El Fobaproa jalisciense: Ipejal, el fondo que se hunde mientras firman calendarios de pago

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Era una mañana fría de julio cuando los jubilados bloquearon la avenida Juárez. No traían pancartas de partido ni consignas de mitin profesional. Traían recetas médicas sin surtir, listas de compañeros muertos esperando medicamentos que nunca llegaron, y una rabia quieta, de la que más duele, la que viene de quien ya no tiene nada que perder.

Cuarenta años de descuentos quincenales, cuarenta años de creer en la promesa institucional, y ahora esto: cuatro hospitales para cuarenta mil jubilados en el área metropolitana de Guadalajara. Hagan la cuenta.

Bienvenidos al Ipejal, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, esa caja que los gobiernos panistas, priístas y mcistas han administrado durante décadas como si fuera alcancía personal y que hoy, en febrero de 2026, tiene en riesgo dos mil ochocientos sesenta y cuatro millones de pesos por préstamos a empresas que simplemente dejaron de pagar. Los acreditados se llaman Grupo Herradura y SIPYT, y su incumplimiento no es novedad reciente: llevan desde 2024 sin honrar sus obligaciones. Lo que es novedad es que apenas ahora se documente con cifra oficial.

La arquitectura del desastre no se construyó de un solo golpe. Se levantó ladrillo a ladrillo, administración tras administración, con la elegante discreción de quienes saben que los fondos de pensiones son pacientes eternos: nunca quiebran de golpe, siempre agonización lenta. Mitad de la reserva colocada en mercados financieros y fideicomisos, treinta por ciento en préstamos, quince en inmuebles.

Así lo advirtió el propio Instituto en agosto de 2024, cuando el entorno económico comenzó a complicarse. La advertencia llegó, fue registrada, y luego fue sepultada bajo boletines institucionales sobre citas, trámites y cierres de fin de año. La narrativa oficial prefería el calendario de pagos a la auditoría de inversiones.

Mientras tanto, en las clínicas, los médicos aprendieron un truco burocrático digno de manual: si un medicamento no aparece en el sistema informático, sencillamente no se puede recetar. La receta marca cien por ciento de surtido. El paciente sale con las manos vacías. El reporte interno dice que todo está bien. Es la contabilidad política en su versión más descarnada: lo que no se registra no existe, y lo que no existe no genera escándalo. Hasta que ciento cincuenta jubilados del colectivo Pro-Defensa del Ipejal se plantan frente al edificio de pensiones en enero de 2025 y el truco deja de funcionar.

En noviembre de 2025, el gobernador Pablo Lemus instaló una mesa de diálogo. Anunció que la licitación de medicamentos ya había sido resuelta. Mostró capacidad de respuesta. Fue un momento fotogénico. Lo que no dijo es que en febrero de ese mismo año se habían prometido once hospitales para los jubilados del área metropolitana, y dos meses después el número se había reducido a cuatro.

Once a cuatro, sin explicación pública, sin consenso social, sin rendición de cuentas. Solo el silencio de los representantes sindicales que se supone representan a los trabajadores y que en Jalisco se ha perfeccionado como arte de Estado.

Para darle brillo anticorrupción al relato, en diciembre de 2025 cayeron dos exempleados: Moisés Absalón y Alba Marisol, sentenciados por rentar salones del Instituto como si fueran dueños. Más de dos años de prisión y veinticuatro de inhabilitación. Correcta la sentencia, sin duda. Pero conveniente también: mientras la prensa fotografiaba a los empleados corruptos de escritorio, nadie preguntaba por los responsables políticos de las inversiones fallidas, por quién autorizó prestar millones a empresas que hoy no pagan, por quién diseñó la estrategia inmobiliaria que comprometió el patrimonio de los trabajadores. La corrupción menuda se judicializa. La corrupción estructural se administra.

Ahora, en febrero de 2026, el gobierno estatal anuncia con entusiasmo urbanístico que las oficinas públicas regresarán al Centro de Guadalajara. El proyecto involucra infraestructura e inmuebles ligados al Ipejal. Se habla de reactivación urbana, de rescate del primer cuadro, de visión de ciudad. Lo que no se explica es si esos proyectos inmobiliarios responden a una lógica de rentabilidad técnica auditada o si reeditan el mismo patrón de decisiones político-inmobiliarias que durante años dañaron las finanzas del fondo.

La pregunta incómoda: ¿No se supone que los representantes sindicales de la Sección 47 y la federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE) iban a analizar la compra de esa propiedad e informar si era una buena oportunidad o no esa inversión? ¿Cuándo informaron? ¿Bajo qué criterio de oportunidad se usó el dinero de los pensionados para suplir la necesidad económica de una familia de empresarios venidos a menos?

Algunos analistas y columnistas ya pusieron nombre al escenario que se avecina: el Fobaproa jalisciense. La comparación no es menor. El Fobaproa federal de 1998 fue el rescate bancario más caro de la historia reciente de México, una deuda privada socializada, un quebranto que los ciudadanos pagaron durante décadas sin haber votado por él.

Si el Ipejal colapsa sin reforma estructural, Jalisco enfrentará una decisión idéntica: rescatar el fondo con dinero público, es decir, con el dinero de los mismos trabajadores a los que el instituto dejó sin medicamentos y sin pensión digna. La ironía tiene la precisión de un bisturí.

La solución que circula en los corrillos técnicos es darle autonomía real al Instituto, sacarlo de la órbita del Ejecutivo, blindarlo de las decisiones discrecionales del gobierno en turno. La misma lógica que en su momento se aplicó al Banco de México. Sin autonomía, el fondo seguirá siendo moneda de cambio político: sus reservas, terreno de inversiones convenientes; sus medicamentos, argumento de negociación sindical; sus jubilados, fotografía de campaña; y el pago de la excesiva nómina de los funcionarios del Instituto con los recursos de los jubilados, una bofetada a la cara del pensionado que va por su mensualidad de sueldo mínimo cada mes.

Cuarenta mil trabajadores del área metropolitana esperan atención médica en cuatro hospitales. Dos mil ochocientos millones de pesos duermen en carteras de empresas que no pagan. Y en algún despacho del centro de Guadalajara, alguien firma los planos del próximo proyecto inmobiliario del Instituto, optimista, sin memoria y sin expediente abierto.

Con estos administradores de bolsillo y representantes sindicales a modo en el Ipejal, lo único seguro para los jubilados de Jalisco es seguir esperando… El fin de los recursos financieros y con ello de sus pensiones.

En X @DEPACHECOS