ENTREVISTAS
Centralizar la educación sería un retroceso en el país: “Necesitamos un aprendizaje personalizado y contextualizado”, Mara Robles
Por Diego Morales //
Ante la posibilidad de regresar a la centralización de la educación, no lo van a permitir en Jalisco, pues lo que se necesita es un aprendizaje contextualizado y personalizado para cada alumno en el país, es la visión de Mara Robles, diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco.
“Lo que nosotros necesitamos es un aprendizaje personalizado, contextualizado, que sea específico para los niños de cada municipio, de cada colonia. Centralizar la educación sería un grave retroceso, que lo único que lograría sería empeorar el aprendizaje para los niños”.
“Lo que nosotros queremos es un aprendizaje con perspectiva regional que resuelva el problema concreto de que los chiquitos salgan de la escuela aprendiendo a saber leer y escribir, a hacer las operaciones matemáticas básicas, que sepan cuál es el medio en el que se desenvuelven, que saben defender su integridad, que no hacen violencia, que son niños que están pensando en tener una vida decente. Tenemos que lograr que las aspiraciones de los niños sean para un desarrollo que le ayude a la sociedad, que sea para la paz”.
CUATRO PUNTOS DEL PROYECTO DE LEY
Entrevistada en los micrófonos del programa radiofónico En Tela de Juicio, la legisladora y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, señaló que en Jalisco se están haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar el aprendizaje con acciones concretas, que refuerzan la teoría de que centralizar la educación sería un retroceso en el país.
“Esta ley de educación que estamos creando en el Estado de Jalisco, es una muestra de que respetando las atribuciones federales se puede hacer en el marco de la soberanía del estado una ley adecuada a nuestras necesidades”.
“Son cuatro puntos sencillos, para mejorar el aprendizaje: una cartilla del aprendizaje; dos, mejores maestros empoderando a las normales, que tengan más recursos y mejores capacidades; tres, participación ciudadana, que los padres, empresarios se involucren en la participación de sus hijos; cuatro, un sistema educativo que rinda cuentas y resuelva los problemas de la vida real de los niños, que tienen derecho a ser libres, a jugar, a no recibir violencia, reconociendo la diversidad étnica del estado. Si nosotros logramos una educación así, por qué vamos a permitir que la centralicen, hacemos lo mejor posible en el estado y es un error pensar que se puede centralizar”.
LO QUE NO FUNCIONA EN LA EDUCACIÓN
Para Mara Robles, una de las situaciones que no funcionan en la educación en el país es que no hay un movimiento social que reclame el derecho de los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación donde realmente aprendan, pues son muchos los casos donde los alumnos obtienen una calificación, pero en la práctica no tienen las herramientas necesarias que son un derecho constitucional en México.
“¿Cómo es posible que seamos un país donde 7 de cada 10 niños salen de la primeria sin saber leer ni escribir? Sin que esto sea un escándalo en la opinión pública. De entrada creo que los padres de familia ni se enteran que existe PLANEA, Enlace, todas las pruebas que miden el conocimiento. Falta difusión, hacerle saber a los padres que eso es importante. Creo que como los niños sacan calificaciones, el que tiene 6 dicen que le costó trabajo pero la libró, si sacan 8, 9 o 10 son brillantes; pero sorpresa, no es cierto, cuando salen de la primaria no saben leer ni escribir”.
Subrayó: “No es que los niños no sepan leer las letras; pero si le preguntas qué significa lo metes en un problema, si le das tres palabras y tarda más de tres minutos en armar la frase, ese niño no sabe escribir. Lo que está pasando es que el derecho a la educación, consagrado en la Constitución, no se está cumpliendo porque no hay aprendizaje”.
LA REFORMA AL ARTÍCULO TERCERO
La reforma educativa planteada por el Presidente Enrique Peña Nieto tenía cosas positivas, señaló Mara Robles, sin embargo, acepta que el error que se cometió fue criminalizar a los maestros, por lo que se le hicieron las reformas necesarias para que el Artículo tercero constitucional esté mejor que nunca.
“La reforma de Peña Nieto tenía un principio que se malogró pero que no estaba equivocado, que era que las plazas ya no se vendieran, no se heredaran, sino que se concursaran. El problema es que lo hicieron criminalizando a los maestros, atacándolos, diciendo que eran los responsables de todas las tragedias, entonces no se puede transformar la educación atacando a tus principales aliados que son los maestros”.
“El 15 de mayo se hizo la reforma al artículo tercero constitucional, se necesitaban las dos terceras partes en la Cámara de Diputados, hicimos una iniciativa que complementara la del presidente, no lo planteamos contra el presidente, sino que justo fuimos a hablar con los amigos aliados de MORENA de toda la vida”.
Agregó: “Estoy contenta que logramos introducir la concepción de educación para la vida, o educación integral, también se tiene que enseñar en las escuelas a educar para la salud, educación artística, física, nutrición, socioemocional. En este momento, el artículo tercero está mejor que nunca, tiene una definición que la educación es un derecho humano, tiene que tener perspectiva de género, todos los pliegos petitorios de los movimientos sociales están ahí, desde ecología, respeto a los animales, educación financiera, hay de todo”.
Aunque pareciera que en las leyes secundarias en la ley general de educación los estados no tienen nada que hacer, la legisladora de Movimiento Ciudadano aseveró que hay casos en la vida real de los alumnos en donde es importante que se legisle para mejorar la educación.
“Las leyes secundarias son la ley general de educación, la ley de los maestros y las maestras, la ley de mejora continua. Ahí pareciera, que los estados no tenemos nada que hacer, porque planes de estudio, calendarios escolares y la relación laboral de los maestros es materia de la federación, también los libros de textos. Pero las cosas de la vida real, como si un niño debe cargar una mochila que pesa 8 kilos y le va a arruinar su espalda, es algo que Jalisco puede decidir si no carga la mochila todos los días, tan sencillo como poner libreros para que no carguen libros, y dicen se los van a robar, pero, para eso es la educación, la cultura, para enseñar a los niños a respetar, para cambiar a las nuevas generaciones”.
LOS TRABAJOS DESDE JALISCO
Una de las propuestas que ha impulsado desde Jalisco es que cada alumno tenga una cartilla de aprendizaje, en donde se pueda consultar a detalle si se tienen los avances en educación adecuados a la edad de cada niño y niña del estado.
“Queremos modificar en la ley de educación del Estado de Jalisco es que el derecho a la educación esté ligado al aprendizaje, tengo una propuesta de mecanismo de exigibilidad. El planteamiento que queremos poner a consulta es que haya una cartilla del aprendizaje, donde sepas que tu hijo qué debe saber a su edad, qué debe sumar, que en algunas escuelas hay comunidad de aprendizaje valiosas, pero lamentablemente en la mayoría de las escuelas los padres de familia solo van y firman sus boletas, queremos que sea un derecho para todos”.
“También queremos proponer que los padres tengan el derecho a dedicar tiempo laboral para involucrarse en la educación de sus hijos. Afortunadamente en Jalisco, lo hemos platicado con la COPARMEX, están dispuestos a analizar la posibilidad de donar tiempo laboral de los padres de familia para que vayan a involucrarse, porque se ve la posibilidad de tener mejores ciudadanos, no sé si en el resto del país exista, pero en Jalisco los empresarios están interesados”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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