Fin de los privilegios: Austeridad y justicia, el rostro del nuevo Poder Judicial

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

El Poder Judicial, tanto federal como local, tiene como misión esencial la administración de justicia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al respecto. En su artículo 17, luego de prohibir la justicia por propia mano, establece: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito”.

Más adelante, al regular la estructura del Poder Judicial, el artículo 94 señala que este se ejerce por una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito.

La administración del Poder Judicial de la Federación corresponde a un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina del personal recae en el Tribunal de Disciplina Judicial. A su vez, el artículo 116 fija las bases del Poder Judicial en las entidades federativas.

Desde siempre, amplios sectores de la población han manifestado su “hambre y sed de justicia”, expresión que evidencia lo imperfecta que fue durante décadas su impartición. De manera periódica se intentó mejorar los servicios judiciales, pero la mayoría de esos esfuerzos fracasó. Se arraigó la percepción de que el derecho civil beneficiaba a los ricos y el penal castigaba a los pobres.

En cuanto a los integrantes del Poder Judicial —desde ministros hasta jueces y personal auxiliar—, se argumentaba que sus ingresos eran insuficientes para la delicadeza del cargo, lo que abría la puerta a dádivas y exigencias indebidas. A ello se sumaba un entramado de nepotismo e influyentismo: parientes y recomendados de políticos ocupaban plazas clave. En pocas palabras, imperaba la corrupción.

Durante el presidencialismo neoliberal, es decir, de Salinas de Gortari a Peña Nieto, los salarios de los juzgadores y sus subalternos se incrementaron hasta rebasar el sueldo presidencial. En un esfuerzo que terminó siendo un disimulo —solapado por la propia Corte—, el 24 de agosto de 2009 se reformó la Constitución para establecer que ningún servidor público debía ganar más que el titular del Poder Ejecutivo federal. Como dicta el principio gatopardiano, todo cambió para que el desorden salarial continuara intacto.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018, se impulsó la vigencia real de ese mandato constitucional. Sin embargo, más de dos mil juzgadores y funcionarios, encabezados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resistieron. Aunque aceptaron algunas reducciones, preservaron una extensa lista de privilegios cuyo costo resulta asombroso.

El segundo paso para erradicar esos abusos se dio con la elección popular de la Suprema Corte y otros integrantes del Poder Judicial. El presidente del máximo tribunal, respaldado de manera unánime por sus pares, acordó percibir un salario menor al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y eliminar numerosos privilegios. Incluso se propuso revisar las asignaciones otorgadas a ministros en retiro de forma anticonstitucional, particularmente tras la reconfiguración de la Corte en 1994, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

La reciente difusión de la compra de nueve camionetas blindadas, con un costo aproximado de tres millones de pesos cada una, detonó críticas tanto de la oposición a la Cuarta Transformación como de algunos de sus simpatizantes. La Corte explicó que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad y que, al comprar en lugar de arrendar, se evitarían gastos mayores, además de que algunos ministros salientes se habían llevado unidades asignadas.

La reacción crítica llevó a que, el pasado día 26, la Suprema Corte acordara no utilizar dichos vehículos. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, declaró que en la Corte “no se hacen oídos sordos” a los cuestionamientos y subrayó que la austeridad “no es un acto simbólico”. Acompañado de otros ministros y del titular del Órgano de Administración Judicial, sostuvo que la renovación vehicular respondió a criterios técnicos y no a excesos, como ocurrió en la etapa anterior.

Respecto del destino de las camionetas, se informó que serán reasignadas a juzgadores que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de su función. “Seguridad no implica lujo”, afirmó Aguilar Ortiz, quien incluso señaló que él mismo utiliza el transporte público. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en la conferencia matutina del martes 27: “Sí, se acabaron los privilegios en la nueva Corte”.

La mandataria explicó el antes y el después de los estipendios y beneficios de los exintegrantes de la Suprema Corte. El sueldo mensual neto de un ministro pasó de 206 mil 947 pesos a 134 mil 310. El Seguro de Gastos Médicos Mayores, que costaba 36 mil 906 pesos mensuales y excluía al ISSSTE, fue eliminado. El Seguro de Separación Individualizado, de 523 mil 314 pesos, desapareció. El aguinaldo se redujo de 585 mil a 376 mil pesos.

Otros rubros también fueron recortados o suprimidos: el Seguro de Vida Institucional bajó de 37 mil a 17 mil pesos; el pago por riesgo, de 639 mil 917 pesos, fue eliminado; el gasto en medicinas complementarias, que alcanzó un millón 953 mil 789 pesos, quedó en cero, al igual que los chequeos médicos. El apoyo para alimentos, que en 2023 sumó más de cinco millones de pesos, desapareció. En telefonía, el gasto se redujo de un millón 337 mil a 200 mil pesos, y el material bibliohemerográfico dejó de presupuestarse.

Aún más escandalosa era la existencia de un área de “Atención a Ministras y Ministros”, dedicada a servicios no oficiales: pago de agua, electricidad y telefonía en domicilios particulares; reparación de electrodomésticos; compra de enseres; adquisición y bordado de ropa; mantenimiento del hogar; gestión de lugares en estadios; reservaciones en restaurantes; traslado de amistades; obtención de autógrafos, boletos exclusivos y asignación de personal para guardias en viviendas privadas.

Los excesos no tenían límite: se facilitaban objetos traídos del extranjero, cuidado infantil, limpieza doméstica y otros servicios personales, todo con cargo al erario.

Sin entrar a valorar aquí los cuestionables manejos jurídicos del pasado —como el desafuero de AMLO, la negativa de amparos a maestros por la ley del ISSSTE de 2007 o la prolongada dilación en casos relevantes—, lo cierto es que los antiguos miembros de la Suprema Corte vivieron al margen del espíritu constitucional, amparados en remuneraciones ilegales y prebendas inadmisibles.

Esos despropósitos han comenzado a desaparecer; confiamos en que los que aún subsisten pronto sean solo un mal recuerdo.