ENTREVISTAS
Cuahutémoc Peña exige conocer el costo real de corrupción; IPEJAL debe auditarse
Por Mario Ávila //
Al continuar con las mesas de trabajo para plantear modificaciones a la Ley de Pensiones del Estado, los trabajadores de los servicios públicos exigen al Congreso del Estado la realización de una auditoría para conocer el costo real de la corrupción en el Instituto de Pensiones del Estado.
El planteamiento lo hizo el líder de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés, quien refiere que según sus cálculos, de acuerdo a la información que de las inversiones fallidas que se han ventilado en los medios de comunicación y en los tribunales, el desfalco podría ser de 7 mil millones de pesos, sin embargo explica que el costo de la corrupción crecería a una cifra escandalosa, si se toma en cuenta el daño permanente al patrimonio y a los fondos del Ipejal, si se auditan debidamente los procesos de arrendamientos, las compras de medicamentos y la contratación de personal, entre otros temas.
En lo que fue la segunda ronda de las ocho mesas de trabajo que se celebrarán en la sede del Poder Legislativo, por segunda semana consecutiva se abordó el tema financiero y en él, el dirigente sindical insistió en la necesidad de conocer el costo de la corrupción.
Y entendemos que la corrupción en Pensiones del Estado -explicó-, no es el acuerdo entre dos o más personas para enriquecerse, sino es un asunto estructural. Entendemos que desde las modificaciones que hizo Emilio González en el 2009 se debilitó la institucionalidad de Pensiones del Estado, ya no hubo controles, además de que al Consejo de Administración se le dio un poder que no tiene contrapeso, así como al Comité de Inversión.
Por ello -expuso-, quisiéramos pedirle al Congreso del Estado, que solicite un estudio independiente de cuál es el costo de la corrupción en Pensiones del Estado. Y tenemos dos ejemplos. El Fideicomiso de Chalacatepec y el de Santa Cruz de la Soledad, que son fideicomisos en donde aproximadamente saquearon de los fondos de los trabajadores como 1 mil 500 millones de pesos y en los dos fideicomisos entrañan despojo de tierras ejidales y simulación de actos. Lo grave es que no obstante Pensiones del Estado y el gobierno en turno, que tuvieron toda la información porque tenían una Dirección de Asuntos Agrarios, autorizaron estas inversiones y lo más escandaloso es que el anterior director de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, hoy es el abogado de los que despojaron a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad.
“Evidentemente -añadió-, no hay ningún estudio serio de cuánto nos cuesta la corrupción en el Ipejal y debemos de empezar por eso, porque a lo mejor el modelo no está mal, sino que hay un exceso de corrupción y no solamente hablo de estos dos fideicomisos. Recordemos que en el caso de Chalacatepec, a los posesionarios les pagaron a 7 pesos el metro cuadrado y lo metieron al fideicomiso a 14 dólares el metro cuadrado. Y no obstante el gobierno del Estado y los directivos de Pensiones sabían que eran tierras ejidales, que estaban en litigio y que incluso ahorita continúan en litigio en los tribunales. Y yo me pregunto, cómo es posible que los responsables del Ipejal hubieran autorizado estas inversiones sabiendo que eran tierras ejidales. Debo comentar que en los dos procesos hay juicios y tarde que temprano se va a demostrar que cuando menos en Chalacatepec son tierras ejidales y qué va a pasar con las garantías, qué va a pasar con el dinero que invirtió Pensiones del Estado en estos proyectos”.
Además -remató-, los trabajadores no podemos ser cómplices de que con nuestro dinero despojen a ejidatarios de sus tierras, no podemos ser cómplices y yo sí quisiera abonar para que en la siguiente mesa se abran estos dos expedientes y estos dos fideicomisos, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad y se pueda resolver realmente si fue un error en la inversión o hay todo un entramado de corrupción, incluso de contubernio de funcionarios del Gobierno del Estado y del Ipejal. En síntesis, yo considero que tiene que haber primero un informe claro de cuánto nos cuesta la corrupción y porqué se continúa con estas inversiones de Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, si saben que al final del día entrañan despojos a ejidatarios.
MÁS ALLÁ DE LOS FIDEICOMISOS, LA CORRUPCIÓN SE HA INSTITUCIONALIZADO
Para el dirigente sindical Cuauhtémoc Peña Cortés, quien desde hace más de 10 años ha denunciado el saqueo de que es víctima el Ipejal, si no se tienen datos precisos de cuánto cuesta la corrupción en el Instituto de Pensiones del Estado, no se puede avanzar en el diseño de las enmiendas a la Ley.
