Corporatocracia, nuevo domingo global: El gobierno de las megacorporaciones

-Actualidad, por Alberto Gómez R.

(Primera parte) La lluvia golpea los ventanales de la Torre BlackRock en la Ciudad de México mientras un algoritmo calcula el riesgo-país de Colombia. En las calles inundadas, un repartidor de Rappi lucha por mantener seca una hamburguesa que le reportará treinta pesos, menos la comisión que la plataforma extraerá como diezmo digital.

Dos realidades coexisten en el mismo espacio geográfico, pero en dimensiones de poder distintas: la del señorío corporativo y la de la servidumbre posmoderna. Este fenómeno, que el economista francés Cédric Durand nombró con precisión quirúrgica como tecnofeudalismo, ha reconfigurado silenciosamente el mapa del poder global.

El ocaso del capitalismo industrial no llegó con revoluciones obreras ni huelgas generales, sino con el zumbido casi imperceptible de servidores en refrigerantes salas de datos. En las últimas décadas, un proceso silencioso ha transformado la corporatocracia —ese sistema donde conglomerados como Exxon o General Electric dictaban políticas mediante lobbies— en una estructura más arcaica y sofisticada: el tecnofeudalismo. Aquí, los señores no controlan tierras, sino algoritmos; los siervos no cultivan trigo, sino datos.

El poder político de la “democracia” se ha transformado, pasando del idealizado concepto del “poder ejercido por el pueblo y para el pueblo”, al poder detentado y ejercido por las corporaciones, y específicamente por las megacorporaciones —en años recientes, especialmente las de tecnología— que han pasado de ser un agente socioeconómico generador de riqueza a tomar el rol de autoridad decisora y ejecutiva de los designios del estado-nación, bajo el velo de los supuestos beneficios sociales derivados del “interés general”, que no es otra cosa que la maximización de utilidades económicas, que las corporaciones utilizan como herramienta de control político y social.

La palabra «corporación» se deriva del latín corpus, palabra para cuerpo. En la época de Justiniano (527-565), el derecho romano reconoció una serie de entidades corporativas bajo los nombres universitas, corpus o collegium. Estos incluían al propio Estado (populus romanus), a los municipios y a las asociaciones privadas tales como patrocinadores de cultos religiosos, clubes de entierro, grupos políticos, y gremios de artesanos o comerciantes. Tales organismos tenían el derecho a poseer propiedad, a hacer contratos, a recibir donaciones y legados, a demandar y ser demandados, y en general a realizar actos jurídicos por medio de representantes. A las asociaciones privadas se les concedieron privilegios y libertades designados por el emperador.

Ya en el medioevo, en el ámbito anglo, se designaba de esta forma a las agrupaciones de artesanos o de comerciantes que gozaban de personalidad jurídica. Los comerciantes hacían negocio utilizando elementos del derecho anglosajón, como las sociedades. Siempre que las personas actuaran juntas con fin de lucro, se consideraban como una sociedad ante la ley. Los primeros gremios, generalmente, estaban involucrados en la regulación de la competencia entre los comerciantes.

La evolución del poder de las corporaciones privadas llevó a que, poco a poco, los gobiernos tuvieran que primero compartir, para luego ceder, el derecho fáctico del ejercicio del poder a estas incorpóreas entidades.

La corporatocracia es un sistema en el que las grandes corporaciones ejercen una influencia significativa, a menudo dominante, en la política y la toma de decisiones de un país, desplazando el poder del gobierno electo o del pueblo. En esencia, es un sistema donde el poder político y económico se concentra en manos de las corporaciones, a veces a expensas del bienestar público y la democracia.

Influencia y Control: La corporatocracia se caracteriza por la influencia desproporcionada de las corporaciones en la política, a través de cabildeo, donaciones políticas y acceso a funcionarios gubernamentales ya sea por cooptación o por ser estos parte de la corporación.

