– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

En la historia de la política internacional, las decisiones económicas suelen asemejarse a partidas de ajedrez: cada movimiento no solo busca ganar terreno en el presente, sino también anticipar jugadas futuras que podrían definir la victoria o la derrota.

México, con el anuncio de aranceles de hasta un 50% a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales —particularmente China—, ha hecho una jugada que puede parecer arriesgada, pero que revela un cálculo estratégico más amplio: equilibrar una balanza comercial desigual y, al mismo tiempo, alinearse con el tablero donde Estados Unidos y China libran una guerra cada vez más abierta.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado la medida bajo dos argumentos centrales: primero, la necesidad de equilibrar la balanza comercial con China, que hoy refleja una brecha difícil de ignorar; y segundo, el impulso del llamado Plan México, su proyecto estrella para transformar la economía y fomentar la producción nacional.

Visto desde esa óptica, el arancel no es un simple impuesto, sino un muro de contención frente a la dependencia excesiva de productos chinos y, al mismo tiempo, una palanca para reconfigurar las cadenas de valor en territorio mexicano.

El gesto tiene también una lectura geopolítica. Estados Unidos ha reactivado una estrategia de confrontación comercial contra China y la Unión Europea ha hecho lo propio. México, tercer socio comercial de Estados Unidos y pieza clave en la industria automotriz de Norteamérica, no podía permanecer neutral. Imponer aranceles de este calibre es enviar una señal de lealtad estratégica a Washington, asegurando que México no será el eslabón débil en la cadena norteamericana.

La analogía podría entenderse si imaginamos un puente colgante sobre un río. Durante décadas, México ha cruzado ese puente que fue construido con materiales chinos y que servían de soporte a la industria nacional. Ahora, la decisión de elevar aranceles implica retirar varios de esos tablones y reemplazarlos con productos propios o con piezas de otros socios.

No es una tarea sencilla. Estos cambios en un inicio podrían debilitar el puente, pero esto se hace con la finalidad de consolidar la estructura y hacerla menos dependiente de un solo proveedor.

Los críticos señalan que el golpe puede resultar contraproducente. La industria automotriz mexicana, uno de los grandes motores de la economía, ha construido buena parte de su competitividad sobre la base de insumos chinos.

No obstante, esta medida podemos verla desde otra perspectiva y no solo como una medida para eliminar de golpe la presencia china, sino que esta busca generar incentivos para que la inversión y la producción se instalen en territorio mexicano o en países con reglas más claras.

Esta jugada puede entenderse también como una apuesta al futuro del nearshoring, el fenómeno que ha llevado a empresas globales a trasladar operaciones de Asia a países más cercanos al mercado estadounidense. México, por su ubicación geográfica y su red de tratados, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos.

Para capitalizar esa ventaja era necesario enviar una señal firme: que el país está dispuesto a reordenar su comercio exterior y a reducir su dependencia de un socio con el que no comparte compromisos de largo plazo.

No obstante lo anterior, en lo político, México también gana margen de maniobra. Al mostrar una postura clara frente a China, fortalece su posición en la relación con Estados Unidos, con quien compartimos más que fronteras. Recordemos que, en el contexto sociopolítico actual, el T-MEC exige disciplina y coordinación en temas comerciales, especialmente en la industria automotriz, que es clave tanto en México como en Estados Unidos.

El reto, sin embargo, será enorme. La transición hacia cadenas de suministro menos dependientes de China implicará costos de corto plazo, ajustes en la industria y tensiones con empresarios acostumbrados a la eficiencia y el bajo precio de los insumos chinos.

Pero en la economía, como en la vida, no siempre se trata de elegir el camino más fácil, sino el que garantiza mayor estabilidad y desarrollo a largo plazo. Si el Plan México logra que las fábricas, en lugar de importar piezas, empiecen a producirlas en territorio nacional, la apuesta habrá valido la pena.

Imaginemos por un momento la industria del automóvil como un gran árbol. Sus raíces se extienden en múltiples direcciones: hacia Estados Unidos, hacia Europa y, en las últimas dos décadas, con fuerza, hacia China. Lo que hoy propone el gobierno mexicano es podar algunas de esas raíces para que el árbol no dependa en exceso de un solo suelo.

Es verdad que hay incertidumbre. Nadie puede asegurar que los aranceles funcionarán como palanca de desarrollo interno y no como un freno a la producción. Nadie puede anticipar hasta qué punto las tensiones con China podrían derivar en represalias.

Pero lo que sí es claro es que seguir con una dependencia de 130 mil millones de dólares en importaciones de China, frente a apenas 15 mil millones en exportaciones de México, es caminar sobre una cuerda floja demasiado delgada.

