ENTREVISTAS
Se preparan en Puerto Vallarta para reiniciar actividades: En la reactivación los hoteles prescindirán de 50% de su personal
Por Diego Morales //
Uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus a nivel mundial es el turístico y Puerto Vallarta en Jalisco que prácticamente depende del 100 por ciento de este sector, se encuentra en situación deplorable después de más de dos meses de estar cerrado a toda actividad.
En la reactivación que tendrá el sector hotelero, prescindirán muy probablemente del 50 por ciento de la planta laboral, al entrar en un proceso de ajuste obligado por las circunstancias.
“Estar dos meses sin ingreso es una gran afectación y que exige un ajuste en la planta laboral”, señala Gabriel Igartúa, director general del Hotel Las Palmas y quien ha sido presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, fue presidente de la Coparmex y de la Asociación Mexicana de ex presidentes empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
“La afectación no nada más ha resultado para la industria y los empresarios, sino también para la sociedad y sus trabajadores. Los trabajadores de la industria dependen también de las propinas que se han visto afectados por el cierre y recorte de la temporada”, explica Gabriel Igartúa en entrevista con Conciencia Pública.
Tienen claro que el virus llegó para quedarse y para poder hablar de retorno a la normalidad, “se trata de una nueva normalidad, lo normal que conocimos antes de esta pandemia, ya no será igual”, señala el Director General del Hotel Las Palmas.
La nueva realidad los obliga a poner énfasis en los factores que exigirá la prevención y con esa lógica han hecho análisis de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud para la implantación de los protocolos que será la nueva norma para los visitantes en todos los centros de esparcimiento. La sana distancia en hoteles les indica posiblemente que el nuevo 100 por ciento de ocupación a lo mejor es de 60 por ciento y que demandará ser más eficientes.
LA ENTREVISTA
¿Cuál es tu visión de lo que pasa en Puerto Vallarta con esta epidemia? Las zonas turísticas son las que más han sufrido…
“En estos momentos Puerto Vallarta se encuentra después de estar cerrado desde el 13 de marzo, en condiciones deplorables, no nada más para la industria y los empresarios, sino para su sociedad y trabajadores”.
“Nuestro principal compromiso es dentro de nuestras posibilidades hacerle frente a las demandas que a veces suenan a intransigentes de los sindicatos laborales, que estamos haciendo un llamado a que ellos mismos sean conscientes que esta no es una situación provocada por las empresas ni es momento de polarizar, generar una confrontación en relaciones laborales que muchas veces llevan más de 50 años en buena posición, por querer justificar ante los trabajadores algo que no es lograble, los empresarios estamos comprometidos con nuestros trabajadores a generar los ajustes que desgraciadamente se tienen que hacer de nuestra fuerza laboral, basado en los principios primero de la factibilidad de los recursos que existen, que ya se planeó para reactivar la economía, la apertura de los hoteles y restaurantes de acuerdo a como se venga dando, esto no será inmediatamente un cien por ciento, lo que nos exige hacer un ajuste de nuestra fuerza laboral, entender que tenemos que hacer ofertas a los trabajadores que permitan cumplir con ellas, tenemos lo que tenemos y todos estamos sufriendo, tener dos meses sin ingresos es una gran afectación. Los trabajadores de la industria también dependen mucho de las propinas, estas se han visto afectadas con el cierre y recorte de la temporada invernal”.
Esta parálisis de casi dos meses, ¿qué ha pasado con el sector laboral?
“Ha sido un tema que se ha tocado en espacios particulares, dentro de las posibilidades de cada una de las empresas, en cada una las negociaciones que se tienen que hacer, con una gran responsabilidad y consternados de tener que enfrentar una situación en la que sabemos que los más afectados son nuestros colaboradores, que tienen salarios de día a día, muchos de ellos con acceso a propinas que lo vieron perdido, no se terminó de cerrar la temporada con semana santa y pascua, que era una gran expectativa”.
“Se ha venido manejando de manera particular, creemos que la afectación para poder reabrir generará prescindir en un principio de las bases laborales hasta quizá un 50 por ciento, lo cual nos obliga a buscar cuidar la salud, la imagen del destino, para que esa reactivación no sea contraproducente, que obligue a un cierre que no aguantaríamos, no aguantaríamos otros 30 días de cierre, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni la sociedad vallartense”.
El tipo de turistas que suelen ir a Puerto Vallarta son nacionales y extranjeros. Seguramente el extranjero no tendrá tanto movimiento a corto plazo, ¿qué estrategias están considerando para que el daño ya no sea tan alto?
“Lo primero es ser conscientes que para reactivar en su totalidad el destino, inclusive con el turismo nacional e internacional, la prioridad es poner a funcionar y establecer los protocolos que tendrán que capacitarse a todo el personal, ponerse a funcionar para evitar el contagio, que esto genere una imagen de seguridad, que genere una imagen de confianza, que haga a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el destino donde puedan venir en confianza.
En este sentido, tenemos una posición geográfica que nos pone en ventaja, porque tenemos la conectividad terrestre, estamos seguro que el mercado nacional vendrá reaccionando escalonadamente a la necesidad de vacacionar, esto tendrá que ser con mucho cuidado, no podemos apurar los destinos turísticos, así dar la oportunidad a la temporada invernal que es cuando viene en su mayoría el turismo internacional recupere la confianza en los destinos y también la conectividad, porque aunque quieran venir no tienen la posibilidad de restablecer sus vuelos”.
Una apertura gradual de cada negocio se irá dando, ¿qué apoyos les ha ofrecido el gobierno o qué esperan ustedes para que la carga no sea tan pesada?
“Es claro que con el gobierno federal existe cero disposición, cero apertura, cero comunicación, desde su liderazgo por el ejecutivo. Tenemos un secretario de turismo que en su momento podríamos haber pensado que era ideal, por haber sido hotelero, turistero, pero viene siendo igual una demagogia constante, un mandar cifras, nunca ha presentado desde que se incorporó a la responsabilidad un plan estratégico de cómo iba a ser el turismo, sin embargo las acciones fueron agresivas, paciera para eliminar la industria, al eliminar los medios de difusión, con mentiras que no se iba a gastar dinero público en la promoción de negocios”.
“A nivel estatal hemos estado activos, platicando con el secretario Germán, está enterado, ha estado en contacto para canalizar la inquietud al gobierno del estado de reactivarnos, estamos mucho en contacto por ser una metrópoli de todas las condiciones, que se empiezan a homologar los sistemas de prevención como los sistemas de servicios que se tienen que dar, tanto de un lado como del otro, ahorita no existe una homologación entre Nayarit y Jalisco. La comunicación ha sido de apertura, de escucharnos y permitir que se hagan las justificaciones que se tienen que hacer para una apertura sana. La economía en Vallarta depende al cien por ciento del turismo, se paralizó el pueblo, eso nos permite ser más conscientes que los planes de trabajo deben permearse a la autoridad, debe ser más receptiva, para tener un destino que atienda lo social, pero también el ámbito de lo que nos da de comer que es el turismo”.
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
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