ENTREVISTAS
Contaminación del Río Santiago también daña memoria y lenguaje: Exigen atención extraordinaria y urgente en materia de salud
Por Mario Ávila //
“Estamos tan dañados y hemos normalizado tanto la enfermedad, que no nos sorprenden por ejemplo la cantidad de infecciones en la piel, las infecciones en los ojos, las infecciones gastrointestinales e inclusive hemos podido leer en este estudio de la Universidad de San Luis, que el Gobierno del Estado ocultó durante 10 años, que hay un montón de afectaciones en los niños, en su capacidad de aprendizaje, en la memorización y hasta en el lenguaje, a causa del plomo que hay en el ambiente, en las inmediaciones del Río Santiago, el más contaminado del país y considerado un Infierno Ambiental”.
Así se expresó Rebeca Nuño González, activista de la asociación civil Un Salto de Vida durante una reunión con vecinos de las comunidades afectadas, efectuada en la población de Puente Grande, en donde se le proporcionó información a los habitantes sobre las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en donde se explicaron además los resultados científicos de los análisis aplicados a 330 niños y que el Gobierno del Estado ocultó por 10 años.
El riesgo en el que estamos las poblaciones río arriba -dijo-, obligan a estas medidas cautelares en donde vale la pena precisar qué es lo que están pidiendo, principalmente, que haya una atención extraordinaria y urgente en materia de salud.
Hay un riesgo muy fuerte por la contaminación -explicó-, pero también reconocen que hay un riesgo muy fuerte, porque no hay infraestructura necesaria en los centros de salud, ni los medicamentos para que se atiendan las enfermedades que estamos padeciendo a causa de la contaminación.
Y abundó: “Reconocen el cáncer y las enfermedades renales, pero hay un montón de enfermedades asociadas con estos químicos que están presentes en el ambiente, que por desgracia todavía no alcanzamos a adivinar cuáles enfermedades son”.
En la reunión a la que acudieron funcionarios de la Comisión Estatal de los derechos Humanos de Jalisco, también habló la líder social, Graciela González Torres, quien recordó: “Hace 15 años, miembros de nuestras comunidades, han tenido a bien participar y denunciar la grave situación de contaminación industrial, agropecuaria y doméstica que nos invade nuestro suelo, nuestra tierra, nuestras aguas, que ha sido lo más evidente y en los últimos tiempos, hemos recuperado la conciencia de la contaminación del aire. Esto ha logrado que la voz de muchos desesperados y esclavos de enfermedades, sean escuchados.
“Hace un mes, en este mismo lugar, se pudo evidenciar cómo es que todo lo que nos rodea está en un problema mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental, porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, el derecho de vivir donde queramos estar, sentarnos en las tardes a platicar con nuestros hijos y con nuestros vecinos, jugar en las calles, comer guamúchiles y morir en paz en nuestros pueblos. Nos han quitado el derecho a la subsistencia”, expuso.
Dijo que están obligados a conocer un estudio muy importante sobre la salud del medio ambiente y la salud de unos pobladores pegaditos al río y apuntó: “La Universidad de San Luis Potosí, después de 10 años pudo sacar de las entrañas del gobierno un estudio que podía demostrar que había plomo, cromo, cadmio, lo que diario sabíamos que las fábricas echaban; pero ahora se pudo comparar con el cuerpo de muchos niños, lo mismo que estaba afuera, estaba adentro de los cuerpos de nuestros niños.
Por esta razón y en base a que el Estado, conociendo de este estudio decidió no actuar y no hacer nada, nos indigna ver a esos niños, que ahora son jóvenes y ver que muchos de ellos seguramente tienen problemas serios de salud. Hemos podido ya contactar con algunos. La mayoría de la población desconoce este estudio y esta es una entrada de información primaria.
“Es importante también mencionar que fuimos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y presentemos la exigencia de que queríamos que se nos atendiera, porque habían ellos desatendido todos estos 10 años, cometiendo como nosotros lo decimos, un crimen de estado; porque esa afectación a la salud se hubiera podido prevenir, esas fuentes de contaminación pudieron haber sido quitadas, pero hubo factores que aún no han respondido las razones, decidieron dejarnos morir.
“Esta es la denuncia, y el gobernador contestó el mismo día que estábamos allá, que él estaría mostrándoles a los dos días siguientes, a toda la gente que quisiera, todo el trabajo que él venía haciendo. Sin embargo, fuimos y lo que nos mostró es infraestructura hidráulica, es decir, plantas de tratamiento de aguas residuales de nuestras casas, en lugares que en el paso del tiempo tendrán algún beneficio en los cauces de agua del río Santiago, pero que en estos momentos no responden a la urgencia, a la gravedad y a la irreparabilidad del daño.
“Los que ya se fueron, cómo los vamos a recuperar, los que tienen problemas de salud muchas veces ya no hay marcha atrás en algunos casos; la denuncia es por habernos quitado la alegría y la felicidad de vivir en un territorio sagrado”, sentenció una de las dirigentes de la agrupación Un Salto de Vida, A.C.
Hubo en el encuentro gente de El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande, gente que han tenido la oportunidad de hablar y de irse acercando e irse conociendo poco a poco.
Pero también se hizo una precisión: “No buscamos dinero ni huesos, la invitación se lanza a toda la población para que se reúnan en el momento necesario, que busquen a alguno de los contactos para trabajar en colectivo”, sentenció Graciela González.
Testificó el encuentro, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, así como Fernando Zambrano Paredes, Coordinador de Seguimiento a Recomendaciones de la CEDHJ, quien expuso: “Nuestra visita aquí es para escucharlos, para estar con ustedes, para que sepan que en este problema que nos aqueja, no solamente a ustedes que viven en los alrededores del rio Santiago y en donde el problema está más agudo, que es en Juanacatlán.
“Hemos venido a decirles que no están solos, que tienen a la CEDHJ que ha estado al pendiente de esta grave problemática que los aqueja, sobre todo a la calidad de vida, a su salud, a los familiares que ya no están hoy con ustedes víctimas precisamente de esas enfermedades que desafortunadamente adquirieron. Estamos con ustedes aquí para darles la cara, para escucharlos, para atenderlos y para trazar la ruta a seguir en este tema tan importante en este tema tan agudo que es problema de todos, no solamente del gobierno, de la sociedad civil organizada, sino también de organismos autónomos como la CEDHJ”, sentenció.
LA ATACAN POR SER VOZ CRÍTICA
Graciela González Torres, ha sido agredida por las instancias oficiales y por algunos vecinos afines políticamente a ciertas expresiones partidistas, dejando entrever qué como funcionaria, ella colaboró en el daño ambiental, por lo que aclaró: “Les informo que trabajé en la administración pública en el Ayuntamiento Constitucional de El Salto en el período de enero de 2004 a diciembre del 2006 en la Dirección General de Ecología Fomento Agropecuario y Forestal. En ese lapso cumplí siempre con las respectivas atribuciones de acuerdo al Reglamento Municipal de Ecología, dentro de las cuales no le corresponde la facultad de autorizar cambios de uso de suelo, factibilidad, habitabilidad o permisos de construcción para fraccionamientos, instalaciones industriales o comercios. En particular el permiso de la construcción del fraccionamiento La Azucena, en El Salto, fue otorgado en el año 2000 según consta en las actas de cabildo del municipio”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
