Seguridad a prueba de balas

Opinión, por Iván Arrazola

Los datos no mienten. La percepción ciudadana suele ser un termómetro preciso del estado de las cosas y, en materia de seguridad, confirma lo que la realidad cotidiana ya advertía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en diciembre de 2025 se registró un incremento en la percepción de inseguridad entre quienes habitan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Guadalajara y Tlajomulco encabezan la lista de los municipios con mayor percepción de inseguridad, con 79 % y 73 % respectivamente. Zapopan pasó de 49 % a 54 %, Tlaquepaque se ubicó en 65 %, y Puerto Vallarta alcanzó 32 %, registrando también un incremento respecto al cierre del año anterior. El único municipio que mostró una reducción fue Tonalá, que descendió de 65 % a 56 %.

Estas cifras pueden leerse desde dos ángulos. Por un lado, solo tres municipios se encuentran por encima de la media nacional, que se ubica en 63.8 %, y ninguno de los municipios de la ZMG aparece entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, encabezadas por Uruapan con 88 %. Sin embargo, esta lectura optimista se diluye cuando se observan los factores cualitativos que explican la percepción ciudadana y que revelan problemas más profundos.

El primero de ellos es la normalización de la violencia. Jalisco, y en particular la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se han convertido en un espacio donde la población se siente cada vez más vulnerable.

Hechos como el asesinato de una persona junto con su hija y un escolta en la colonia Santa Eduwiges de Guadalajara, o el atentado reciente contra un abogado que logró repeler la agresión gracias a que contaba con escoltas, pero que dejó personas fallecidas, se han vuelto escenas recurrentes. Estos episodios, más allá de su impacto inmediato, refuerzan la idea de que la violencia forma parte del paisaje cotidiano.

Un segundo elemento es la percepción de abandono estatal. La respuesta institucional ante estos hechos suele ser tardía: fuerzas policiales que llegan después de los ataques, ausencia o fallas en cámaras de videovigilancia, investigaciones lentas y una constante incapacidad para identificar y detener a los responsables de manera oportuna. Todo ello profundiza la desconfianza ciudadana, que ya no solo cuestiona los resultados, sino también la veracidad de la información oficial.

A esta desconfianza se suma una narrativa institucional que, con frecuencia, parece enfocarse más en la víctima que en los perpetradores. Revisar antecedentes, cuestionar reputaciones o insinuar que la persona “no llevaba una vida honesta” termina por funcionar como un mecanismo de desplazamiento de responsabilidades. Desde esta lógica, resulta políticamente menos costoso poner en duda a la víctima que reconocer las fallas estructurales del sistema de seguridad.

El tercer aspecto tiene que ver con el uso de la tecnología. Herramientas como el Escudo Urbano y el C5 son indispensables dentro de cualquier política de seguridad moderna orientada a la prevención y a la reacción inmediata. No obstante, cuando la respuesta oficial ante hechos graves es que las cámaras no funcionaban o que no había registros suficientes, la tecnología pierde su sentido estratégico.

En ataques como el ocurrido a finales del año pasado, donde participaron varios vehículos, la revisión de patrones de movilidad y comportamientos atípicos pudo haber sido un insumo clave para anticipar o esclarecer los hechos.

A ello se suma la operación policial. Más allá del discurso sobre protocolos, la realidad muestra una constante: las fuerzas de seguridad llegan tarde y los resultados son escasos. Las detenciones, cuando ocurren, se anuncian de manera diferida, lo que alimenta la percepción de impunidad. En términos de políticas públicas, esto evidencia una brecha entre el diseño de la estrategia y su implementación.

Paradójicamente, la disminución en los delitos de alto impacto reportada por las autoridades estatales en días recientes —como la reducción del 33 % en homicidios dolosos y del 9.8 % en la incidencia delictiva total— evidencia más la distancia entre los indicadores oficiales y la inseguridad que perciben las personas que una mejora sostenida, pues, pese a estos avances, la ciudadanía continúa sintiéndose vulnerable en su vida cotidiana.

La seguridad no se construye solo con cifras ni con la compra de más patrullas, equipamiento o el despliegue de más elementos en las calles; es un problema estructural que exige coordinación institucional, capacidad operativa, rendición de cuentas y, sobre todo, credibilidad.

Mientras las autoridades no reconozcan que la política de seguridad presenta fallas profundas, el discurso oficial seguirá chocando con la experiencia cotidiana de la población. Y en ese desfase, lo único previsible es la repetición del ciclo: un nuevo hecho violento, la condena pública, las explicaciones de siempre y la promesa de ajustes que no llegan. Así, la seguridad termina siendo todo menos a prueba de balas.