OPINIÓN
México como tapete
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
El gobierno encabezado por Manuel Andrés López Obrador MALO, acaba de cometer un monumental error en la negociación del Tratado Comercial celebrado con Estados Unidos y Canadá T-MEC, dado que les urgía tanto el anuncio de la firma del mismo, que en forma inconcebible aceptaron la propuesta de los Estados Unidos sin chistar y ahora están llorando, ya que de los hechos se desprende que no leyeron lo que firmaron.
Curiosa la doble moral del señor López ya que en todos sus años de campaña él y sus seguidores criticaban agriamente el aún vigente TLC, símbolo total de eso que tanto odian y que ellos llaman “Neoliberalismo”, cuya paternidad le atribuyen a su gran enemigo, Felipe Calderón y que los que hemos al menos ojeado un libro le llamamos “Libre Mercado”. Pues ahora el gran promotor para sustituir el TLC con un nuevo tratado era precisamente MALO, el cual presionó a todos para su firma. Con esa actitud y sus declaraciones se confirma que la economía del país está pésima y que se tiene imperiosa necesidad de inversión privada tanto nacional y extranjera, la cual no fluye dada la poca confianza hacia las erróneas políticas y conducción de nuestro gobierno.
El Presidente le apostaba a que, como por arte de magia, por su simple anuncio, esas calificadoras que tanto odia, cambiarían las expectativas sobre nuestra economía a rangos mas positivos, en especial la de Pemex, esta firma también resolvería la abierta recesión que enfrentamos, y que no se puede remediar, insisto sin inversión privada, y que el milagroso T-MEC solucionaría al ya no requerir inversión nacional, ya que fluiría a grandes caudales la extranjera, lo que también provocaría la creación de miles de empleos y mejores salarios para los trabajadores. Fue tanta la urgencia de su firma que aceptamos condiciones impensables, incluso ya firmado en una inusitada nueva imposición del Gobierno americano con condiciones aún peores, se modificó firmando, en tiempo récord, un adendum, el pasado 10 de diciembre ante el presidente MALO, la viceprimer ministra de Canadá, el representante Comercial de Estados Unidos y el subsecretario de Relaciones Exteriores Jesús Seade. Lopitos señaló que el T-MEC ahora sí daba las condiciones para invertir en México ya que es un acuerdo de dimensión mundial que atraerá inversiones de todo el mundo. Festejaron todos, incluyendo sus bots de redes sociales, y algunos hasta señalan que en una entrega del país, (afortunadamente), sacaron de México al dictador Evo Morales como muestra de buena fe (o entreguismo).
Aquellos seguidores del señor López que antes odiaban al neoliberal TLC ahora aplaudían como focas este gran logro y el documento complementario se mandó de inmediato al Senado y como la mayoría de Morena en esa cámara ni le entiende, se aprobó de inmediato sin el detallado análisis indispensable, dada la alta responsabilidad de su necesaria ratificación. Algunos Senadores reconocían que ni siquiera tenían una traducción y otros que no lo conocían, pero acabaron votando 107 a su favor, pero ni lo leyeron porque le urgía al Presidente. En el país vecino tanto demócratas como republicanos se tallaban las manos de la emoción y los poderosos líderes sindicales felices, la legisladora estadunidense Nancy Pelosi dijo “nos comimos su lunch”, pues entonces ¿qué estaba pasando?
La respuesta inició como un rumor, varios periodistas dieron a conocer que dentro de los documentos de la modificación del T-MEC se establecía la figura de “agregados laborales” quienes supervisarían, dentro de territorio mexicano, que el país cumpliera sus obligaciones en materia laboral. Para variar la Secretaría de Relaciones Exteriores lo negó, y el Presidente envuelto en el lábaro patrio y a punto de lanzarse al vacío desde el Castillo de Chapultepec, señaló que no se permitiría intervencionismo alguno que violara la soberanía nacional.
Varios previamente lo advirtieron, alguien twitteo “Si con tal de firmar el T-MEC, México aceptó ceder a inspecciones unilaterales para el cumplimiento del capítulo laboral…..Es el acto de entreguismo de nuestra soberanía y dignidad que ni el peor de los neoliberales ha hecho.” El sábado el señor subsecretario graba un video señalando que los gringos se habían aprovechado de la buena fe. No podemos decir que lo chamaquearon dada su senilidad. Lo que no dice el señor Seade es que en esta última etapa crítica de la negociación del T-MEC se ignoró totalmente al grupo de expertos reunidos en el llamado “cuarto de junto”, especialistas dedicados durante años a esta negociación, tanto de la iniciativa privada como reconocidos negociadores de la Secretaría de Economía, precisamente porque se oponían a modificar lo ya acordado por los tres países, y la instrucción del presidente MALO era firmar a como diera lugar.
Seade informó en su video que se presentó al Congreso de los Estados Unidos la iniciativa de ley de implementación del T-MEC como parte del proceso de aprobación que se tiene en el país vecino, y precisamente contempla la designación de “agregados laborales estadunidenses” (hasta 5) con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Se queja que esa iniciativa no fue consultada con México, que no estaba de acuerdo, y que iría este domingo a Washington a reclamar, sin embargo, sí está incluida en el T-MEC ¿porque debían consultarla? El mismo viernes envió una carta al embajador Robert E. Lightizer mostrando su indignación, más bien debería renunciar al cargo. Su único as bajo la manga es amenazar a los americanos con adoptar medidas recíprocas, y lo más probable es que las autoridades americanas se rían de él.
Es tiempo que el presidente MALO reconozca sus errores, involucre nuevamente a los expertos en la negociación, no es posible que vaya Seade solo, a negociar. La máxima presidencial de “10% capacidad y 90% de honestidad” no funciona, lo barato sale caro, mas bien 90% inútiles y 10% ciegos.
Por cierto, ¿Ya bajo tu recibo de luz?
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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