México está intentando, con esta decisión, dejar de ser un simple espectador en la guerra comercial de Estados Unidos contra China, para convertirse en un jugador que elige con quién y cómo quiere relacionarse. El Plan México puede ser la brújula que oriente esta transición, y los aranceles, la herramienta que marque el rumbo.

No se trata de cerrarse al mundo, sino de abrirse de manera más inteligente, cuidando que el intercambio económico no se convierta en una relación de dependencia.

Al final, lo que está en juego no es solo la balanza comercial con China ni la competitividad de la industria automotriz, sino la posibilidad de que México aproveche este momento de reconfiguración global para fortalecerse como un país capaz de producir, innovar y sostener su crecimiento sin depender de los caprichos de una sola potencia. El puente que hoy tambalea puede convertirse, si se refuerza con visión, en la vía sólida hacia un futuro de mayor autonomía económica.

– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En Jalisco, la máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara (UdeG), además de ser una institución que forma a miles de profesionistas, posee una red universitaria transversal de gran relevancia a nivel internacional. Esta red cuenta con numerosas empresas universitarias, una de las plantillas laborales y docentes más amplias y un alumnado de millones de estudiantes.

La UdeG, con su gran poder y liderazgo, podría “voltear de cabeza a Jalisco con su rugido” y ser escuchada en todo el país. Sin embargo, a pesar de ser un león titánico, sus divisiones internas son su peor enemigo.

En este sentido, durante la semana han existido brotes de violencia y alzamientos de voz por parte de grupos que se autodenominan estudiantes. Sin embargo, estos grupos generan actos de violencia, no definen claramente su lucha y titubean al expresar sus verdaderas inconformidades. Sus discursos carecen de demandas específicas que indiquen la real problemática por la que toman los centros universitarios e intimidan a quienes se encuentran dentro del entorno universitario.

La violencia ha surgido dentro de los mismos “leones”, ya que las camisetas que usan son las mismas. Sin embargo, estos grupos «desequilibradores» actúan como en los viejos tiempos de las luchas estudiantiles. Aunque la libre expresión es democrática, pareciera que con su mensaje buscan que las líneas y grupos de poder internos de la universidad, o incluso los estudiantes que no participan, adivinen quién o quiénes iniciarían una revuelta al estilo de los ochenta.

Al final, la UdeG, como una «ciudad-Estado» dentro de Jalisco, vive hoy sus propias dinámicas de poder, conflictos y alianzas. Su “león” podría ser invencible, pero las luchas divisorias impiden que su potencial se desate por completo en el ámbito público y político.

Se dice mucho que estas acciones buscan generar espacios en el Consejo General Universitario, el máximo órgano rector de la casa de estudios. Otros argumentan que el objetivo es evidenciar la tibieza política con la que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) mantiene su presencia interna.

Una tercera versión sostiene que son luchas provenientes del exterior, atribuidas a los dos partidos políticos que, en sexenios anteriores, le daban voz y poder político a la UdeG en el Congreso del Estado, logrando posicionarla en puntos estratégicos. Hoy, estos partidos ya no tienen registro y buscan nuevos liderazgos, que evidentemente no serán para quienes encabezan estas pseudo-luchas estudiantiles.

La verdad de antes y la de ahora es la misma: perfiles de poder lanzan a grupos de vanguardia, su punta de lanza, para avanzar en sus posiciones ofensivas. El objetivo principal es la política, minar las estructuras existentes, abrir espacios en lugares estratégicos y obtener poder.

La pregunta es: ¿será para el beneficio de toda la comunidad universitaria o para crear otro “cenáculo” de poder? Los tiempos han cambiado. La ética social y colectiva debe ser producto de los aprendizajes de la comunidad estudiantil, no regresiones al pasado.

Esta no es la misma era en la que los derechos eran exigidos de manera menos consciente. Hoy en día, las demandas genuinas se notan. Por ello, si las protestas actuales, acompañadas de actos de violencia, carecen de legitimidad, es porque lo que se busca es el posicionamiento interno dentro de la institución para beneficio propio, en lugar de servir al interés común de la comunidad de los «Leones Negros».

En conclusión, si bien es cierto que la historia de la Universidad de Guadalajara y sus federaciones estudiantiles, su posición de poder político y su presencia en los poderes del Estado la han posicionado como una comunidad universitaria poderosa, también lo es que su rugido debe ser unísono.

La UdeG debe rugir por las luchas sociales existentes, pronunciándose con un “no” al acoso sexual y al bullying, así como a los docentes que carecen de la capacidad, la ética moral y profesional. Debería impulsar la revisión de perfiles de quienes ocupan puestos de liderazgo, administrativos o docentes, para identificar trastornos de personalidad que generan violencia. Un “no” rotundo a la discriminación, a la corrupción generalizada y a la violación de derechos humanos en la entidad.

