Urge una ley de designaciones públicas: Ilegal e ilegítima, la designación de consejeros de la judicatura, dice David Gómez Álvarez

Por Mario Ávila //

“Ilegal, porque ignoró los términos de la propia convocatoria emitida por el Congreso del Estado y en ese sentido se faltó a las reglas del juego que el mismo poder Legislativo puso; e ilegítima, porque existía la expectativa y el compromiso de designar a los mejores evaluados tanto en el examen de conocimientos que realizaron las universidades, como en la propia evaluación que realizó el Comité de Participación Social” (CPS).

Esta es la argumentación de David Gómez Álvarez, integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción, sobre el método que utilizaron 9 diputados del PAN y 16 legisladores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para designar como nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura a Claudia Rivera Maytorena, como consejera juez, y a Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz, como consejeros ciudadanos, pese a que los tres reprobaron el examen de conocimientos.

En el calificativo de ilegítima, Gómez Álvarez recordó que había un compromiso y una expectativa de que se habría de elegir a los mejores “y por tanto los designados que no tenían buen perfil, que no estaban ente los mejores, que incluso habían reprobado con mucho las evaluaciones, convierten al suceso en una elección ilegítima.

“Y a mí me parece que en este contexto urge una ley de designaciones públicas, que es parte de la reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción en donde básicamente se plantea, que si bien el Congreso debe mantener su facultad de nombrar a integrantes de organismos públicos autónomos o del Poder Judicial o de otros encargos públicos que le competen, ésta facultad debe de ir acompañada con criterios, mecanismos e instancias con responsabilidades muy claras, para evitar justamente que la lógica de cuates y cuotas, la lógica de que la partidización de las decisiones, sea la que se imponga.

“Con este tipo de determinaciones todos pierden, salvo los que metieron a sus allegados, pero en general el Estado pierde porque no fueron los mejores, porque no van de manera libre y autónoma a ejercer su posición, porque tienen compromisos ocultos con los que los llevaron hasta esos encargos por la vía de la designación y en ese sentido el propósito ulterior de lograr justicia y que pasa por sanear la Judicatura, que es la instancia no solo de administración de los recursos de todo un poder público, sino de control y disciplina de los jueces que dictan sentencias y en ese sentido la necesidad de sanear, de abrir, de oxigenar a la Judicatura, se ve truncada con tres nombramientos que desde luego no son los mejores, sino que su cercanía y sus vínculos con algunos actores del poder los hacen actores que no son idóneos para el cargo, que es justamente lo que establece la norma”, apuntó el académico.

David Gómez Álvarez, a la vez analista e investigador en temas de rendición de cuentas y apertura gubernamental, advierte que está vigente la posibilidad de la impugnación para meter reversa a esta designación y detalló: “Por supuesto que existe la posibilidad de interponer un recurso legal para echar atrás la determinación, pero esto sería por la vía de los afectados directamente como son los aspirantes que no fueron designados a pesar de haber obtenido una mejor calificación, por supuesto pueden también interponer el recurso los terceros involucrados, como pueden ser otras instituciones del sistema estatal anticorrupción o diversos agentes o actores que se vean afectados.

“Pero a la vez existe la vía política y mediática para seguir insistiendo en la necesidad de reponer el proceso dado lo desaseado, lo cuestionado y lo controvertido del proceso, y eso no lo digo solamente a título de quien esto opina, sino que hay una condena unánime de la opinión pública, de los principales actores del estado, la iniciativa privada, las universidades, los colegios de abogados, las barras de litigantes, los comunicadores, todo mundo está en desacuerdo en cómo hicieron esta maniobra para la designación.

“Por ello, seguramente se habrá de seguir insistiendo para que repongan el proceso, aun cuando ya tengan derechos adquiridos los nombrados, creo que así como los persuadieron para llegar en la madrugada y tomar protesta sin tener el perfil, de igual manera los pueden convencer, los mismos que los promovieron, para que se desistan del cargo y se sometan a la evaluación equitativa y competitiva con todos los aspirantes”, planteó.

HAY RIESGO DE QUE ESTO SE REPITA

Sobre la posibilidad de que este tipo de anomalías se repitan una y otra vez en lo que resta del año con esta conformación de la LXII Legislatura local, quien fuera Subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado, en tiempos del priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, expuso: “ Por supuesto, desde luego que hay un riesgo altísimo, superior al que había, si antes estaba latente ese riesgo, hoy está confirmado; más bien habría que esperar lo mismo y no tanto lo contrario”.

Vale la pena recordar que dentro de las designaciones que habrá de realizar el Congreso del Estado destacan en el mes de julio una posición como Consejero del ITEI; en otoño se renueva una posición en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción; un nuevo miembro del Consejo de la Judicatura en octubre y 9 posiciones de magistrados del Supremo Tribuna de Justicia de Jalisco.

“Por lo tanto, por la vía jurídica, política, mediática y por todos los recursos posibles, haremos lo necesario para que rectifique el Congreso y nos aseguremos como sociedad de que esto jamás vuelva a ocurrir”, expuso Gómez Álvarez.

YA HAY DENUNCIA

Y lo que se veía venir, ocurrió. Ya hay denuncia, en primera instancia se interpuso ante el órgano de control interno del Congreso del Estado, en donde se alude la comisión de “faltas graves” en el proceso de selección de tres nuevos integrantes.

El autor de la querella es el abogado Gabriel Valencia López, uno de los aspirantes al cargo de Consejero Ciudadano y fue recibida el pasado 23 de junio por Giovanni David Maldonado Camacho, Jefe de Investigación de dicho órgano de la LXI Legislatura local.

El punto que es la clave de la denuncia tiene que ver con una de las bases de la convocatoria en donde se menciona, que para ser considerado elegible, los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 80 sobre 100 en un examen teórico práctico.

Después de eso, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado debería emitir un dictamen con la lisa de los candidatos que hubieran obtenido más de 80 de calificación, para someterla a la revisión del pleno.

Sin embargo, en este caso, luego de algunas maromas legislativas a todas luces plagadas de mucha dosis de ilegalidad, el pleno finalmente eligió con el voto de 25 diputados de MC y el PAN como nuevos consejeros, a tres aspirantes que no cumplieron con ese requisito mínimo.

Vale la pena recordar que en la legislatura pasada, el mismo Gabriel Valencia López, ridiculizó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al paralizar la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción y pese a que el 24 de diciembre del 2017 diputados eligieron al académico Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, como el nuevo Fiscal Anticorrupción, no se le tomó protesta por la suspensión provisional obtenida por el quejoso, quien en su momento reprochó que no lo incluyeran en ninguna de las dos ternas enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval al Legislativo, pese a ser el tercer aspirante mejor evaluado de la lista.

Aunque en su momento Gabriel Valencia aseguró que no buscaba ser fiscal u obtener “chamba”, pues lo único que reclamaba era que respetaran sus derechos. Y puso en un predicamento al Ejecutivo y al Legislativo ya que interpuso un amparo y obtuvo una suspensión definitiva en el proceso, por un juez de distrito, lo que frenó indefinidamente el nombramiento del cargo y paralizó el arranque del Sistema Estatal Anticorrupción. Finalmente, el 16 de enero del 2018 se desistió.