ENTREVISTAS
Citlalli Amaya, candidata de MC al Gobierno de Tlaquepaque: Maldonado es un peligro para el municipio
Por Mario Ávila //
Para la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya de Luna, hay un riesgo de que retornen las políticas de endeudamiento público, ineficiencia, cacicazgo, corrupción y mentiras, ahora en la figura del candidato de Morena, Alberto Maldonado Chavarín.
Asegura la abanderada del partido naranja que Tlaquepaque hace cinco años tenía zonas sin los servicios mínimos de agua y drenaje “y hoy es una garantía solventada, con excepción de un 1% en calles chiquitas en zonas recientemente habitadas sin esa infraestructura, pero en términos generales es un problema ya abatido”.
Expuso que a la llegada de MC se encontraron con una deuda de 954 millones de pesos heredada, “de la que ya se pagó más de 500 millones de pesos y hay mayor flujo económico para seguir prestando servicios públicos”.
Indicó además que en los próximos tres años se trabajará en principio con 2 mil 400 millones de pesos de presupuesto anual, “que por cierto fue ampliado con 800 millones de pesos de recaudación propia gracias a la eficacia en la administración del gobierno de MC; hoy aquí cada 2 días se inaugura una obra nueva, aunque algunas no se ven por el rezago de 100 años que tenía el municipio, presa del cacicazgo, la corrupción, la mentira y hoy amenazan con regresar”.
Por ello recalcó: “Tenemos que defender a Tlaquepaque porque las finanzas están más sanas que nunca, los próximos tres años no alcanzan para transformar la realidad, pero sí tenemos que seguir avanzando mediante la lógica de seguir haciendo lo correcto. No endeudarnos, finanzas sanas y dignas”.
Sobre el riesgo que se corre en tomar una mala decisión el 6 de junio en Tlaquepaque, Citlalli Amaya, precisa: “Claro que hay riesgo, Maldonado sigue siendo militante del PRI, me extraña que ahora haya cambiado solamente de máscara, pero él aparece aún en el padrón como militante del PRI, hay que recordar que él ya fue diputado local del PRI, él ya fue regidor por Morena”.
“Incluso en algunas entrevistas yo lo he escuchado y él se sigue sintiendo orgulloso de sus 32 años de trayectoria política… pues qué vergüenza, porque incluso fue delegado federal responsable de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y hoy incluso aparece ahí con una inhabilitación ante la Función Pública por mal manejo de recursos.
“Entonces claro que como ciudadana me preocupa, claro que estoy preocupada porque yo también vivo en San Pedro Tlaquepaque, aquí vive mi familia, mi hija y pensar que van a volver a endeudar al municipio, pensar que van a hacer una unidad administrativa con aire acondicionado para los servidores públicos más allá de pensar de las necesidades de Tlaquepaque, claro que me preocupa porque terminaríamos con una deuda pública por 35 años con un gobernante así”.
“Maldonado representa eso, incluso como funcionario público es irresponsable, cuando él fue regidor, de las 26 sesiones ordinarias a las que estuvo obligado a asistir, únicamente acudió a 13 y aparece cobrando 15 mil pesos en la Universidad de Guadalajara como maestro. Me aterra el hecho de pensar que con esa opacidad con la que ha manejado su trayectoria, pueda llegar a abanderar a San Pedro Tlaquepaque”, planteó la candidata de Movimiento Ciudadano.
“HAREMOS LO QUE NOS TOCA, EN SEGURIDAD”
La experiencia que le ha dado el haber sido ya regidora, alcaldesa con licencia y directora de Construcción de Comunidad, le ha dado a Citlally Amaya la posibilidad de conocer cabalmente su municipio y sus necesidades.
Dice haber recorrido en campaña ya el 65% de las 346 colonias, las 9 delegaciones, las dos agencias que hay en el municipio, en donde ha tenido la oportunidad de plantear los tres ejes de lo que será su gobierno, si el voto ciudadano la favorece.
Inversión y promoción económica. “Para nosotros Tlaquepaque ya es la puerta grande de la ZMG por su ubicación estratégica, por su conectividad terrestre y aérea, con esa visión tenemos que comportarnos, por ello busca simplificar procesos administrativos, hacerlos sin tanta burocracia para que los inversionistas encuentren aquí la oportunidad para seguir creciendo y generando mejores empleos y fortaleceremos la promoción turística para superar la derrama de los 600 millones de pesos anuales”.
Servicios públicos de calidad. “Se habrán de adquirir 6 camiones recolectores de basura para mejorar la cobertura y la eficiencia del servicio; invertiremos en nuevas luminarias; trabajaremos en el acceso universal al agua potable e implementaremos un programa de limpieza de canales”.
Seguridad, salud y educación. “En los primeros 100 días de gobierno, reforzaremos la seguridad con la adquisición de 100 patrullas para mejorar la vigilancia y contrataremos a más policías para aumentar la capacidad de respuesta de la corporación. Habremos de adquirir 4 ambulancias debidamente equipadas e implementaremos un programa 2×1 por la educación para invertir en labores de remozamiento y mantenimiento de las escuelas”.
Y para ampliar el tema de la seguridad, Citlalli Amaya expuso: “Lo primero es asumir la parte que a nosotros nos toca, la parte preventiva, que la sociedad no se siga desvirtuando, visualizar la tranquilidad de los tlaquepaquenses desde el fortalecimiento del tejido social, pero además de manera interna procurar que los cuerpos policiacos se dignifiquen, revalorizarlos, entender que también son personas, identificar sus propias necesidades, brindar capacitación constante, especializada y un compromiso puedo asumir es el de comprar 100 patrullas nuevas y la contratación de por lo menos 200 policías más, en mis primeros 100 días de gobierno.
“Serán 200 nuevos elementos que por supuesto estarán para servir a la ciudadanía y el tema de los malos elementos es un problema que venimos arrastrando de raíz, el tema de la corrupción, el de los elementos infiltrados y de manera enérgica los estaremos valorando, invitando a este proceso de dignificación, pero también de responsabilidades para ellos. Nosotros haremos la parte que nos toca, apostándole a la tecnología, a compra módulos móviles, nosotros ya tenemos ubicados dentro de una estrategia cuáles son los lugares de mayor incidencia delictiva.
“Yo me tengo que comprometer a hacer la parte que a mí me toca y es la parte preventiva, obviamente cuando ya hay un delito en sí, nosotros coadyuvamos con las instancias estatales y federales y prueba de ello fue que hay una donación de tres predios con un valor de cerca de 90 millones de pesos a la Guardia Nacional, ya hay tres cuarteles en Miravalle, en Los Olivos y en San Martín de las Flores y claro que si para hacer sus labores piden más, nosotros estaríamos en disponibilidad de platicarlo, de valorarlo y seguir buscando estrategas para que la gente de Tlaquepaque se sienta más segura. A nosotros nos toca hacer la parte preventiva, los delitos menores y ahí vamos a asumir nuestra responsabilidad y ahí yo voy a equipar a mis cuerpos policiacos para que a Tlaquepaque le vaya bien”, planteó la candidata naranja.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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