Desplazamiento del Poder: Implica una transferencia de poder desde el gobierno o el pueblo hacia las corporaciones, donde estas últimas pueden tomar decisiones que afectan a la sociedad sin la debida supervisión o rendición de cuentas.

Intereses Corporativos: Los intereses corporativos a menudo se priorizan sobre los intereses públicos, lo que puede llevar a políticas que benefician a las empresas, pero perjudican a la sociedad en general.

Tipos de Corporatocracia: Puede manifestarse de diversas formas, como el capitalismo de compinches (donde las corporaciones obtienen favores del gobierno), el capitalismo de connivencia (donde las corporaciones coluden para controlar el mercado) o el capitalismo autoritario (donde las corporaciones se benefician de regímenes represivos).

La corporatocracia ha mutado en el siglo XXI. Ya no se limita al lobby tradicional en pasillos legislativos, sino que se ramifica en dos vertientes entrelazadas: el tecnofeudalismo, donde gigantes digitales como Amazon o Meta gobiernan territorios virtuales, y la corporatocracia financiera, encabezada por entidades como BlackRock o el FMI (Fondo Monetario Internacional), así como los bancos centrales (de propiedad privada), que dictan políticas económicas globales. Ambas formas comparten un objetivo: sustituir la soberanía popular por el gobierno de las juntas directivas.

Los orígenes de este nuevo orden se hunden en las brumas del colonialismo mercantil. Cuando la British East India Company gobernaba India con ejércitos privados en el siglo XVIII, estableció el patrón que hoy replican las megacorporaciones: territorios administrados no por leyes públicas, sino por contratos privados. La sombra de aquel monstruo corporativo se proyecta sobre rascacielos como el de JPMorgan Chase en Nueva York, institución que nació financiando guerras y ferrocarriles en el siglo XIX y hoy administra un imperio de cuatro billones de dólares, cifra que eclipsa el producto interno bruto de Alemania.

En México, su influencia se palpa en cada crédito vinculado a privatizaciones energéticas, donde técnicos con chalecos corporativos deciden qué pozos petroleros merecen inversión mientras comunidades indígenas ven secar sus manantiales.

RAÍCES DE LA CORPORATOCRACIA

El concepto no es nuevo. En el siglo XIX, durante la Gilded Age estadounidense (la Edad Dorada fue una era que se extendió aproximadamente de 1870 a 1900, período de materialismo y corrupción política flagrante en la historia de Estados Unidos, que dio origen a importantes novelas de crítica social y política). El gran auge de la actividad industrial y el crecimiento corporativo que caracterizó la Edad Dorada estuvo presidido por un grupo de emprendedores pintorescos y enérgicos, conocidos alternativamente como «capitanes de la industria» y » barones ladrones», que se enriquecieron gracias a los monopolios que crearon en las industrias del acero, el petróleo y el transporte. Entre los más conocidos se encontraban John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, Leland Stanford y JP Morgan (britannica.com).

Fue un momento de rápido crecimiento económico, especialmente en el norte y occidente de los Estados Unidos; estos magnates industriales sobornaban senadores para evitar regulaciones. Como documenta Howard Zinn, el Estado operaba como «un árbitro ficticio que servía a los intereses de los ricos».

Esta dinámica se consolidó en la implementación rampante del neoliberalismo económico, con el Consenso de Washington, un conjunto de diez reformas económicas propuestas para países en desarrollo, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, por instituciones con sede en Washington, D.C., como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Estas reformas, promovidas como un paquete estándar, buscaban abordar las crisis económicas —generadas por ellos mismos— mediante la implementación de políticas de libre mercado. Los organismos como el FMI y el Banco Mundial impusieron privatizaciones y desregulaciones a países endeudados. El economista Jeffrey Sachs definió esto como el surgimiento de una corporatocracia basada en cuatro pilares: partidos políticos débiles, militarismo, financiamiento corporativo de campañas y globalización financiera.

(continuará…)