OPINIÓN
COVID-19: Un poder disciplinario para una sociedad estatizada
Educación, por Isabel Venegas //
¿Cómo es que ya estamos a unos días de entrar al pico más alto de contagio sin haber equipado bien a los hospitales y seguimos discutiendo con quienes quieren seguir paseando como cualquier día domingo?
Dice la frase: ¡Mientras haya salud, lo demás no importa! Otros ampliaron el refrán: ¡Mientras haya trabajo y salud, lo demás no importa!… mientras haya trabajo, salud y amor, etc.
Esta pandemia refleja el tipo de sociedad que habíamos tratado de organizar con un examen cuya calificación a veces nos honra y otras avergüenza. Muchos miedos nos acechan: si yo gasto mis recursos en llevar alivio a otros, no sé si el día de mañana vaya a tener para dar de comer a los míos; igual que un sector de la población apoya al gobierno federal en su postura de no adquirir créditos ni endeudamiento para rescatar a las micro y medianas empresas porque hay preocupación en que ese dinero termine siendo el FOBAPROA de 1990, por ejemplo.
Pero se viaja entre el miedo y la valentía, esa que lleva a pensar que no va a pasar nada, o por lo menos no tan grave si se va “tantito” a la playa, si nada más van una que otra vez al súper en familia, si piensan ir a comprar al tianguis o si de pronto se dan cuenta que han coincidido con otro centenar de personas en el Mercado del Mar; ya estando ahí pensarán para sus adentros: ‘¡No, no creo que me vaya a pegar algo, además ya me puse el gel antibacterial!’ Y tal vez enriquecido con un ‘¡En el nombre sea de Dios! O el ¡De algo nos tenemos que morir!’, se quedan, se forman, permanecen, no importan todas las advertencias, los mensajes, la policía y los cuerpos de protección civil apostados en la banqueta tratando de hacer un exhorto ante el peligro.
Lo mismo pasó en la carretera, el congestionamiento vial a las salidas de la ciudad fue enorme porque un proceso de información, revisión y motivación por parte de los cuerpos de seguridad, hizo que se generaran largas filas en los caminos a Vallarta, Chapala y Colima. Sin embargo, eso solo fue un pequeño obstáculo y finalmente siguieron su camino, muchos pensaron que en sus condominios de playa podrían continuar su aislamiento “nice”, y aunque el Gobernador del Estado lo había dicho con todas sus letras “¡No son vacaciones, quédate en tu casa! Las playas estarán cerradas”,… ellos dijeron ¡Vámonos! Turistas extranjeros y locales molestos porque se les estaba privando de su asoleada en la playa, mexicanos que exigían su paso a los lugares tradicionales, jaliscienses que no pudieron dejar de comer camarones y aguachile en viernes santo, y los walmart con controles a la entrada pero llenos a su interior de familias con niños, comprando botanas y juguetes.
La plataforma de Google a través de su registro de ubicación, presentó un informe sobre los nuevos comportamientos a partir de la solitud de aislamiento social en el que mostró a países como Italia, cuya población ha reducido su desplazamiento por tiendas, farmacias, parques, lugares de recreación como cines, restaurantes, etc. en casi un 84%, pero por el contrario México se ubicaba en las últimas posiciones empatado con Estados Unidos con un 35.4%.
Este no es un fenómeno que hable solo de ignorancia y egoísmo al ver que la gente se sigue saliendo sin ninguna protección y orden a la calle; en tanto evidencia el poder de legitimación de argumentos como el que leyó en un post, donde dice que ese virus fue creado en un laboratorio y que lo único que tratan de hacer los grandes corporativos es tener el control mundial de las empresas, asumen que solo es una artimaña y ellos no están dispuestos a perder las vacaciones de semana santa por algo que finalmente se parece mucho a una gripe. Ahí no estaba el sector que no podía dejar de trabajar porque vive al día, ni tampoco era la población más carente de formación o de recursos para amortiguar la crisis.
