Ocultar estudios del Río Santiago es «un crimen de Estado»: Activistas

Por Mario Ávila //

Pobladores de los márgenes del Río Santiago, concretamente de las comunidades de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco por el ocultamiento durante 10 años, del estudio de salud en el río Santiago y pidieron que se considere un “crimen de estado” la muerte de decenas de habitantes a causa del agua contaminada con metales pesados.

A más de 10 años de la macro recomendación 01/2009 que emitió la CEDHJ a una gran variedad de dependencias de los distintos niveles de gobierno, integrantes del colectivo “Tierra, Agua y Aire Limpio para Nuestros Pueblos”, denunciaron que la gente sigue enfermando y muriendo todos los días, sin que una solo acción vaya dirigida a atender esta grave situación de salud, mientras se llega a solucionar el problema de descargas.

Mediante un comunicado, advierten: “Sabemos que la actual administración del gobernador Enrique Alfaro ha puesto en el centro, por lo menos discursivamente, la necesidad de la recuperación del río Santiago. Han llevado algunas acciones positivas, sin embargo, ese no es el tema en este momento. Sabemos que no sucederá de un día para otro, y menos sin la participación de la federación y los municipios, y cuando la estrategia se basa en la infraestructura hidráulica para el tratamiento de aguas domésticas únicamente.

“El tema central, lo que estamos denunciando, es que existía la evidencia científica desde hace 10 años de esta situación. El crimen de Estado que estamos denunciando es el ocultamiento del estudio que mandó a hacer la Comisión Estatal del Agua (CEA), a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a propósito de los conflictos por la presa de Arcediano y de nuestros pueblos contra la contaminación, es un crimen de Estado que ha abonado al genocidio silencioso de nuestros pueblos”, exponen.

Y abundan: “La negación sistemática de la relación entre la enfermedad y la contaminación, por parte de los implicados en el ocultamiento, principalmente Alfonso Petersen Farah, como titular en el gobierno de Emilio González y en el de Aristóteles Sandoval, ha negado a su vez la atención extraordinaria que merecen nuestras poblaciones, por la exposición a estas sustancias tóxicas de manera obligada”.

Por cierto, José Mario Márquez Amezcua, el director General de Prevención y Promoción de la Salud hasta el fin de semana pasada, fue quien recibió el estudio en 2012 como Director de Salud Pública, cargo que ocupó también con Aristóteles Sandoval.

Así mismo, en el comunicado que realizaron con respecto al ocultamiento del estudio -denuncian-, pretendieron pasar a segundo plano el crimen, demeritando los resultados afirmando que ya no es vigente y que, simplemente toman a este documento como una referencia más.

No es una referencia más -sentencian-, es una prueba irrefutable de lo homicida que es la contaminación industrial. La urgencia la tenemos desde hace veinte años y la respuesta indolente de este gobierno no permite acceder a la atención emergente y extraordinaria en materia de salubridad general.

De la misma manera -abundan-, el gobierno del estado afirmó que no oculta ninguna información en relación al río Santiago, sin embargo, en diciembre, la Semadet decidió ocultar la información sobre el plan de abandono que le aprobó a CAABSA para el vertedero Los Laureles para no recibir presiones políticas y sociales.

Al presentar una nueva queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, los activistas desdeñan la determinación del gobierno de Enrique Alfaro y exponen: “Señalan el rechazo de la termoeléctrica ‘La Charrería’ como una acción estratégica, sin señalar que su recurso de revisión llegó más de un mes después a las ventanillas de Semarnat, una acción tardía e incompleta. La acción presentada por el gobernador, se realizó el día 23 de enero, siendo que, después de cumplir con algunas prevenciones hechas por los Juzgados de Distrito X, XV y XVII en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo, el 20 de enero se dan por aceptados nuestros amparos y se otorga a nuestra comunidad por tres juzgados la suspensión de plano contra la termoeléctrica y los subproyectos relacionados a esta”.

“Es decir -afirman-, el Gobierno del Estado presentó su recurso después de haber sido notificados de que la suspendió nos fue otorgada, y como partes implicadas también a la Semadet y al Imeplan”.

Finalizan diciendo los habitantes de los cuatro poblados vecinos del río Santiago, que “hemos decidido venir a presentar una queja ante la CEDHJ, pidiendo que se reestructure la macro recomendación 01/2009, y que emita recomendaciones pertinentes para la atención extraordinaria en materia de salubridad general, la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria, así como el rechazo a cualquier proyecto que ahonde la problemática socioambiental de nuestros pueblos”.