¿Quién pagará los costos?

Opinión, por Gerardo Rico

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sancionado, multado o requerido al Congreso de Jalisco en múltiples ocasiones por el incumplimiento de sentencias, desacato y omisiones legislativas. En años anteriores se han acumulado más de diez sanciones económicas, particularmente relacionadas con el nombramiento de magistrados y con omisiones en materia de derechos humanos.

En abril de 2012, la máxima instancia judicial del país separó del cargo y consignó al entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gustavo Macías Zambrano, por la responsabilidad constitucional derivada de la violación a la suspensión otorgada en la Controversia Constitucional 90/2011. Dicha suspensión ordenaba no designar ni tomar protesta a cuatro nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, hasta que se dictara sentencia definitiva en esa controversia.

Aún se recuerda que el legislador panista acudió durante varios años, cada dos semanas, a firmar al Centro Penitenciario de Puente Grande. Esta medida, junto con el pago de una fianza, fue impuesta por la SCJN en abril de 2012 y se prolongó hasta septiembre de 2015, cuando finalmente fue absuelto de cualquier delito.

Traigo estos antecedentes a colación luego de que, en el Congreso del Estado, algunas fracciones parlamentarias rechazaran votar la denominada “Ley trans”, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar el sexo en el registro civil a partir de los 16 años.

En lo personal, no estoy de acuerdo con esta ley; sin embargo, es innegable que se trata de un logro impulsado por la comunidad LGTBI. Harry Benjamin (1885–1986), endocrinólogo y sexólogo germano-estadounidense, fue pionero en el estudio y tratamiento de la transexualidad y la disforia de género. Autor del libro El fenómeno transexual (1966), desarrolló enfoques médicos, hormonales y quirúrgicos que sentaron las bases de la medicina transgénero moderna y promovió la desestigmatización de las personas trans.

La Agenda 2030 es un plan de acción global de las Naciones Unidas, aprobado en 2015 por 193 países, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible para ese año. Está centrada en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, y se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que abarcan temas sociales, económicos y ambientales, como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la educación y la lucha contra el cambio climático.

El informe For all: the sustainable development goals and LGBTI people (Para todos: los objetivos de desarrollo sostenible y las personas LGBTI), publicado en 2019 por la organización RFSL —siglas en sueco de la Federación Sueca para los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer e Intersexuales—, explica la relación entre la agenda LGBTI y la Agenda 2030.

Dicho documento identifica seis dimensiones prioritarias para el desarrollo de la población LGBTI: salud, educación, pobreza, seguridad, familia y reconocimiento legal del género, y vincula cada una de ellas con los ODS y sus metas específicas.

Por ejemplo, en la dimensión de la salud se señala como una de las principales problemáticas de la población LGBTI el bajo acceso a los servicios de salud, derivado del estigma y la discriminación por parte de algunos prestadores.

También existe una falta de atención médica especializada acorde con la identidad de género u orientación sexual, así como la ausencia de servicios adecuados en salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas y para los procesos de hormonización de la población trans.

A partir de 2014, este tema cobró relevancia en México con la Ley de Identidad de Género (procedimiento administrativo), que permitió el cambio de identidad de género sin necesidad de un juicio, resultado de la presión de activistas de la comunidad LGBTTTIQ y de la Comisión de Derechos Humanos en el entonces Distrito Federal. Más recientemente, en 2024, el Congreso local de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Paola, que tipifica el transfeminicidio como un delito específico en el Código Penal, sancionándolo con penas de entre 35 y 70 años de prisión. Esta legislación surgió en memoria de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans asesinada en 2016.

Hablar de estos temas en Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es incómodo cuando sigue siendo un tabú para amplios sectores sociales, y esa postura es respetable. El conservadurismo social o tradicionalista es una posición política y social que prioriza la preservación de normas, valores, instituciones y costumbres tradicionales —frecuentemente asociadas a la familia, la religión y el patrimonio cultural— y que se opone a cambios considerados radicales o progresistas, buscando mantener la estabilidad social y la estructura familiar tradicional.

La imposición de la Agenda 2030 a nivel internacional y lo que se ha legislado hasta ahora en México no fueron suficientes para aprobar una ley tan polémica en Jalisco. Lo cierto es que permanece pendiente una resolución de la SCJN que, de manera inevitable, traerá consecuencias jurídicas. Más allá de los posicionamientos mediáticos, habrá quien o quienes terminen pagando los platos rotos por la negativa de legislar este tema en nuestra entidad.