– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza

¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.

Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.

Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.

Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.

La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.

Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.

Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.

En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.

Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.

La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.

El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.

A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.

Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.

– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.

Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.

Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.

Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.

Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.

Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.

Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.

Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.

¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.

Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.

Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.

En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!

Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.

Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.

El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.

La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.

¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?

Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!

En X @DEPACHECOS

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

Manual para entender la “clase” política: Todo lo que pregonan como verdad, indefectiblemente, es mentira. Todas sus mentiras, por decreto oficial, son la pura verdad. Sus mentiras deben ser admitidas como verdades… Para eso son los que mandan.

Cuando un político dice una verdad, es porque “se le salió”. En psicología se llama “lapsus linguae”, en el barrio “lapsus mensus”. La realidad “real” no existe. Solo la realidad de los gobernantes es la que debe admitirse como tal o hay peligro de cárcel, en el mejor de los casos.

Las mentiras repetidas todas las mañanas, en todas las giras, en TikTok, en todos los medios, deben ser adoptadas como verdades. Es necesario reafirmar miles de veces, con “personal” automatizado, que la óptica gubernamental es la única verdad verdadera.

La verdad del pueblo es la que “la mayoría” quiere; es la que no admite otras verdades de segmentos o partes de la sociedad. Esa verdad puede ser inducida, manipulada o dictada.

La verdad del pueblo es la que quienes manipulan a las mayorías decretan, para que las mayorías la asuman como si proviniera de ellas. Las mentiras de quienes ejercen el poder son, a lo sumo, “piadosas”; las verdades de los opositores “no son ciertas; son venenosas, vengativas, nomás para ver lo negativo”.

Las evidencias que revelan verdades non gratas a los intereses de quienes ostentan el poder son “falsas”. Los poderosos no admiten que se les exhiba. Para remediar esas “mentiras”, llevan al cabo juicios legales que les eximan incluso de delitos. Para eso tienen al aparato judicial a su merced u otras maneras no tan “delicadas” para que los “mentirosos” rectifiquen sus infundios.

Los gobernantes ofendidos con verdades inocultables se escudan en la máxima aquella de “el tiempo cura todo y la memoria colectiva es flaca”. Por ello, la protección de su camarilla cuando son descubiertos sus delitos es fundamental.

Además, claro, como decía el eminentísimo secretario de Estado, José Fouché, “hay que saber dos o tres secretillos de los poderosos, porque une más la complicidad que la sangre”. O lo que es lo mismo: me cubres, me proteges o te llevo al baile conmigo.

Los delincuentes de “elección popular” y los de “cuello blanco” tienen ya su cártel establecido. Se agrupan en varias familias para repartirse los territorios, cámaras y secretarías desde donde ejercen su poder para delinquir con la máscara de ser “representantes populares”.

Intercambian poderes con los mafiosos multimillonarios —gracias a los negocios turbios que efectúan—; ambos tienen injerencia en la política y en los negocios ilícitos. Es decir, no se sabe dónde comienzan unos y dónde terminan los otros.

Las verdades a medias no son verdades, suelen ser mentiras. El lenguaje cantinflesco de los políticos apunta siempre a confundir con sus verdades a medias que encubren mentiras completas. Sus galimatías no son entendidos ni por ellos mismos y, en caso de ser así, es siempre en favor de sus “verdades”.

Las mentiras de los gobernantes solo son creídas por quienes sienten que tienen la obligación de creerlas; los hay convenencieros, cómplices, ingenuos y fanáticos; estos creen que su deber es hacer creer a los incrédulos las mentiras, que muchos de ellos saben que lo son, pero que ansían que deben ser la verdad, por así convenir a sus intereses o por simple orgullo de “ser parte de un proyecto” …Mentira, que deben defender a capa y espada. Su mentalidad semeja la de rebaño de una iglesia cuyos pastores pueden pedirles, incluso, que se quiten la vida “porque así lo quiere el todopoderoso”.

La verdad de los políticos es relativa: para el pópulo es una, para los “patrones” es otra y para los superpatrones, una muy diferente. El “trabajo” de los gobernantes, de casi todos los políticos, es hacer que confluyan todas las verdades para “unificar criterios”. Que las verdades oficiales sean difundidas por todos los correligionarios.

Las mentiras “de los opositores” son siempre “falsas verdades” y, si tienen pruebas veraces, habrá que demeritarlas inmediatamente, descalificando, recurriendo a la amenaza, con demandas cínicas y jueves venales que les dan la razón o violentando verbal o físicamente a quienes se atreven a considerar “mentirosos” a los “semidioses” que habitan temporalmente en el Olimpo del poder circunstancial.

Para entender a los políticos mentirosos, solo basta traer al presente sus diatribas pasadas; sus alegatos añejos, cuando no tenían más poder que el de su lengua viperina; el de sus verdades que buscaban desenmascarar a los mentirosos que ocupaban los lugares donde hoy están instalados quienes eran los adalides de las verdades incómodas y que hoy se irritan cuando les demuestran que están igual o peor que los mentirosos del pasado.

Las verdades oficiales, se puede corroborar desde siempre, son mentiras públicas que suelen ser toleradas por pueblos complacientes, cómplices, incluso, porque quienes las dictan pueden incluso terminar con la vida de quienes no se tragan los mitos oficialistas.

Esta es la impronta del sistema mexicano político que se heredó después de que la Revolución se bajó del caballo, de los trenes, y se puso saco y corbata.

Cada uno que crea lo que quiera, pero la verdad es única e inobjetable. Lo demás es una vil mentira. Y la mentira solo conduce a falsedades, hipocresías, disimulos y simulaciones que degradan más a la sociedad que a los políticos mismos, puesto que la política por estos lares es sinónimo de mentira, falsedad, hipocresía y fingimiento. Si la sociedad no combate esas mentiras “verdaderas”, entonces tiene lo que merece.