Hagamos advierte riesgo de crisis constitucional si no avanza la Reforma Judicial

Por Francisco Junco 

Transcripción de texto a voz 

El grupo parlamentario Hagamos en el Congreso del Estado de Jalisco advirtió sobre una posible crisis constitucional si no se aprueba la Reforma Judicial que actualmente se encuentra lista para su segunda lectura.

En rueda de prensa, los legisladores señalaron que el dictamen ya aprobado constituye la única vía legal para avanzar, por lo que llamaron a construir consensos y evitar retrasos legislativos.

Durante el encuentro con medios, la bancada subrayó que el Congreso estatal debe trabajar sobre el dictamen existente, incorporando las modificaciones que el Pleno considere necesarias, pero sin rechazarlo.

De hacerlo, explicaron, se abriría un escenario de parálisis institucional que afectaría directamente al sistema de justicia en la entidad.

La diputada Valeria Ávila Gutiérrez alertó que los tiempos legales son determinantes, ya que 90 días antes del inicio del proceso electoral ya no es posible realizar adecuaciones a la ley.

En ese sentido, sostuvo que primero debe concretarse la reforma al Poder Judicial para posteriormente hacer los ajustes en materia electoral, advirtiendo que dejar pasar el tiempo implica “apostar a que Jalisco tenga una crisis en materia de justicia”.

Hagamos fundamentó su postura en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los integrantes del Poder Judicial deben ser electos mediante votación pública, secreta y directa de la ciudadanía.

Indicaron que se trata de una norma de orden público y de aplicación obligatoria para todas las entidades federativas, no de una recomendación opcional.

De no aprobarse la reforma que permita la elección de jueces y magistrados por voto popular rumbo al proceso electoral de 2027, la bancada enumeró posibles consecuencias jurídicas y administrativas.

Entre ellas, mencionaron que las sentencias emitidas por juzgadores sin legitimidad de origen podrían ser impugnadas, generando incertidumbre jurídica y debilitando la confianza en las resoluciones judiciales.

Asimismo, advirtieron sobre una eventual parálisis del sistema de justicia, al considerar que los actuales juzgadores no podrían continuar impartiendo justicia sin el respaldo constitucional del voto ciudadano.

A ello se sumaría, señalaron, una vulneración a los derechos humanos, en particular a los derechos de votar y ser votado para cargos del Poder Judicial, reconocidos en la Constitución Federal.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla explicó que el dictamen no puede ser rechazado debido a los plazos constitucionales vigentes.

Recordó que el artículo 30 de la Constitución de Jalisco impide que una iniciativa rechazada se vuelva a presentar antes de seis meses, mientras que el artículo 105 de la Constitución General prohíbe reformas electorales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Bajo ese escenario, dijo, no habría margen legal para una nueva iniciativa antes de 2027.

Bravo Padilla añadió que, descontando días inhábiles y los tiempos de aprobación por parte de los ayuntamientos, restan únicamente 78 días efectivos para concretar la reforma constitucional al Poder Judicial y sus leyes secundarias.

Por ello, insistió en que no es viable apostar a la inexistencia de la reforma y reiteró el llamado al diálogo y a los acuerdos entre las fuerzas políticas.

En la misma línea, el diputado Enrique Velázquez González precisó que la reforma constitucional del Poder Judicial tendría que aprobarse en el Congreso de Jalisco a más tardar el 27 de marzo, mientras que las leyes secundarias deberían quedar listas el 29 de mayo.

Hagamos reiteró su compromiso con la democracia, el Estado de derecho y los derechos políticos de la ciudadanía jalisciense, al sostener que la transformación del Poder Judicial mediante el voto popular es un mandato constitucional que debe cumplirse.