Subsidio insuficiente

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En Jalisco, al igual que en otras entidades federativas, la movilidad y la actuación de los gobiernos son temas que deben tomarse en serio. Esto se debe a que el transporte público impacta en la vida de los ciudadanos de formas inimaginables y es un eje central para el desarrollo de una entidad.

Es por eso que los servicios de transporte público deben observarse con cuidado, pues el gobierno tiene que entender que está ejerciendo gobernanza y debe ser responsable, obligándose a satisfacer las necesidades de la población. Con este panorama, surge el tema del aumento al transporte público que en Jalisco ya está en curso.

En este contexto, y ante la creciente preocupación social por lo que se ha denominado un “tarifazo”, es necesario recordar que las condiciones del transporte público, aunque han mostrado cierta mejoría en los últimos diez años, siguen dejando mucho que desear en múltiples aspectos.

Las unidades de las rutas de camiones no se encuentran en condiciones óptimas; la capacitación y los filtros para garantizar que los choferes cuenten con una capacidad acreditada no se reflejan en la realidad cotidiana de las calles. A esto se suma la cantidad de muertes y accidentes de tránsito en los que el transporte público se ve involucrado, uno de los principales factores por los cuales la sociedad rechaza un aumento en la tarifa.

La calidad del servicio sí importa, y es una responsabilidad ineludible del gobierno garantizarla antes de exigir más a los ciudadanos.

Analicemos por qué el rechazo social al aumento a 14 pesos por pasaje no solo es legítimo, sino inevitable. En Jalisco, se estima que el 60 por ciento de la población depende del transporte público, y que cada usuario realiza en promedio entre tres y cuatro viajes diarios, lo que implica un gasto de hasta 56 pesos al día. Frente a un salario mínimo diario de 315 pesos, esto significa que una persona trabajadora pierde casi una quinta parte de su ingreso únicamente en trasladarse para sobrevivir.

La realidad es brutal: miles de familias están destinando una porción desproporcionada de su salario al transporte público. Este abuso se sostiene por la irresponsabilidad de empresas que pagan salarios miserables, evaden su obligación de registrar a sus trabajadores en el seguro social y se benefician de la precariedad laboral.

Peor aún, los gobiernos estatales, que deberían proteger a la ciudadanía, han fallado de manera sistemática en sus labores de inspección y vigilancia. En lugar de exigir el cumplimiento de la ley, toleran —y en muchos casos avalan— prácticas irregulares a cambio de intereses económicos, otorgando permisos y aumentos tarifarios aun cuando el servicio es deficiente y peligroso.

México es un país profundamente desigual, donde los sectores más vulnerables cargan diariamente con el peso de un sistema que los explota. Pretender imponer un aumento al transporte público sin garantizar primero un servicio digno, seguro y eficiente no es una política pública. Es una agresión directa contra la clase trabajadora y su entorno familiar, así como contra otros sectores que se verán profundamente afectados, como los adultos mayores, los pensionados y las personas con discapacidad.

En este sentido, resulta indispensable cuestionar el papel del gobierno, que ante el aumento al pasaje propone un subsidio de tres pesos mediante la llamada Tarjeta Única, con la que el costo se reduciría a 11 pesos. Sin embargo, este subsidio es claramente insuficiente y abre serias dudas sobre los beneficios económicos que obtendrá el gobierno a través de una empresa que operará el sistema como intermediaria financiera.

La falta de claridad sobre la licitación, la protección de datos personales, el costo real de la tarjeta y lo que el gobierno gana con su uso evidencia un problema de fondo: la ausencia de transparencia y rendición de cuentas. La sociedad no es cliente del gobierno, y el argumento de “más servicios por tres pesos menos” no justifica un aumento que sigue golpeando a los sectores más vulnerables.

El problema no es el costo del pasaje, sino un modelo de gobierno que traslada su ineficiencia y su falta de responsabilidad a los bolsillos de la ciudadanía. Mientras no exista un transporte público digno, seguro, transparente y verdaderamente accesible, cualquier aumento será ilegítimo.