ENTREVISTAS
A Hernández Barrón le quedó grande el rango de ombudsman; la independencia y autonomía de la CEDHJ es inexistente: Lupita Ramos
Por Mario Ávila //
“Para las y los diputados de la LXIII Legislatura local será decisivo ponderar qué es lo que quieren para el Estado, si un organismo que de verdad tutele los derechos humanos, que sea contrapeso del ejercicio del poder o si quieren darle continuidad a un organismo que ha estado muy a modo del Estado y del gobierno”.
Así se expresó la activista Guadalupe Ramos Ponce sobre el compromiso que tiene en puerta el Congreso del Estado, para renovar la titularidad de la Comisión Estadal de Derechos Humanos de Jalisco, luego de que Alfonso Hernández Barrón cumple ya cinco años al frente del organismo.
Sentenció la representante de CLADEM en Jalisco, que “un organismo, que a pesar de las circunstancias que vivimos tan graves de violación a los derechos humanos, en torno a las desapariciones, a los feminicidios, a este contexto de violencia generalizada, es un organismo que deja mucho que desear y sobre todo su presidente, que prefiere el silencio, prefiere el bajo perfil y prefiere acordar en lo oscurito con las autoridades para que las recomendaciones que emite sean así, que ni si quiera se logren, que ni si quiera se escuchen, que ni siquiera se sepan”.
Incluso aseguró: “Yo no me atrevería a decirle ‘ombudsman’ porque es una categoría política de una alta dimensión que no la tiene el actual presidente de la CEDHJ, le hace mucha falta la calidad moral, la independencia y la autonomía. Es decir, el ombudsman debe tener una investidura que no la tiene el actual presidente”.
A la pregunta de si igual que un lustro atrás, levantará la mano para buscar de nueva cuenta la presidencia de la CEDHJ, la luchadora social contestó: “No lo sé. Pero lo que sí sé, es que hacen falta otras voces, otras miradas, otras maneras de hacer la defensa de los derechos humanos en el Estado, ya que por supuesto, quienes están ahora al frente, no han funcionado”.
LA INDEPENDENCIA Y LA AUTONOMÍA DE LA CEDHJ ES INEXISTENTE
P.- Hay voces que hablan de que el presidente de la CEDHJ ha respondido a los intereses del gobernador en turno, ¿Qué tendría que pasar para que esto ya no ocurra?
R.- La participación ciudadana sería vital y sin duda desde la sociedad civil estaremos vigilantes, observantes, mirando como se mueve el proceso, pero yo creo que en quien recae esta gran responsabilidad es en las y los diputados, yo los llamaría a que atendieran los Principios de París, unos principios que señalan cómo tienen que hacerse las designaciones de quien dirige los destinos, del respeto y la vigilancia de los derechos humanos en el mundo, estos principios son mínimos, básicos, que se tienen que seguir y esos hablan con claridad de la independencia, de la autonomía, que en este momento no existe y pues los diputados tienen una gran responsabilidad en el Congreso del Estado y el llamado es a que exista sí voluntad política pero sobre todo responsabilidad. Una responsabilidad que tienen con la ciudadanía y no con el gobernante en turno.
P.- ¿A usted la defraudó Hernández Barrón en estos 5 años?
R.- A mi no me defraudó, hizo exactamente lo que yo esperaba. Yo esperaba que hiciera eso. Habrán de recordar que yo contendí junto con él por la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hace cinco años, yo presenté un plan de trabajo que hablaba de una restructuración del organismo, porque yo consideraba necesario que se hiciera esta reingeniería institucional, con otra misión y otra visión totalmente distintas, y a lo que apostaron entonces los diputados fue a la continuidad
El señor finalmente estaba ahí trabajando con Álvarez Cibrián (el ex presidente de la CEDHJ) y con ello lograron la continuidad, pero de la corrupción, porque hay que decirlo con toda claridad, la corrupción que se da cuando se negocia con los hombres en el poder para el intercambio de puestos y eso es muy claro, haciendo una mínima investigación se darán cuenta que hay muchos familiares de funcionarios de otras dependencias, sobre todo del Congreso del Estado, que están trabajando en la CEDHJ y viceversa, son pagos de favores que se hicieron justo por la designación.
Estos sin duda alguna son hechos de corrupción que en todo caso tendrían que ser investigados; un organismo que se convirtió en una agencia de colocaciones para dar cabida agente que ni siquiera tenían perfil como defensores de derechos humanos y ahí encontraron la chamba perfecta en estos pagos de favores que convirtieron a la CEDHJ en un aparato burocrático inmenso, creció en los últimos años de una manera que no va aparejada con los resultados, ya que solo crecen en la cantidad de gente que supuestamente trabaja ahí, crecen en presupuesto, pero nunca crecen en resultados con algún impacto favorable para la ciudadanía, ni siquiera realizan campañas de difusión de divulgación de herramientas de los derechos humanos a nivel comunitario. Hay mucho que queda a deber socialmente esta institución y este presidente.
P.- ¿Además de cambiar al titular habría que hacer una especia de purga en la CEDHJ?
R.- Totalmente, esa institución necesita, así como lo dices, una purga, una sacudida, o si lo prefieren lo decimos de otra manera, se necesita un proceso de reingeniería institucional, es decir no solamente de los perfiles y de la gente que está ahí, y que consiguieron la chamba gracias a los favores prestados y recibidos, sino también en torno a las funciones, a la misión y a la visión de la Comisión y ver los resultados que se han obtenido para definir qué cambios sustanciales se deben hacer para que de verdad sea una institución cercana a la ciudadanía, a la gente, a las víctimas sobre todo.
