ENTREVISTAS
A finales de este año habrá mejora en el transporte público: el compromiso de Diego Monraz
Por Diego Morales ///
A diferencia de años anteriores, el nuevo intento de reordenar el transporte público tiene metas, plazos y un marco legal de respaldo, precisa el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, quien con optimismo asegura que a finales de este año se verán los primeros resultados en la materia.
Entrevistado en los micrófonos del programa de radio “En Tela de Juicio”, Monraz Villaseñor indicó que no hay nada nuevo bajo el sol ni están inventando el hilo negro, solo están enfocados en generar certeza a los transportistas que durante años han estado renuentes a los cambios.
“Lo que nos han estado preguntando sobre las diferencias que vamos a ver, es un plan ordenado, que tiene plazos, que tiene alcances, que también intenta poner sin pretexto y sin excusa los componentes en orden de lo que los transportistas han estado excusándose, evitando, resistiéndose también por justos temores ante incertidumbre que ocasionaron”.
Precisó el secretario del transporte del Estado que hoy la mitad de los camiones que circulan en Guadalajara no tienen permisos vigentes, los dejaron caer, no renovaron permisos por alguna estrategia que lejos de provocar que se acercaran a migrar a la nueva modalidad, se resistieron y se arrinconaron.
Agrega: “El transportista tiene una personalidad donde si no tiene certezas mínimas, si no siente que se le habla con la verdad, si no siente acompañamiento, se retrae, eso sucedió, se arrinconaron, solo el 10 por ciento del objetivo de migrar de hombre camión a ruta empresa llegó al 10 por ciento del total, tenemos un 90 por ciento que caminar, sobre eso que quedó cosas que mejorar y corregir”.
A la vez, el funcionario estatal precisó que no pretenden destruir los avances que se han tenido en materia de transporte público, sino trabajar con lo que se tiene para que el ordenamiento sea una realidad.
“Así como no existe el hilo negro, tampoco queremos destruir lo que se haya avanzado, no se vale que esfuerzos que se han hecho los dejemos atrás y empecemos de cero. La ciudad desde hace tiempo no da para más, es como resistir el término de la Línea 3, lo que queremos todos es que ya se termine, que empiece a funcionar, lo que todos queremos es que de lo que se ha avanzado se recoja lo positivo, pero también reconocer el punto de partida en el que estamos”.
Subrayó: “Mi Transporte es parte un componente general de una propuesta estatal, sexenal, que se llama Mi Movilidad, que tiene que ver con mi transporte masivo que son los grandes proyectos, mi transporte y mi bici que habla de todos los componentes de movilidad no motorizada, esto está vinculado al programa de Jalisco Respira de calidad del aire”.
LA ENTREVISTA
¿Cuál es el aprendizaje que tuviste en tu primera experiencia como secretario de Movilidad y aplicarlo ahora?
“Eran tiempos diferentes, no había una ley que contemplaba una figura diferente al hombre camión. De las cosas que tenemos que recoger y utilizar, en el legislativo de la administración pasada se pudo trabajar en una ley de movilidad que ya permite que se asocien en personas jurídicas, no solo un hombre por camión, es un gran cambio, hoy existe, se intentó con ese marco jurídico no se logró, es una gran diferencia que te hace todo el cambio para poder reorganizar el sistema de transporte”.
La ruta empresa pareciera una simulación…
“Coincido que parece una simulación, los males, los vicios que traía el hombre camión desafortunadamente sí se trasladaron a este intento de la administración pasada de ruta empresa. No era solo conformar una ruta en papel, eso no cambia las cosas, sí es cierto que tenían un papel que se llamaban empresa, pero en la calle operaban igual, creo que a eso nos referimos, es una de las recomendaciones del Observatorio Ciudadano y de la FEU, ellos se subieron y vieron los mismos males, en la puntualidad, las corretizas, la falta de capacitación al chofer, etcétera.
En el transporte público se habla de intereses del pulpo camionero. ¿Cómo ves a estos grupos en este momento para que puedan darse los cambios?
“Los nueve puntos que ellos firmaron junto con el gobernador, autoridades y organismos de la sociedad que se comprometen a trabajar en ellos, estuvieron firmando desde la Alianza de Camioneros, Juan Antonio Flores, Fernando Soto de Subrogados de Sistecozome; con Arnoldo Licea llevamos tres meses trabajando con él, firmó el compromiso y seguimos trabajando con él, si ha sido de los que más cuestionan porque nos ayuda a ir afinando lo que la gente piensa, seguimos trabajando, firmó, estuvieron casi 60 líderes transportistas de todo el estado. Los compromisos, son acciones, primero proceso de regularización, que todos tengan una autorización vigente”.
