ENTREVISTAS
Cuahutémoc Peña, dirigente sindical: IPEJAL tiene muchas sangrías; difícil que se puedan recuperar 600 mdp perdidos con Abengoa

Por Mario Ávila //
Con cierta dosis de escepticismo ve el dirigente sindical, Cuauhtémoc Peña Cortés, la detención del ex director del Ipejal, Francisco Ayón López, ya que poco confía en la eficacia de la Fiscalía para que pueda prosperar la vinculación a proceso después de la audiencia del próximo martes, y si esto ocurre, duda que se puedan recuperar los 600 millones de pesos que se perdieron en la fraudulenta inversión en Abengoa.
En entrevista para Radio Metrópoli, el secretario general de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, planteó además: “También tenemos muy poca confianza en las mesas de trabajo que se anunciaron, no creo que esto vaya a buen puerto, nosotros tenemos el temor fundado de que esto sea solo una justificante para volver a modificar la ley y empujarla a individualizar las cuentas”.
“Yo creo con todo respeto -dijo-, que es como un proceso para demostrarle a los trabajadores que sus fondos están cuidados. Pero me parece que es una buena oportunidad para investigar de fondo todos los fideicomisos que son irregulares, Abengoa era el más descarado en la triangulación de nuestros fondos, porque ya existían los datos de que estaba quebrada la empresa y que no valían absolutamente nada sus acciones”.
“El problema que vemos nosotros es que no le entran de lleno al asunto de dos fideicomisos, que con estos arrancan el desmantelamiento de Pensiones del Estado, que son Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad”.
Recordemos que en Chalacatepec -expuso-, se despojó a ejidatarios de prácticamente 3 mil hectáreas y que dentro de esas existen las 1,200 hectáreas que son la garantía de los 89 millones de dólares que salieron del fondo de Pensiones del Estado. Desde entonces, a Pensiones del Estado la han estado utilizando para financiar negocios de amigos del gobierno en turno y recordemos que el inicio de todo esto es con Emilio González Márquez, cuando se modifica la Ley de Pensiones del Estado.
“A partir de ahí -sentenció-, cambia la naturaleza de Pensiones del Estado y empieza ser una institución especulativa, incluso se empiezan a hacer proyectos como el de comprar cerros en Querétaro, en La Primavera, comprar terrenos que no nos dan absolutamente nada”.
Sobre la posibilidad de que Ayón López se quede en la cárcel, el dirigente sindical de la FGTEM sentenció: “Me parece que sí evidentemente hay muchos elementos, sí es responsable de muchos de los desvíos de recursos porque él tomaba muchas decisiones, me parece que tienen todos los elementos para vincularlo a proceso y para que responda por los daños”.
“En el caso de Abengoa parece definitivo que no se habrá de recuperar nada de los 600 millones de pesos y nosotros decíamos desde ese momento que realmente el que debería de reponer ese dinero era el gobierno del estado, porque son ellos los que autorizan estas grandes inversiones”.
“No olvidemos que Pensiones del Estado se maneja con un Consejo de Administración con seis representantes, tres de ellos los tiene el Gobierno del Estado, uno el representante de los municipios a través del gobierno de Guadalajara y el quinto y sexto votos son de los representantes de la federación mayoritaria de servidores públicos y de los maestros de la sección 47. Sin embargo, la misma ley dice que el director tiene voto de calidad, es decir, el gobierno decide realmente qué hacer con los fondos de los trabajadores y cómo invertirlos, ahí no puede escapar de su responsabilidad”, expuso.
EN IPEJAL, SE SOCIALIZAN LAS PÉRDIDAS Y SE PRIVATIZAN LAS GANANCIAS: CPC
Sobre el llamado del mandatario jalisciense a definir en una mesa de trabajo con los socios del Ipejal el futuro del instituto, Peña Cortés cree que lo que verdaderamente están empujando, es una iniciativa de ley que tiene que ver con individualizar las cuentas. “Desde hace mucho tiempo e incluso en el gobierno de Aristóteles Sandoval ya habían planteado esta posibilidad, pero yo veo, al leer la última reforma que hacen de la ley del Ipejal, que no le dedicaron ni tres líneas al asunto de la corrupción y creemos que por este concepto Pensiones del Estado ha sufrido un desvío de recursos de aproximadamente 5 mil millones de pesos, al menos.
“Yo lo que veo, es que sí quieren modificar la ley, que están señalando en la exposición de motivos que una de las presiones que se genera es que hay muchos trabajadores que se jubilan sin tope de edad, ya que antes de las reformas de Emilio, bastaba con probar 20 años cotizando y 30 de servicio, tenían derecho a pensionarse al 100%; por eso cuando se modifica esta ley, ya los nuevos trabajadores que cotizan en Pensiones, tienen el requisito de los 65 años de edad para jubilarse, lo que quiere decir que si empiezas a trabajar los 20 años y trabajas 30 de manera ininterrumpida, llegarías a los 50 años, pero tendrías que trabajar 15 años más para que puedas acceder a una jubilación”, planteó.
Sobre las propuestas que él aportaría a esta mesa de trabajo, Peña Cortés dijo que de entrada plantearía que se vaya a fondo en contra de la corrupción: “Yo creo que la riqueza que se genera en nuestros fondos se tiene que ver cuando existe un trato honesto, cuando hay transparencia. Pensiones del Estado tiene muchas sangrías, se compra sobre precio hay contratos carísimos con hospitales de primer nivel solo para algunos funcionarios y para los trabajadores de base nos mandan a los servicios normales; por lo que sé todo tiene sobreprecio en Pensiones del Estado, entonces hay una sangría increíble, hay muchos puestos que no se justifican, que son como pagos políticos a quienes están ahí moviéndose, cada director que llega acapara los mejores puestos y se lleva a su gente y eso se va haciendo cíclico”.
El tema de fondo -dijo-, es que está mal administrado Pensiones del Estado, tiene dinero suficiente para no tener problemas financieros. Se deberían realizar inversiones, pero con transparencia, porque lo que hicieron fue sacar nuestros fondos y entregárselos a particulares y les entregaron también todo el control de los fideicomisos, es una obra de ingeniería jurídica para darle todo el poder a los empresarios y dejar a Pensiones del Estado sin defensa. Por eso hay responsabilidad de los que firmaron esos fideicomisos.
Cuauhtémoc Peña dice sí a la modificación de la Ley de Pensiones, pero para cambiar al Consejo de Administración y construirlo de manera distinta, “se nos ocurría por ejemplo que cada poder del Estado nombrara un representante de los trabajadores y un representante patronal, así como también, darle cabida a los representantes de los municipios del interior del Estado, para evitar que el Gobierno en turno controle a la mayoría, porque es una tentación, es una caja chica de los gobiernos en turno.
“Y la otra es que se regrese al Congreso la facultad de aprobar y fiscalizar estas grandes inversiones, porque a partir de, fue donde se empezó el desfalco. Y si en efecto el Congreso también está controlado, al menos te darías cuenta públicamente porque en un pleno tienen que salir los temas, acá no te das ni cuenta, hay un pequeño grupo que son los de la Comisión de Inversiones, que no saben ni quienes son, cuáles son sus criterios y lo que es peor, no tienen ninguna responsabilidad si pierden el dinero de los trabajadores, porque la ley se los permite y por ello, siempre socializan las pérdidas y privatizan las ganancias”, concluyó.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»

La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
CARTÓN POLÍTICO
Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/


Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia

– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.