OPINIÓN
Con sabor a engaño humano
Comuna México, por Benjamín Mora //
Hay vidas que se denigran en un santiamén cayendo a lo más despreciable, ignominioso, miserable, mezquino y ruin; vidas que, pudiendo trascender hacia lo más alto, digno y humano, prefieren las inmundicias de las cloacas y los caños al confundirse con los animales que ahí habitan, comen y se reproducen. Seres que se desprecian a sí mismos y a los suyos por hacerse de lo que no les pertenece y quedarse en dónde tampoco pertenecen.
Decía mi madre, nos basta con tener para estar, sino que hay que ser para estar y pertenecer. Todo lo quieren y con nada habrán de quedarse, porque en sus corazones solo hay rencores e ignorancia; llegaron llenos de rencores y pretenden gobernar desde su ignorancia. Son mediocres y gustan de la mediocridad. Eligen solo porque son mayoría y no porque sepan elegir. México se descompone porque unos vándalos se hicieron del poder; no solo de hoy sino de siempre, pero hoy y aquí desde un discurso salvífico que se desmorona entre mentiras, engaños y cobardías, y un amiguismo subordinado, evidente y obnubilado.
Rosario Piedra Ibarra es la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo porque con trampas antidemocráticas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Montreal, y demás cómplices lograron hacerse de lo que temían no ganar por las buenas. Ricardo Monreal prometió lo que jamás cumpliría: rehacer el proceso de elección. Hubo candidez que rayó en estupidez en quienes creyeron en la palabra de quien había probado ser un tramposo, un anti demócrata, un pirata electoral. Se llamaron a engaño cuando ellos se engañaron a sí mismos. Madero quiso jugar al mártir cuando no supo defender una causa justa. Madero pretendió parecer un político de altura cuando no descifró las fuerzas detrás de cada candidatura a la CNDH. Madero quiso hacernos creer que en política no todos los perros tienen dueño sin mirar quiénes jalan de sus cadenas. Madero cayó y calló.
López Obrador dice estar complacido de la elección de Rosario Piedra, pero no, él está complacido con la obediencia de sus senadores. Los resultados serán siempre los que el dueño de la jauría ordene y mande a sus perros. Monreal y otros de igual pequeñez solo obedecen. Una elección limpia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigía gallardía, probidad, honestidad y confianza, y nada de ello hay en quienes orquestaron tan grande mentira, tan imperdonable robo. Vuelven, una vez más, al engaño porque la verdad les incomoda. Temen a la verdad.
La función principal del miedo es la supervivencia; sin embargo, cuando el miedo desencadena reacciones sociales como las que provocaron los senadores de la 4T solo pueden tener un mal augurio y peor final. Los miedos del presidente López Obrador lo llevan a perder control sobre sus impulsos, hablando vaciladas tempraneras, ofendiendo, alentando ilegalidades y decepcionado a sus seguidores y complaciendo a sus detractores. Los miedos del Presidente son disfuncionales como disfuncionales son las conductas que llevan a cabo, él y muchos de su gabinete.
Tienen a Rosario Piedra al frente de la Comisión, pero no tienen la confianza ciudadana en la Comisión pues ésta perdió su valor de años de buenos oficios. Ganando, perdieron, al igual que hoy tienen al Instituto Nacional de Desarrollo Social pero no a las organizaciones de la sociedad civil. Son dueños de nada.
Ahora solo nos quedan las instancias internacionales de Derechos Humanos para hacernos volver a un verdadero y confiable Estado de Derecho. Creo que los ombudsman u ombudsperson de antes en México, son los indicados para encabezar esta causa a la que millones de mexicanas y mexicanos nos sumaríamos. Es un caso de escándalo que merece visualizarse y virilizarse a nivel mundial para que Rosario Piedra jamás sea convocada en foro ninguno en el mundo sobre derechos humanos. La OEA también debe emitir su opinión y fijar su postura. Almargo, secretario general de la OEA, sabe del caso.
Quien aún le cree al Presidente, sabe que se engaña a sí mismo y ello, poco a poco, le conducirá a una auto decepción. Quien votó por López Obrador y aun le cree, vive en medio de un conflicto moral que terminará por saberse responsable de ese México que se desmorona, o acaso creen que Dos Bocas es viable, que Santa Lucía se podrá coordinar con los demás aeropuertos de los valles de México y Toluca sin afectar a vuelos y pasajeros, que la Guardia Nacional no hace la guerra sucia de Trump hacia los migrantes centroamericanos, que el Tren Maya respetará a la selva y la vida que contiene, que es legítimo el gobernador de Baja California, que los niños y niñas de las guardería de Sedesol merecían tal trato, que los niños y niñas con cáncer podrán sobrevivir sin medicamentos, que se soltó a Ovidio Guzmán para proteger la vida de quienes viven en Culiacán y no por torpezas de quienes son responsables de la seguridad ciudadana y el combate al delincuente, que Evo Morales hubiera ganado otra elección en su país, que Maduro tiene feliz, bien alimentado y con salud al pueblo venezolano, que vivir en Palacio Nacional no es demasiado fifí para un presidente de supuesta izquierda… Las interrogantes son simples y las respuestas deben nacer de la razón.
Rosario Piedra tuvo la oportunidad de trascender bien y eligió a la más ruin de las opciones. Se destruyó a sí misma y, de paso, derrumbó la historia de vida de su madre. Su bajeza denigró hasta a la medalla Belisario Domínguez otorgada a su madre. Rosario Piedra ya está derrotada porque el valor de su palabra dejó de existir, o quizá jamás lo tuvo.
Decía Milton Verle: Si la oportunidad no golpea, construye una puerta. Hay que construir otra puerta a la CNDH en tribunales como el de La Haya o la OEA, pues la de aquí quedó salpicada de inmundicias humanas tomadas de los retretes de San Lázaro.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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