Sabíamos que si la gente se iba a la playa los que la iban a llevar más fea eran los cuerpos de seguridad, entrenados para que de manera respetuosa, “obliguen” a los ciudadanos a cumplir con su propio mandato de preservar la vida. Pongamos un caso que nos sirva de paralelismo ¿Recuerdas cuando en Tlahuelilpan, Hidalgo se hizo una extracción de gasolina a uno de los ductos de Pemex? No todos eran huachicoleros, había incluso quienes estaban en la toma clandestina nada más por aprovechar la ocasión o por curiosidad.
Aquel día el ejército llegó al llamado de alerta, el sistema había reportado que se estaba fugando el combustible y que debían detenerlo, pero cuando estuvieron ahí vieron que era mucho mayor el peligro que el costo del material. Comenzaron a exhortar a la población para que se retirara, la gente se burlaba o simplemente los ignoraba en tanto llenaban los galones y los subían a camionetas impregnando sus propios cuerpos de un material altamente flamable. En Facebook y whatsapp corría la notica entre los pobladores de la zona y muchos llegaron porque había un mensaje “la gente se está desmayando por el olor a gasolina”; eso hizo que más personas fueran porque sonaba interesante.
Finalmente a dos horas de estar los militares ahí, la tragedia sucedió; el número de muertos jamás contado en un fenómeno de este tipo en nuestro país y no sé si en el mundo: 137 fallecidos y casi 200 huérfanos fue el saldo de una tragedia que escalofrió por unas escenas desgarradoras y aterrorizantes. Ahí había estado la autoridad y lo había tratado de contener. En el video grabado por los mismos pobladores se escucha a los miembros del cuerpo de policías decir: “¡No vaya a explotar esa madre!”, mientras es ignorado, “¡Ey señores aléjense, les va a ser daño tanto respirar eso!”, refiere otro elemento militar.
Pero cuando la toma explotó y hubo que contar a las víctimas e identificar a los cuerpos, comenzaron los reclamos: “el ejército debió contener a la muchedumbre, era su trabajo” denunciaba familiar de un fallecido. «Únicamente había tres carros del Ejército y no hacían nada, dejaban que la gente entrara, no hubo un plan de contingencia que no los dejara pasar«, expuso otro ciudadano. Ese día reportaron que el chorro de gasolina se elevaba entre 5 y 6 metros de altura, la cantidad de personas superaba a los 800 y mil en los primeros 40 minutos. ¿Necesitaba alguien explicar que las medidas de precaución eran de vida o muerte?
¿Cuál sería la logística y estrategia que el ejército o cualquier cuerpo policiaco debiera implementar desde la perspectiva del control de seguridad cuando con 25, 50 o 100 elementos pretende someter a 1000 ciudadanos?, quienes por cierto, desde el momento en que salieron de sus casas ya iban con la mentalidad del todo por el todo. ¿Estamos los ciudadanos conscientes de lo que significa asumir ese tipo de intervención?
Muy seguramente los vacacionistas que se lanzaron al puerto de Vallarta empacaban sus maletas mientras pensaban, “pues a ver si no nos damos un tiro con la policía”, o los del complejo turístico de Los Veneros cuando pidieron un helicóptero para escapar de la cuarentena en la que los habían encerrado “ustedes no nos pueden retener aquí, es nuestro derecho estar en casa”…
Pareciera que un chorro de gasolina se eleva y está a punto de prender en nuestros hospitales mexicanos, y ya sea por necesidad, curiosidad, por retar a la vida o por rebeldía, no estamos colaborando con el servicio médico a través del aislamiento social; cada vez más se escuchan las voces exigiendo la acción de autoridad para que someta por la fuerza a quien no preserva su propia vida, la de los seres queridos o la misma organización social que hemos logrado; pero de ser así habría una doble contingencia porque ¿cómo nos vamos a reponer después de esta pandemia, si ni siquiera para la cuarentena hemos podido contestar con orden y contención?
Hoy la libertad corre el mismo peligro que la salud, y el dinero…, entonces espero que sí nos quede el amor.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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