Contaminación del Río Santiago también daña memoria y lenguaje: Exigen atención extraordinaria y urgente en materia de salud

Por Mario Ávila //

“Estamos tan dañados y hemos normalizado tanto la enfermedad, que no nos sorprenden por ejemplo la cantidad de infecciones en la piel, las infecciones en los ojos, las infecciones gastrointestinales e inclusive hemos podido leer en este estudio de la Universidad de San Luis, que el Gobierno del Estado ocultó durante 10 años, que hay un montón de afectaciones en los niños, en su capacidad de aprendizaje, en la memorización y hasta en el lenguaje, a causa del plomo que hay en el ambiente, en las inmediaciones del Río Santiago, el más contaminado del país y considerado un Infierno Ambiental”.

Así se expresó Rebeca Nuño González, activista de la asociación civil Un Salto de Vida durante una reunión con vecinos de las comunidades afectadas, efectuada en la población de Puente Grande, en donde se le proporcionó información a los habitantes sobre las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en donde se explicaron además los resultados científicos de los análisis aplicados a 330 niños y que el Gobierno del Estado ocultó por 10 años.

El riesgo en el que estamos las poblaciones río arriba -dijo-, obligan a estas medidas cautelares en donde vale la pena precisar qué es lo que están pidiendo, principalmente, que haya una atención extraordinaria y urgente en materia de salud.

Hay un riesgo muy fuerte por la contaminación -explicó-, pero también reconocen que hay un riesgo muy fuerte, porque no hay infraestructura necesaria en los centros de salud, ni los medicamentos para que se atiendan las enfermedades que estamos padeciendo a causa de la contaminación.

Y abundó: “Reconocen el cáncer y las enfermedades renales, pero hay un montón de enfermedades asociadas con estos químicos que están presentes en el ambiente, que por desgracia todavía no alcanzamos a adivinar cuáles enfermedades son”.

En la reunión a la que acudieron funcionarios de la Comisión Estatal de los derechos Humanos de Jalisco, también habló la líder social, Graciela González Torres, quien recordó: “Hace 15 años, miembros de nuestras comunidades, han tenido a bien participar y denunciar la grave situación de contaminación industrial, agropecuaria y doméstica que nos invade nuestro suelo, nuestra tierra, nuestras aguas, que ha sido lo más evidente y en los últimos tiempos, hemos recuperado la conciencia de la contaminación del aire. Esto ha logrado que la voz de muchos desesperados y esclavos de enfermedades, sean escuchados.

“Hace un mes, en este mismo lugar, se pudo evidenciar cómo es que todo lo que nos rodea está en un problema mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental, porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, el derecho de vivir donde queramos estar, sentarnos en las tardes a platicar con nuestros hijos y con nuestros vecinos, jugar en las calles, comer guamúchiles y morir en paz en nuestros pueblos. Nos han quitado el derecho a la subsistencia”, expuso.

Dijo que están obligados a conocer un estudio muy importante sobre la salud del medio ambiente y la salud de unos pobladores pegaditos al río y apuntó: “La Universidad de San Luis Potosí, después de 10 años pudo sacar de las entrañas del gobierno un estudio que podía demostrar que había  plomo, cromo, cadmio, lo que diario sabíamos que las fábricas echaban; pero ahora se pudo comparar con el cuerpo de muchos niños, lo mismo que estaba afuera, estaba adentro de los cuerpos de nuestros niños.

Por esta razón y en base a que el Estado, conociendo de este estudio decidió no actuar y no hacer nada, nos indigna ver a esos niños, que ahora son jóvenes y ver que muchos de ellos seguramente tienen problemas serios de salud. Hemos podido ya contactar con algunos. La mayoría de la población desconoce este estudio y esta es una entrada de información primaria.

“Es importante también mencionar que fuimos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y presentemos la exigencia de que queríamos que se nos atendiera, porque habían ellos desatendido todos estos 10 años, cometiendo como nosotros lo decimos, un crimen de estado; porque esa afectación a la salud se hubiera podido prevenir, esas fuentes de contaminación pudieron haber sido quitadas, pero hubo factores que aún no han respondido las razones, decidieron dejarnos morir.

“Esta es la denuncia, y el gobernador contestó el mismo día que estábamos allá, que él estaría mostrándoles a los dos días siguientes, a toda la gente que quisiera, todo el trabajo que él venía haciendo. Sin embargo, fuimos y lo que nos mostró es infraestructura hidráulica, es decir, plantas de tratamiento de aguas residuales de nuestras casas, en lugares que en el paso del tiempo tendrán algún beneficio en los cauces de agua del río Santiago, pero que en estos momentos no responden a la urgencia, a la gravedad y a la irreparabilidad del daño.

“Los que ya se fueron, cómo los vamos a recuperar, los que tienen problemas de salud muchas veces ya no hay marcha atrás en algunos casos; la denuncia es por habernos quitado la alegría y la felicidad de vivir en un territorio sagrado”, sentenció una de las dirigentes de la agrupación Un Salto de Vida, A.C.

Hubo en el encuentro gente de El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande, gente que han tenido la oportunidad de hablar y de irse acercando e irse conociendo poco a poco.

Pero también se hizo una precisión: “No buscamos dinero ni huesos, la invitación se lanza a toda la población para que se reúnan en el momento necesario, que busquen a alguno de los contactos para trabajar en colectivo”, sentenció Graciela González.

Testificó el encuentro, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, así como Fernando Zambrano Paredes, Coordinador de Seguimiento a Recomendaciones de la CEDHJ, quien expuso: “Nuestra visita aquí es para escucharlos, para estar con ustedes, para que sepan que en este problema que nos aqueja, no solamente a ustedes que viven en los alrededores del rio Santiago y en donde el problema está más agudo, que es en Juanacatlán.

“Hemos venido a decirles que no están solos, que tienen a la CEDHJ que ha estado al pendiente de esta grave problemática que los aqueja, sobre todo a la calidad de vida, a su salud, a los familiares que ya no están hoy con ustedes víctimas precisamente de esas enfermedades que desafortunadamente adquirieron. Estamos con ustedes aquí para darles la cara, para escucharlos, para atenderlos y para trazar la ruta a seguir en este tema tan importante en este tema tan agudo que es problema de todos, no solamente del gobierno, de la sociedad civil organizada, sino también de organismos autónomos como la CEDHJ”, sentenció.

LA ATACAN POR SER VOZ CRÍTICA

Graciela González Torres, ha sido agredida por las instancias oficiales y por algunos vecinos afines políticamente a ciertas expresiones partidistas, dejando entrever qué como funcionaria, ella colaboró en el daño ambiental, por lo que aclaró: “Les informo que trabajé en la administración pública en el Ayuntamiento Constitucional de El Salto en el período de enero de 2004 a diciembre del 2006 en la Dirección General de Ecología Fomento Agropecuario y Forestal. En ese lapso cumplí siempre con las respectivas atribuciones de acuerdo al Reglamento Municipal de Ecología, dentro de las cuales no le corresponde la facultad de autorizar cambios de uso de suelo, factibilidad, habitabilidad o permisos de construcción para fraccionamientos, instalaciones industriales o comercios. En particular el permiso de la construcción del fraccionamiento La Azucena, en El Salto, fue otorgado en el año 2000 según consta en las actas de cabildo del municipio”.