Marketing, concesiones y abandono: Jalisco, la claudicación del Estado

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

La política en Jalisco ha perfeccionado una coreografía tan costosa como inútil: Se trata de la claudicación del Estado.

En estas tierras del tequila y el agave, se ha perfeccionado una forma de gobierno que no tiene relación con el servicio público y sí con el management empresarial de la peor ralea. Los señores de Movimiento Ciudadano —esa cofradía que confunde la política con una agencia de publicidad— han decidido que gobernar es una tarea demasiado tediosa, demasiado turbia para sus pulcros trajes de diseño. Por ello, han optado por la salida más cínica: pagar para no gobernar.

No nos engañemos. Lo que ocurre en Jalisco no es modernización; es un remate de la soberanía municipal y estatal al mejor postor. La lógica es perversamente elemental: se gana la elección con promesas de “refundación” y, una vez sentados en el trono, se desmantela la estructura operativa del gobierno para entregarla, pieza por pieza, a los amigos, a los socios, a los “expertos” de la iniciativa privada.

Hoy, un ciudadano jalisciense vive en una entidad donde el gobierno es solo un intermediario, un cajero automático que recibe impuestos para redistribuirlos de inmediato hacia cuentas bancarias de particulares. Veamos el inventario del despojo:

El alumbrado y el transporte: Servicios básicos que antes eran la razón de ser del municipio, hoy son jugosas concesiones donde la eficiencia no deja una huella, pero los cobros son puntuales.

La verificación vehicular y las fotomultas: El pretexto es el medioambiente y la seguridad vial; la realidad es una caja registradora que nunca deja de sonar a favor de empresas intermediarias que se llevan la tajada del león por “operar” un software y una cámara.

La cobranza del Siapa: Hasta para cobrar el agua —que, por cierto, llega cada vez más escasa y turbia— se ha tenido que contratar a terceros. El gobierno confiesa, así, su propia incapacidad para gestionar su base de datos.

Las patrullas Cybertruck: He aquí el monumento al ridículo. En un estado lacerado por la violencia, se gasta en vehículos de ciencia ficción que solo sirven para que los funcionarios se sientan en una película de Hollywood mientras la realidad los rebasa a balazos.

El ejemplo más reciente de esta desfachatez es la tarjeta Única. Bajo el disfraz de un beneficio social, se esconde una de las operaciones de transferencia de riqueza y datos más audaces de la década.

Hagamos números, que para eso sirven las matemáticas, aunque a la tecnocracia naranja le incomoden. Cada tarjeta le costará al erario 5.45 pesos mensuales. Si se cumple la meta de “unificar” a 5 millones de jaliscienses, la empresa Broxel recibirá un pago anual de 327 millones de pesos.

¿Qué hace Broxel que no pudiera hacer una oficina de administración estatal? Nada que justifique tal sangría. Pero el negocio no es solo el plástico. El negocio es la información. El ciudadano, empobrecido y acorralado, entrega sus datos biométricos y su historial de vida por un subsidio de 4 pesos en el transporte. Es el remate de la identidad humana en el altar de la eficiencia privada.

Mientras tanto, el gobierno gasta 1,200 millones de pesos anuales adicionales para subsidiar una tarifa de transporte que no mejora.

El funcionario naranja no tiene tiempo para revisar baches, para supervisar la seguridad en las colonias o para planear el crecimiento urbano. Está demasiado ocupado con el «reel», con el «story», con la iluminación de su propio ego.

Viven en una campaña electoral infinita. Jalisco se gobierna desde un smartphone. Si algo no se puede fotografiar con un filtro favorecedor, simplemente no existe o se le entrega a una empresa externa para que se encargue del “problema”.

El transporte público es la prueba de fuego de este fracaso. Llevan años prometiendo que “ahora sí” las unidades serán dignas, que los choferes serán tratados como humanos y que los derroteros servirán a la gente. La realidad es que la Línea 4 nace bajo la misma sombra de la concesión y la insuficiencia. Se gasta saliva en discursos triunfalistas mientras la gente sigue esperando.

Esta lógica de la concesión y el subsidio no es una invención de Movimiento Ciudadano, hay que decirlo con justicia. Los gobiernos del pasado —el azul y el tricolor— pusieron los cimientos. Pero los actuales inquilinos de la política jalisciense han aceitado la maquinaria con una desvergüenza que asusta. Han convertido el gobierno en una franquicia.

Se trata de una curiosa patología administrativa. El político jalisciense gasta suela, saliva y millones en campaña prometiendo soluciones, pero una vez que se ciñe la banda de la responsabilidad, le entra un pánico súbito por el quehacer cotidiano. Entonces, recurre a la billetera del erario para entregar las llaves de la casa a los particulares.

No se puede entregar la administración de lo público como si fuera un cheque en blanco. Al privatizar cada rincón de la responsabilidad estatal, el gobernante se vuelve irrelevante, un adorno caro en una oficina de cristal. Si todo lo hacen los particulares, ¿para qué necesitamos entonces a estos políticos de redes sociales?

Jalisco merece algo más que ser un laboratorio de negocios al amparo del poder. Merece un gobierno que se ensucie las manos trabajando, no uno que solo se las limpie para firmar contratos millonarios con empresas intermediarias.

Pero en el “Estilo Jalisco”, parece que el único servicio público eficiente es el que sirve para enriquecer a los amigos del régimen mientras se le cobra al pueblo hasta por el aire que respira.

En X @DEPACHECOS