El caso Almaguer: ¿Ética electoral o cinismo político en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

¡Qué tema, qué discusión! Los partidos políticos, tan desdibujados, pareciera que están en jauja, a propósito del escándalo protagonizado por el diputado local de Jalisco del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, que es el recordatorio brutal de que el pasado no se borra con un cargo público.

Procesado y sentenciado hace más de dos décadas por asaltos a camiones repartidores, Almaguer no solo llegó al Congreso de Jalisco por el Partido del Trabajo (PT); ahora se defiende convirtiendo su expediente en un escudo político. “Mi único delito es señalar al poder”, declaró el 5 de febrero en una conferencia de prensa que más parecía contraataque que confesión.

Pero la pregunta no es si Almaguer merece una segunda oportunidad —la reinserción social es un derecho—; es por qué los partidos siguen postulando perfiles con manchas penales como si fueran medallas de honor. ¿No hay otros? ¿O es que el pragmatismo electoral pesa más que la decencia?

Recordemos los hechos con claridad, porque en política mexicana la memoria es selectiva. El 2 de enero de 2026, un diario local exhibió los antecedentes de Almaguer: detenido, procesado y condenado por delitos graves en su juventud. No era un secreto enterrado; era un historial público que el PT pareció ignorar al postularlo.

Almaguer cumplió su pena, sí, pero eso no lo absuelve de la responsabilidad ética ante los electores. ¿Se ocultó durante la campaña? ¿O se minimizó como un “error de juventud”?

La ausencia inicial del diputado en una rueda de prensa convocada generó más sombras: su dirigente estatal, José Luis Sánchez, justificó la inasistencia como defensa ante un “linchamiento mediático promovido por Movimiento Ciudadano (MC)”.

Al final, Almaguer apareció el 5 de febrero en el patio central del Congreso, con camisa azul y el escudo del PT en el pecho, listo para el combate.

Su defensa fue un malabarismo retórico digno de análisis. “Yo no soy Jean Valjean”, dijo, invocando al personaje de Los Miserables para ilustrar cómo un pasado penal puede convertirse en estigma perpetuo. Reconoció el error, pero lo relegó a “otro tiempo”.

El giro vino después: “El verdadero delito que me acusa hoy es estar en contra de la política económica del actual gobierno del Estado”.

De pronto, el expediente judicial se transformó en cortina de humo para desviar la atención hacia balaceras, desapariciones y el aumento al transporte. “Nos quieren regresar al pasado para que nos olvidemos del presente”, remató. No renunciará: “La única posibilidad que he contemplado es seguir cumpliendo mis tareas”.

Y cerró con un mensaje épico: “No es Leonardo Almaguer quien habla; es la firmeza y dignidad de un pueblo que no se va a doblegar”.

La oposición no mordió el anzuelo. El PRI, a través de un comunicado, rechazó que “un personaje con señalamientos de índole delictiva ocupe una posición de responsabilidad pública” y exigió explicaciones claras, cuestionando la congruencia del bloque oficialista (Morena-PT).

El PAN fue más duro: acusó a Morena y aliados de “normalizar la postulación y protección de perfiles con antecedentes penales”. “Pareciera que buscan candidatos en expedientes judiciales y fichas penales”, ironizaron.

Movimiento Ciudadano, gobernante en Jalisco, pidió comparecencia pública ante el pleno y anunció una revisión legal para garantizar “los más altos estándares de integridad”. El coordinador José Luis Tostado Bastidas lo dijo sin rodeos: “No es una persecución; es una obligación política”.

Desde mi óptica crítica, este caso no es anécdota; es síntoma de un mal endémico en la política mexicana: el pragmatismo sin escrúpulos que prioriza votos sobre valores. ¿Por qué los partidos postulan personajes con antecedentes penales?

Porque en un sistema donde el clientelismo manda, un operador con arraigo local, redes sindicales o capacidad de movilización vale oro. Almaguer no es el único: recordemos a Napoleón Gómez Urrutia (Morena), con acusaciones de fraude sindical; o a Félix Salgado Macedonio, con denuncias de abuso. No hay escasez de candidatos limpios; hay abundancia de cinismo.

Los partidos saben que el electorado, saturado de promesas vacías, perdona el pasado si el presente trae beneficios inmediatos. Y si el INE o el TEPJF no lo impide —porque la reinserción es un derecho, pero la ejemplaridad debería ser un requisito no negociable—, ¿por qué no?

Critiquemos con dureza a los partidos políticos: esta práctica perpetúa la percepción de que la política es un refugio para oportunistas y delincuentes reciclados. En Jalisco, donde la ciudadanía clama por transparencia, tener un diputado con historial penal envía un mensaje perverso: “La ley es para los débiles”.

Almaguer cumplió su pena, pero ¿eso lo hace modelo de representación? Su defensa —convertir el caso en ataque político— es hábil, pero huele a victimismo calculado.

El PT lo respalda porque necesita escudos en la trinchera anti-MC; Morena calla porque Almaguer es aliado en el Congreso.

La responsabilidad de los partidos es evidente: postulan a estos personajes porque el sistema lo permite. ¿No hay otros? Claro que sí: miles de activistas honestos, líderes comunitarios sin manchas. Pero no tienen el “peso” electoral: no controlan sindicatos, no movilizan votos masivos, no negocian con cúpulas.

Es el cáncer de nuestro multipartidismo: el poder justifica los medios, y la ética es un lujo prescindible.

Almaguer se queda, y el debate continúa. Pero el silencio cómplice de quienes lo postularon —sabiendo todo— es el verdadero delito.

Jalisco merece representantes inmaculados, no reciclados. Si no reformamos el sistema electoral para exigir antecedentes limpios como barrera absoluta, seguiremos en este circo donde el delito del ayer se convierte en el escudo del hoy. ¿Hasta cuándo?

La respuesta está en la indignación ciudadana: exijamos que los partidos limpien sus listas antes de que sea tarde.