro lado, en la práctica, muchas decisiones se explican a posteriori con argumentos técnicos o administrativos que, aun siendo plausibles, resultan insuficientes frente a la expectativa social que el propio discurso de austeridad generó. Tal vez existían alternativas: prolongar la vida útil de las unidades, buscar esquemas distintos o, al menos, comunicar de manera más clara y oportuna las razones de la decisión.

La paradoja se acentúa cuando se observa el panorama completo del gasto público. Mientras se insiste en la contención presupuestal, se han destinado recursos cuantiosos a obras emblemáticas cuyos resultados siguen siendo debatidos, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Al mismo tiempo, los viajes y estilos de vida de ciertos miembros de la élite política difícilmente encajan con la narrativa de sobriedad que se promueve desde el discurso oficial.

En este contexto, la austeridad parece haber funcionado más como una herramienta para erosionar la legitimidad de autoridades incómodas o no alineadas que como un principio aplicado de manera consistente. Ha tenido costos reales, como el debilitamiento del sistema de distribución de medicamentos. Ha dado lugar a un doble discurso: en lo público se presume contención y rectitud. En lo cotidiano, se justifican gastos con razonamientos que, aunque legales o técnicos, chocan con la idea original de austeridad.

Cuidar el gasto es indispensable: se trata de recursos públicos y de una responsabilidad frente a la ciudadanía. No obstante, la verdadera discusión no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo y para qué. La austeridad pierde sentido cuando se convierte en consigna selectiva o en arma política.

No puede ser pretexto para dejar de invertir en aquello que resulta prioritario para el funcionamiento del Estado, la seguridad institucional y la atención de problemas que afectan directamente a la población. Ahí es donde la austeridad deja de ser virtud y se transforma en contradicción.