El tema de las víctimas de una violación a los derechos humanos, que no se sienten representadas ni acompañadas por esa institución y la verdad es que termina siendo un desperdicio de recursos, millones de pesos cuando las víctimas acuden mejor a las organizaciones de la sociedad civil, que nos manejamos sin financiamiento, sin recursos, con nuestros propios medios y en muchos de los casos logramos mejores resultados que en la propia Comisión, ya que no se mueven, no accionan en favor de las víctimas y de la ciudadanía.
P.- ¿Está desprotegida la ciudadanía?
R.- Sí, totalmente. Estamos en la desprotección total, hay un vacío institucional en la defensa de los derechos humanos, pero además justo se da, y eso es lo que me parece mucho más grave, porque estas situaciones se dieron ya con Álvarez Cibrián hace muchos años, era un tipo al que se le demostraron anomalías, sin embargo, lo que ahora hace diferente es el contexto que vivimos de agudización de la violencia, pero también de agudización de violaciones a los derechos humanos y esto por tanto deja a la ciudadanía en indefensión absoluta.
P.- ¿Le faltan “dientes” a la Comisión?
R.- No, yo creo que no es por ahí. Yo creo que lo que tiene que ver es que se cumpla con los Principios de París y con la elección de alguien que cumpla con los requisitos plenos de autonomía e independencia, pero sobre todo con un alto nivel de calidad moral. Cuando quien es titular de estos espacios, tiene alto nivel de calidad moral, para exigir, para recomendar o simplemente para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos, eso son los principales “dientes” que se tienen y eso es de lo que habla el espíritu de la creación de estos organismos autónomos, que hacen la diferencia en la defensa de los derechos humanos, que se hace de manera jurisdiccional. O sea, hay dos vías para la defensa de los derechos humanos, una es la jurisdiccional que es a través de los tribunales, a través del juicio de amparo, que ahí están los “dientes” de los que tú hablas y la otra vía no jurisdiccional que es esta; pero hay que recordar y recuperar la esencia de la Comisión con gente que esté al frente y que cumpla con su papel a cabalidad, no en negociaciones, ni en tratos en lo oscurito, sino con un desempeño muy transparente y de cara a la sociedad.
Un caso:
“En tiempos de Guadalupe Morfín como presidenta de la CEDHJ, tu servidora se desempeñaba como Visitadora General y tuve que hacer una visita de supervisión al Centro de Readaptación Social y en ese entonces la directora era muy amiga de la Presidenta de la Comisión, y Morfín Otero me habló a su oficina antes de realizar esta visita y ya me iba imaginando que me iba a decir que la funcionaria del reclusorio era su amiga e iba yo pensando mal, incluso ya estaba yo pensando en las respuestas que le habría de dar si me intentaba censurar… pero en realidad lo que me dijo fue justamente eso, que la directora era su amiga, pero también me dijo que lo que yo hiciera, lo que yo encontrara y lo que yo supervisara ahí, yo tenía la plena libertad de señalarlo, de decirlo, de investigarlo, porque la amistad con ella era independiente de lo que como organismo estábamos haciendo en nuestra labor”.
LAS EVIDENCIAS SOBRE LA “AGENCIA DE COLOCACIONES”
- Alma Delia Espinoza Licón, hermana del actual presidente del STJJ, aparece de acuerdo a la página web de la CEDHJ con el nombramiento de Visitador Adjunto A, Coordinador Especializado y adscrita al Instituto de Derechos Humanos Tenamaxtli.
- José de Jesús Chávez Cervantes, yerno del magistrado del STJJ, Luis Enrique Villanueva Gómez, tiene nombramiento de Director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli.
- Héctor Alejandro Illan González, esposo de una ex consejera ciudadana de la propia CEDHJ, tiene el nombramiento de Jefe Especializado C adscrito a la Dirección Administrativa y Servicios Generales.
- Aileen Meza Moreno, cuñada de Misael Edgar Hernández Barrón (hermano del presidente de la CEDHJ), quien por cierto es su jefe inmediato, tiene el nombramiento de Profesional Especializado B4.
- Arturo Moreno López, primo de la esposa de Misael Edgar Hernández Barrón (hermano del presidente de la CEDHJ), tiene el nombramiento de Profesional Especializado B4.
- Maribel Flores Díaz, es cuñada de Tunuari Roberto Chávez González, responsable del área de Análisis y Contexto, pero además es su jefe inmediato. Ella tiene nombramiento de Técnico Especializado A.
- Adán de Jesús Chávez González, es hermano de Tunuari Roberto Chávez González, responsable del área de Análisis y Contexto.
- Raúl Bermúdez Camarena, es esposo de Georgina Magallón Robles adscrita al Órgano Interno de Control de la CEDHJ.
- Martha Angélica Reyna Fray, trabaja en la CEDHJ y es esposa de Moctezuma Hernández Barrón (hermano del presidente de la CEDHJ) y tiene como jefe inmediato a su otro cuñado, Misael Edgar Hernández Barrón.
- María Isabel Gallaga González, Ignacio Vázquez Llamas, Víctor Manuel Pérez Castellanos y Alejandro Becerril Gutiérrez, fueron contratados en la actual administración a sabiendas de que eran compañeros de estudios y compadres del presidente de la CEDHJ.
- Jorge Humberto Gallo Jiménez, con nombramiento de Profesional Especializado A2, tiene una relación sentimental con la hermana de Nayeli Sofía Gómez Rodríguez, directora Administrativa de la CEDHJ.
- Luis Joaquín Campos Lara, Visitador Adjunto A y Coordinador Especializado, asesora jurídicamente a Jorge Humberto Gallo Jiménez en su proceso de divorcio a sabiendas de que la Ley de la CEDHJ le prohíbe el libre ejercicio de su profesión como abogado particular.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
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