JALISCO
Tarjeta, tarifa y trampa
Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez
Solo un milagro haría que el tarifazo y el tarjetazo se echaran para atrás. Y como los milagros pocas veces se dan… Los periodistas tenemos la obligación de ser personas de buena fe; eso no obsta para que conste que también debemos ser malpensados.
Sin cuestionar, sin dudar, sin ser escépticos, recelosos y desconfiados (como las mulas), seríamos simples repetidores de la propaganda —información de carácter político— que los gobernantes tratan siempre de imponer para que “su” verdad sea la única, la auténtica, genuina y legítima.
Por ello, cuando los periodistas comenzamos a dudar de las excelsas bondades del Tarjetazo, que busca que “el pueblo” reciba un descuento de tres pesos por pasaje en transporte urbano, surgen las voces oficialistas. Estas voces están llenas de incongruencias, absurdos y disparates que rayan en el cinismo, el descaro y la desvergüenza, debido a la sinvergüenzada que representa el Tarjetazo.
¿No habrá una instancia legal que obligue al Gobierno de Jalisco a transparentar el contrato con la empresa de marras que se va a llevar la millonada de pesos por “gestionar” las tarjetas? Para hablar en términos que entienden a la perfección los actuales gobernantes… ¿No habrá un recurso legal para detener este negociazo?
¿Qué hay detrás de esa persistencia, tozudez oficialista para imponer una tarjeta de débito para obtener el descuento de tres pesos? El gobierno estatal se está curando en salud con el pretendido descuento, ya que solo en sus planes malévolos existe el pretendido aumento a 14 pesos. Si se votó por 11 pesos, en principio, ¿por qué se aseguró que la tarifa se elevaba a 14? Con esa zanahoria social, pasó a segundo término el verdadero incremento de 9.50 a 11 pesos.
De haber quedado en 11 pesos, el descuento gubernamental no hubiera permitido “lucir” la magnificencia y “generosidad” del Ejecutivo, pues con ese financiamiento prácticamente se hubiera quedado en los 10 pesos —hoy todavía disfrazados de 9.50–. Así el subsidio sería solo de 1.50 pesos, que significaba dicho aumento de las tarifas. Pero que no es tan lucidor como financiar 3 pesotes y, además, no habría ganancia gubernamental alguna.
La genial idea de subir artificialmente a 14 pesos el precio del pasaje y luego erigirse como el salvador de la economía jalisquilla con un ficticio descuento de 3 pesos lleva, faltaba más, un negocio, una ganancia que se ha tratado de esconder.
¿De verdad fue la Comisión de Tarifas la que aprobó a 14 pesos el incremento? Según cuentan algunos “chamaqueados” miembros del organismo, el aumento que se aprobó fue a 11 pesos, no a 14, como se anunció oficialmente.
¿No hubiera sido incluso más barato subsidiar 1.50 pesos que 3? Sin tanto galimatías para obtener el descuento, vía tarjetazo, bastaría con contabilizar los viajes, dejando el mismo precio de 9.50 y luego pagar los 1.50 pesos del subsidio.
Por eso, el Tarjetazo no ha prosperado lo que los aduladores del procedimiento afirmaron.
Además de que complicaron al máximo ese fantasmal subsidio, mediante la adquisición de una tarjeta, se ha complicado la vida de los jaliscienses. La tarjeta se proporciona mediante requisitos infamantes que, además, invaden la privacidad. Para colmo, se han denunciado hasta la saciedad pésimos tratos de los trabajadores que la empresa tarjetera dispuso en los Centros de Desatención a los requirentes, especialmente a los jalisquillos de la tercera edad.
El gobernador Lemus tiene mucho que aclarar. Primero lo del arbitrario incremento a 14 pesos implementado desde escritorios oficiales para engañar a la colectividad. Segundo, lo del negocio del tarjetazo no se puede calificar de otro modo, dados los millonarios pagos que se harán mensualmente a los detentadores del contrato para dotar de tarjetas.
También debe aclarar de dónde sacará los miles de millones de pesos para subsidiar a los camioneros, porque finalmente así será, y por qué no se establecieron condiciones para que el incremento se diera de acuerdo con mejoras que, obligadamente, debieran exigirse a los permisionarios del transporte urbano.
El Movimiento Ciudadano se está estancando con esas antipopulares medidas político-económicas que claramente implican un negocio para el gobierno estatal.
¿Quién garantiza que se emplearán los miles de millones en subsidiar al transporte? Los permisionarios tienen, con o sin descuento, 1,50 pesos más por pasaje, además de los millones que se embolsaron con los cincuenta centavos que nunca regresaron y jamás se supo a dónde fueron a parar.
El engaño colectivo se cifra en la oficial tarifa de 14 pesos, que se sacó de la manga el gobierno estatal, para sacarle raja en el trámite de una tarjeta innecesaria, superflua y mañosa para pagar solo 11 pesos.
¿No habrá quien frene esta ofensiva medida en contra de la población más vulnerable, la más necesitada de un transporte digno, eficiente y exento de politiquería y negocios turbios?