El “no” más crucial que el “León Negro” debe rugir en Jalisco es a la cultura del narcotráfico y, con aún más fuerza, a la desaparición de personas. Si bien su poder político es innegable, la Universidad de Guadalajara, consumida por luchas internas, no cumple las expectativas de una sociedad que espera ver a su gran institución educativa usar su influencia para el bien común en lugar de para el beneficio de cúpulas. La UdeG tiene el poder de enfrentar los problemas sociales más graves, pero su fuerza se diluye en conflictos que no sirven al pueblo de Jalisco.

– Opinión, por Iván Arrazola

Uno de los dilemas que enfrentó Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder fue cómo conformar un equipo capaz de implementar sus proyectos de gobierno y, al mismo tiempo, mantenerlo bajo estricta vigilancia para evitar actos de corrupción. La respuesta la encontró en dos instituciones con fuerte disciplina interna: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

A ellas les atribuyó un rasgo casi incuestionable: la incorruptibilidad. Sin embargo, los recientes escándalos revelan que esta premisa, presentada como garantía de eficacia y honestidad, no era más que un mito que hoy comienza a desmontarse.

A la primera le encomendó la ejecución de sus obras emblemáticas, como la construcción del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. A la segunda, le otorgó la administración y el control de las aduanas. Esta última decisión generó fricciones con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien no estuvo de acuerdo con que los militares asumieran esas tareas.

La lógica detrás de esta decisión obedecía a que López Obrador no confiaba en otros perfiles para desempeñar estas funciones. Argumentaba que la verticalidad de las Fuerzas Armadas garantizaba rendición de cuentas directa y control absoluto ante cualquier anomalía.

Sin embargo, ese mito comenzó a resquebrajarse con el anuncio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de huachicol fiscal operada por elementos de la Marina. Los principales responsables eran los hermanos Lagunas Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Desde sus primeros años en el poder, López Obrador dejó claro que privilegiaba la confianza personal por encima de la capacidad técnica en la selección de su equipo. En este caso, la narrativa de incorruptibilidad se derrumbó.

Aunque poco se sabe más allá de lo que han declarado las autoridades, hay antecedentes que permiten entender la magnitud del problema. El periodista Carlos Loret de Mola había publicado en 2022 una columna en la que señalaba a los sobrinos de Ojeda como operadores de una red de huachicol. No obstante, la publicación fue desestimada por ser un periodista incomodo.

El reto mayor ahora es deslindar al expresidente López Obrador de este escándalo. Según las declaraciones de García Harfuch y Gertz Manero, el propio Rafael Ojeda había denunciado a sus sobrinos dos años antes y solicitado que se les investigara. Por otro lado, las autoridades han insistido en que se trataba de “unas cuantas manzanas podridas”, y no de una institución infiltrada por redes de corrupción.

Para dar coherencia a su versión, explicaron que las órdenes de aprehensión se giraron hasta este año porque se necesitaban más pruebas, las mismas que llegaron con la incautación del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, cargado con 10 millones de litros de combustible ilegal, y con la detección de otros 8 millones de litros en un predio en Ensenada.

No obstante, las dudas persisten: ¿se informó al presidente de la denuncia original?, ¿qué medidas se tomaron para limitar el poder de los sospechosos?, ¿cómo fue posible que uno de los sobrinos ascendiera en su carrera naval mientras era investigado?

La administración de Claudia Sheinbaum busca deslindar a López Obrador y a su secretario de Marina del caso, aunque reportajes periodísticos y la presión de Estados Unidos sugieren que México fue alertado con anticipación y actuó solo tras insistencia de Washington.

El mayor desafío para el actual gobierno es desmontar definitivamente el mito de la incorruptibilidad militar. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, particularmente en la administración de aduanas, parece haberse salido de control. A ello se suman las muertes sospechosas de elementos vinculados de alguna manera con el caso.

La insistencia en eximir de responsabilidad a López Obrador y a Ojeda puede interpretarse como un intento de encubrir a la administración pasada. Por ello, sería prudente que el gobierno de Sheinbaum, como ella misma ha declarado, esperara a que concluyan las investigaciones antes de exonerar públicamente a alguien.

El otro gran reto es decidir qué papel tendrán las Fuerzas Armadas en adelante: ¿seguirán ocupando funciones civiles estratégicas o se dará un proceso de devolución de atribuciones a manos civiles? Después de la magnitud de este escándalo, resulta difícil justificar que la Marina mantenga el control de las aduanas.

En última instancia, aunque Sheinbaum insista en que el combate a la corrupción será frontal, mientras México no cuente con un sistema robusto de instituciones independientes que investiguen y sancionen estos casos, sus esfuerzos serán percibidos más como actos de voluntad política que como transformaciones de fondo.

Y un país sin contrapesos, más allá de discursos o promesas, sigue siendo vulnerable frente a la corrupción estructural que, en su momento, el líder moral de la 4T proclamó haber erradicado.