-Por Francisco Junco

Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.

“En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.

Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.

“Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.

Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.

“VAMOS A GANAR EN EL 27”

En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.

Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.

SU CANDIDATURA PARA EL 2027

Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.

Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.

“Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.

Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.

Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.

LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA

Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.

“Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.

Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.

Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.

“Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.

El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.

-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.

Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.

Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.

Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.

En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.

GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?

Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.

GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?

JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.

GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?

JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.

GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?

JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.

GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?

JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.

GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?

JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.

Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?

GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?

JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.

GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?

JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.

GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.

-Por Francisco Junco

Más de mil maestros en Jalisco, sus familias y cerca de 18 mil estudiantes están en la antesala de una huelga. Y es que los docentes del Colegio de Bachilleres en Jalisco, representados por el Sindicato Único de Académicos (SUACOBAEJ), denuncian una serie de irregularidades en el pago de sus prestaciones y en la asignación de horas, así como una grave falta de diálogo con el director general, José Guadalupe Madera Godoy.

La molestia central, explicó a Conciencia Pública, José Manuel Navarro Yáñez, líder sindical del SUACOBAEJ, es que no se están respetando los derechos ya adquiridos por los trabajadores.

“No pedimos nada extra de lo que está ganado y plasmado en nuestras condiciones generales. Que se respete lo que son nuestras condiciones generales. Que se respete precisamente el derecho de los trabajadores. Eso es todo lo que estamos pidiendo. No estamos exigiendo ni queremos decir que pedimos cosas de más. Solamente lo que ya se logró, lo que es”, afirmó.

Una de las principales inconformidades tiene que ver con el pago incompleto del bono del Día del Maestro. Aunque el contrato establece que deben recibir 15 días de sueldo tabular, sólo se pagó a algunos de forma parcial y variable.

El líder sindical explicó que, además del incumplimiento con el bono, tampoco se han realizado los pagos correspondientes a la prima de antigüedad que por ley corresponde a los maestros con más de cinco años de servicio, del 2 por ciento cada año.

“No se los está pagando tampoco. Y lo último que tuvimos en pláticas con el director general, Guadalupe Madera Godoy, es que simple y sencillamente no había dinero en el Colegio de Bachilleres. Que no hay dinero y que por eso no podían hacer esos pagos a los maestros que están trabajando en activo, que acabaron de terminar ese ciclo escolar y que sacaron a los alumnos adelante”, lamentó Navarro Yáñez.

Sin embargo, el líder sindical denunció que los gastos administrativos y de licitación continúan en el Colegio, lo que, en su opinión, demuestra que los recursos existen pero están siendo dirigidos a otras prioridades. Señaló que se han realizado inversiones menores pero constantes en remodelaciones y adquisiciones, mientras los pagos a docentes siguen pendientes.

Además, hay adeudos en el pago de despensas, que deberían ser de 750 pesos quincenales, pero en algunos casos apenas llegan a 300. A esto se suma la negativa de las autoridades para asignar más horas a los docentes y mejorar sus ingresos.

El sindicato acusa una intención clara de debilitar su representación y favorecer a un sindicato minoritario afín al director. “Ha tratado de hacer crecer a otro sindicato con menos de 100 afiliados, dándoles facilidades, incluso condicionando la recontratación de maestros temporales a que se afilien con ellos”, denunció Navarro Yáñez, quien agregó que esta práctica viola la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales vigentes.

Este es uno de los señalamientos más delicados por parte del SUACOBAEJ, la presunta injerencia del director general, Guadalupe Madera Godoy, para favorecer al Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SIDTCOBAEJ), encabezado por José Antonio Cabello Gil, a quien identifican como su amigo cercano.

Según el testimonio del secretario general, José Manuel Navarro Yáñez, esta relación ha derivado en acciones que perjudican a los docentes afiliados al sindicato mayoritario, como la asignación de horas y plazas a simpatizantes del SIDTCOBAEJ y el condicionamiento de recontrataciones para que los maestros temporales se afilien al sindicato afín al director.

El dirigente aseguró que ya se están documentando las pruebas para presentar nuevas denuncias ante las autoridades correspondientes.

El conflicto también incluye la sospecha de un uso indebido de recursos. Mientras se argumenta que no hay dinero para cumplir con los derechos laborales, el sindicato se enteró de que se pretenden destinar más de 250 millones de pesos para reinstalar a 95 docentes despedidos, cuyas demandas laborales ya prescribieron.

“Maestros que no se les está pagando en activo su sueldo como debe de ser correctamente, porque no hay dinero, pero sí quieren erogar para otra situación. No sabemos el interés que ahí haya en este sentido”, advierte Navarro.

La relación entre el sindicato y el director general prácticamente está rota. Desde mayo no han tenido diálogo directo. Las mesas de trabajo que se instalaron por instrucción de la Contraloría del Estado han sido inútiles.

“Desde mayo que no platicamos con él, fue en la instalación de esas mesas donde dejó a su gente. Obviamente se veía molesto precisamente porque estamos haciendo estas denuncias, pero de ahí en más no hemos vuelto a platicar con él. Fueron 10 minutos, 15 minutos los que estuvo ahí, nada más en la instalación, dejó a su gente”.

“Se fue, no hemos podido platicar ni siquiera de estos temas del presupuesto, de lo que falta que les paguen a los maestros. Y en las mesas de trabajo, pues son mesas de trabajo que no se han roto, porque tenemos la voluntad de trabajar, pero no nos dan resultados”, resaltó.

De continuar esta situación, el SUACOBAEJ planea seguir con las denuncias formales ante Contraloría, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y si es necesario, llegar hasta el estallamiento de huelga. “Vamos a ir incrementando esta lucha poco a poco. Lo que buscamos es que se respete lo que está en nuestras condiciones generales de trabajo”, sostuvo el líder sindical.

El llamado se dirige a las autoridades estatales, al propio gobernador Pablo Lemus y al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quienes ya fueron informados.

“Estamos hablando de mil docentes afectados en 166 planteles del estado. Si no se resuelve, también serán miles de estudiantes los que sufrirán las consecuencias”, concluyó Navarro Yáñez.

El conflicto se da en un contexto donde el COBAEJ enfrenta una caída significativa en la matrícula escolar. De tener entre 25,000 y 27,000 alumnos, actualmente el sistema atiende a alrededor de 18,000, distribuidos en 166 centros educativos, entre planteles, satélites y telebachilleratos. Navarro atribuye parte de esta baja a la gestión actual.