Revisar la coordinación fiscal

Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Mucho se insiste en la urgente necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal y hacer más justo el reparto de los dineros fiscales entre la Federación y los Estados y estos con sus municipios, ya que los Estados ricos no están de acuerdo con las actuales fórmulas de reparto, y menos con el manejo que viene dando Manuel Andrés López Obrador (MALO), en especial a los ramos 28 y 33 que a juicio de los expertos sus reglas ya reflejan total obsolescencia.

Recordemos que nuestro país en la Constitución de 1857 (y que conservó en la mal llamada Constitución de 1917), adoptó el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América, en cuanto a la oscura delimitación entre la Federación y las entidades federativas de los campos tributarios de estos. Alexander Hamilton y la mayoría de la Convención Constituyente de los Estados Unidos de América, consideraron que era preferible establecer un régimen de “concurrencia” en materia impositiva que no definiera límites a la posibilidad de obtener ingresos tributarios para satisfacer las necesidades de gasto del poder público.

Posteriormente Ignacio L. Vallarta estableció la tesis según la cual la Constitución de 1857 no establecía una línea precisa entre los poderes tributarios de la Federación y de los estados. En este sentido, sosteniendo que con excepción de los impuestos que la propia Constitución señalaba como exclusivos de la Federación, (ahora contenidos en la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional), los estados podían “decretar cuantos crean convenientes sobre todos los valores que existan dentro de su territorio y que constituyan su riqueza, sin excluir los que representan las cosas importadas después de la importación…”

Concluyó el jurista jalisciense que el Congreso Federal y las legislaturas de los Estados cuentan con facultades concurrentes y no exclusivas en materia fiscal, por lo que la Federación puede decretar una contribución que recaiga aun sobre el mismo ramo de la riqueza pública ya gravado por un Estado.

Esto, en opinión del doctrinista Tena Ramírez, abrió en México la puerta a la “anarquía en materia fiscal”, ya que la codicia de la Federación y la pobreza de los estados competían en la exacción de los impuestos dobles, generalizando una doble y hasta triple imposición, con los consabidos daños causados a la economía nacional. Tratando de regular esto, en 1925, 1933 y 1947, el gobierno federal convocó a los gobiernos de las entidades federativas a tres convenciones nacionales fiscales, con el objetivo primordial de encontrar una solución al problema de la múltiple imposición derivado del citado régimen constitucional de concurrencia.

Destaca la tercer convención ya que de ahí salió la iniciativa para que el Congreso de la Unión aprobara en 1948 la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, que incluía una tasa federal de 1.8% aplicable en todo el país, estableciendo además que los Estados que adoptaran el sistema propuesto y derogaran o dejaran en suspenso los impuestos locales sobre actividades comerciales o industriales, tendrían derecho a cobrar una tasa que fijaría su legislatura y que no podría exceder de 1.2%. Por ello la población conocía el impuesto del 4% de Ingresos Mercantiles ya que se cobraban juntas ambas contribuciones. Esto implicaba que la Federación y el estado correspondiente celebrarían un acuerdo, que por primera vez se llamó “Convenio de Coordinación”, en el que se establecería cuál de las partes y con qué facultades administraría el impuesto. Este fue el origen del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que rige en nuestro país, además recordemos que el Impuesto al Valor Agregado con una mecánica mucho más compleja, sustituyó al de Ingresos Mercantiles.

La fórmula del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se basa en que la Federación y los Estados pueden voluntariamente firmar convenios de coordinación fiscal, comprometiéndose los segundos en limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de una participación en los ingresos fiscales federales. Actualmente todos los estados han suscrito convenios, lo que permite que el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, sean establecidos y administrados por la Federación, con el compromiso de participar a los Estados de su recaudación. Ello ha provocado graves distorsiones, ya que la Federación controla más del 80% de la recaudación total, volviendo a las entidades federativas en irresponsables al no explotar nuevas potestades tributarias, ya que viven simplemente de estirar la mano esperando sus participaciones federales y por otro lado una Federación codiciosa y deseosa de quedarse con la tajada grande del pastel para hacerle frente a tanta promesa populista electorera donde todos los recursos se destinan a los estados del sureste y al rescate de Pemex, olvidando que se tiene que gobernar para todos, inclusive para los Estados “Fifís”.

De acuerdo a cifras de la Auditoría Superior de la Federación ASF, para las Entidades federativas las transferencias significan en promedio 90 por ciento de sus ingresos totales y para los municipios alrededor de 65 por ciento, aunque en los que son rurales y marginados supera 90 por ciento. Dichas participaciones se articulan a través de una serie de reglas y fórmulas que integran el ahora llamado “Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”

Recientemente se ha insistido mucho de que la Federación trasparente públicamente los instrumentos jurídicos o convenios, criterios y reglas de asignación, los montos y fechas de asignación, así como las fechas de los montos gastados por los estados, en especial el manejo que le ha dado este gobierno a los recursos correspondientes de los Ramos 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, y además mejorar sus reglas, ya que de lo contrario podrían varios Estados, entre ellos Jalisco, considerar abandonar dichos convenios, situación que deteriorará más las finanzas del gobierno federal.

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