¿Incluso los amparados? ¿Cuántos están en esta situación?
“Sí, también ellos. Son dos rutas, la 24 y la 626, también otros recursos que se dejaron de hace cuatro años con amparos, algunos ya no son vigentes, pero eran los que se resistían, la mayoría de ellos ex subrogados de Sistecozome, que son los que se sintieron confundidos y menos atendidos. Ese elemento de regularización es en marzo, son 30 días, en los que se están mandando citatorios para que se presenten, son alrededor de 20 rutas por día que estaremos recibiendo, los invitamos a que firmen una carta compromiso y se llevan a cambio una autorización de hasta por 120 días que es el segundo paso, para que entonces junto con ellos calibremos bien sus rutas, la conformación que deben tener, sin imposiciones pero con un acto de autoridad. Habrá sustitución o concesión por empresa en esa conformación, eso durará de mayo a agosto. Equiparemos el sistema de pago electrónico”.
TARJETA ÚNICA PARA TODO EL TRANSPORTE
¿Además del prepago?
“Junto con el pago electrónico, monitoreo, cámaras y los validadores en las unidades. Una vez que esté puesto en marcha este reordenamiento, entonces ahora sí podemos empezar a tener un sistema homologado en su forma de pago para que no tengas una tarjeta para pagar el Macrobús, otra para pagar el Tren, otra para pagar los camiones, eso será realidad este año, nos pusimos el plazo a finales de año, a eso nos comprometió el gobernador”.
¿Se podrá con la misma tarjeta que ya tiene el usuario? O tendrán que volver a hacer el gasto…
“Se va a homologar, es la misma tarjeta, con esa también se podrán subir a Puerto Vallarta. Seguirá funcionando”.
Hay empresas como Alianza de Camioneros que hace algunos años ya habían adquirido algunos equipos para el tema de prepago. ¿Esos se podrán utilizar?
“Una de las resistencias que tuvo el gremio transportista es que en una primera etapa había una sola marca establecida y solo podía ser con ellos, ya no, hay una sola tecnología, una sola homologación del maping, tiene que hablarse la misma tarjeta con todos los tipos de validadores que fabriquen hasta hace un mes cuatro empresas, pero pueden ser alrededor de 10, mientras lean y tengan candados de seguridad, entonces sí se podrá utilizar con cualquier marca, pero que estén homologados”.
¿Cómo convencieron a los transportistas?
“No le estamos imponiendo marcas, les estamos garantizando que nadie va a tocar su dinero, que no se llevará a un fondo donde tardaban hasta un mes para decirles si tuvieron utilidades y pérdidas, porque también están encontrando certezas, con el gobernador Alfaro, le reconocen su palabra, vieron cómo trabajó en Guadalajara, para que se sepa que cuando se decide se hace y se hace bien, mucho tiene que ver la palabra, ha habido diálogo, tenemos muchas reuniones con ellos, no será un tema fácil, va a representar y vamos diciéndolo claro, un esfuerzo grande para ellos, para la autoridad y también para el usuario, habrá rutas donde en este rediseño, en aras de mejorar la cobertura, vamos a tener que modificar, hacer un trabajo de socialización porque a veces no es sencillo. Vienen yo creo que 6 meses complejos, pero si seguimos aliados con los ayuntamientos, con los transportistas, se puede”.
¿Seguirá el sistema de troncales?
“Sí, pero se tiene que modificar, porque algunas de ellas le recortaron las unidades. Ahora una ruta troncal está compitiendo con otras rutas de hombre camión que traen mejor frecuencia y cobran 7 pesos, aunque el camión venga destartalando, la gente no está entendiendo la mejora que te da el modelo de ruta empresa. Si lo hacemos junto con el transportista, diseñando las rutas con ellos, todos juntos migramos para ello en este plazo, entonces ya no habrá competencia desleal, se evidenciará si uno no da el paso, se atenderá de manera puntual”.
¿Estás midiendo bien los tiempos?
“Sí, hemos platicado con todos, con todos, no hay uno que no se haya hablado con ellos. El que me digan, ya tuvimos reuniones, nos expresan sus condiciones, se están cumplimentando con la propuesta, la transparencia, no imposición, el pago electrónico y los tiempos para migrar. La gran mayoría nos decía, nos tienen sin permiso, cada vez que nos para un policía vial nos ponen a temblar, se llevan la unidad y significa que pueden perderla por meses para ponerla a trabajar de nuevo. Lo que sucedió en la administración pasada, para bien o para mal, deja al gremio transportista urgido de un cambio, quieren un cambio, pero el que más le interesa y el que mejor reciben es la certeza”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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