El efecto Tequila

Opinión, por Iván Arrazola

Dos historias avanzan en paralelo y, aunque en apariencia recorren caminos distintos, terminan por encontrarse en un punto clave. Por un lado, el anuncio de la Presidenta de la República convocando a los sectores productivos a invertir en México, con el objetivo de generar confianza y crear condiciones que permitan reactivar una economía que no logra despegar.

Por el otro, la detención del presidente municipal de Tequila, uno de los municipios más emblemáticos del país, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y de prácticas de extorsión que iban desde pequeños comercios hasta una de las empresas más representativas de México a nivel internacional: la tequilera José Cuervo.

Ambos acontecimientos comparten un hilo conductor: la necesidad de mostrar un gobierno que actúa, que mantiene el control y que busca transmitir certeza. Sin embargo, el contraste entre el discurso federal, orientado a atraer inversión, y la realidad local de un municipio marcado por el abuso de poder y la criminalidad evidencia una brecha profunda entre el mensaje y los hechos.

En Tequila, el estilo de gobierno del entonces alcalde Diego Rivera ya generaba inquietud. Sus desplantes eran públicos: desde convertir espacios municipales en su residencia personal hasta confrontaciones constantes con regidoras de su propio partido y de la oposición, quienes lo acusaban de ejercer violencia de género.

A ello se sumó la decisión de cobrar a José Cuervo varios millones de pesos por adeudos de predial, una acción que, más allá de su sustento legal, envió una señal política delicada. Mientras desde el ámbito federal se insiste en que México es un país confiable para invertir, en un municipio con vocación turística se confronta abiertamente a una empresa con reconocimiento mundial.

Ese episodio parece haber marcado un punto de quiebre. No es casual que el gobernador de Jalisco haya subrayado con anterioridad la importancia de que los partidos políticos elijan perfiles capaces de gobernar con responsabilidad, especialmente en un contexto en el que eventos internacionales, como el Mundial, colocarán a municipios estratégicos bajo el escrutinio global. La calidad de las autoridades locales no es un asunto menor.

El caso de Tequila, sin embargo, va más allá de una mala gestión individual. La detención del alcalde y de varios integrantes clave de su administración —entre ellos responsables de seguridad, obra pública y catastro— abre interrogantes sobre el grado de control del crimen organizado en el municipio.

Las reacciones desde el ámbito federal refuerzan esta percepción. La presidenta afirmó que la investigación se originó a partir de múltiples denuncias ciudadanas, dejando claro que ningún partido político puede servir de refugio para la corrupción o la delincuencia. El mensaje es contundente en lo discursivo, pero plantea un problema de fondo: si bien las conductas del alcalde eran ampliamente conocidas, la intervención del Estado se produjo hasta que las denuncias se acumularon. Durante ese tiempo, la extorsión y los presuntos vínculos criminales continuaron operando sin una respuesta efectiva.

Este esquema genera un efecto perverso. La acción gubernamental depende de que la ciudadanía denuncie, lo que retrasa la intervención y normaliza la idea de que el Estado actúa solo cuando el problema ya es insostenible. En ese escenario, la seguridad y la legalidad avanzan con lentitud, atrapadas en procesos burocráticos que reaccionan más que anticiparse.

Desde el gobierno estatal se celebró la detención y se destacó la coordinación con la federación, así como el envío inmediato de fuerzas de seguridad para restablecer el orden y garantizar tranquilidad en Tequila. Sin embargo, el desafío parece mayor de lo que el discurso admite. Poco se ha dicho sobre la presencia de los grupos criminales que operan en la región y sobre la capacidad real del Estado para recuperar el control de un municipio donde distintas áreas estratégicas estaban comprometidas.

La pregunta central es si la presencia temporal de policías estatales será suficiente para desmantelar redes que controlaban desde la seguridad pública hasta la recaudación de impuestos. Cuando un gobierno local se encuentra tan profundamente afectado, el riesgo de que las fuerzas del orden se vean rebasadas es alto, y las soluciones de corto plazo resultan claramente insuficientes.

Tequila podría convertirse en un ejemplo de una intervención exitosa. No obstante, las propias declaraciones de los actores políticos revelan una constante: improvisación, lentitud y ausencia de una ruta clara. La política de seguridad parece construirse a partir de respuestas inmediatas, más que de una estrategia sostenida, coordinada y de largo alcance.

Así, el llamado “efecto Tequila”, que debería traducirse en un precedente capaz de fortalecer a otros municipios y liberar territorios del control criminal, corre el riesgo de quedarse en un gesto aislado. Si no se transforma en una acción consistente y permanente, será únicamente un episodio más que confirme la distancia entre el discurso gubernamental y la capacidad real del Estado para garantizar orden, legalidad y confianza.