“Y señalando por corrupción, no solamente los fideicomisos que se están señalando, Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, que en sí mismos esos dos entrañan una corrupción increíble y el problema es que son de tracto sucesivo, es decir se continúan realizando estos fraudes que se hicieron, lo más grave es lo que se hace cotidianamente, los asuntos a sobre precios, la atención médica, todos los contratos que tiene Pensiones del Estado entrañan un fraude contra los fondos y beneficios particulares”.
“Hay edificios que Pensiones del Estado renta en cantidades irrisorias y los ganones son los que a su vez los sub arrendan a otras personas. Me parece que los estudios actuariales no están coincidiendo, hay muchas faltas, muchas omisiones, los números de los trabajadores no cuadran y me parece que el tema es de corrupción. Y hay una ecuación sencilla, la corrupción es igual a quien tiene el monopolio de las decisiones, más discrecionalidad, más poca transparencia y eso es lo que aquí sucede.
“Desgraciadamente aquí el modelo de Pensiones del Estado está diseñado para que el gobierno en turo tome todas las decisiones, todos los empleados dependen del gobierno en turno y muchas veces son pagos políticos, que no son el mejor perfil. Pero no solo eso, también creemos que la nómina de Pensiones del Estado está inflada, porque se mete gente para pagar compromisos políticos, por eso el asunto de la corrupción es vital”, planteó en la mesa de trabajo efectuada en el patio central del Congreso del Estado, el líder de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés.
Incluso el líder sindicalista hizo sus propios cálculos y planteó que la corrupción le ha costado al Ipejal aproximadamente 7 mil millones de pesos, al menos en los casos que se conocen de los fideicomisos, aunque está seguro de que la cantidad es mucho mayor, “y si el déficit es de 2 mil o 3 mil millones de pesos para el 2033, de qué estamos hablando, me parece que debemos ser muy cuidadosos en este tema, porque el futuro de miles de trabajadores depende de este asunto y no estamos de acuerdo en que vayan a rematar los bienes de Pensiones para tratar de pagar las deficiencias recaudatorias que tienen”, planteó.
Detalló que la corrupción no nada más es en pesos y centavos, sino en trámites, en actos y fue más preciso: “Corrupción hay en todo, por ejemplo, hay un grupo de notarios que son los únicos que te pueden escriturar, no puedes llevar tu a tu notario, esa es corrupción, porque el trabajador debe tener la libertad de elegir a su propio notario y ahí no obstante que lleves tu notario, tienes que pagarle al notario del Ipejal también”.
“Hablamos además de lo que mencionó el señor Herminio Jasso, de la Asociación de Jubilados, de la compra a sobre precio de miles y miles y miles de pesos de medicina; así como la contratación de trabajadores que no se justifican, que son solo activistas políticos que están ahí sin trabajar. Y ahí está el caso del panista Jorge Salinas Osornio y a mi me parece hasta miserable de cómo van ahí a pedir que los conviertan en ‘aviadores’ aunque sea en una placita para justificar su pensión”.
“En síntesis, el modelo está mal diseñado y está trazado para permitir la corrupción, yo creo que desde el 2009 se debilitó la institucionalidad de Pensiones del Estado porque el Congreso ya no pudo controlar. Sí había corrupción antes, me acuerdo de los terrenos de Alatriste que también nos quitaron, antes de las reformas del 2009, pero no era tan grave como en este momento, después del 2009 se hizo una corrupción institucionalizada”, lamentó.
JOSÉ HERMINIO JASSO: “QUEREMOS SABER A QUÉ PRECIO SE COMPRAN LAS MEDICINAS”
“En Pensiones queremos saber a qué precio se compran las medicinas”, expresó José Herminio Jasso Álvarez, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado y los Municipios de Jalisco
“Debemos de cuidar los gastos igual que cuidamos el ingreso. Nosotros como jubilados participamos en el Comité de Vigilancia y de Transparencia que se creó en Pensiones por instrucciones del gobernador Enrique Alfaro, allí hemos solicitado y aquí está nuestra presidenta, Martha Elia, quien ha solicitado que se presente el estudio actuarial, tenemos tres años pidiéndolo y nunca lo han cumplido”.
Otra cosa que Martha Elia también ha pedido, apoyando a los jubilados que presenten ante ellos el Comité de Compras y nunca lo han cumplido. “Nosotros como jubilados decimos: si yo voy a cualquier farmacia, hasta las del Ahorro, tienen en la cajita un aviso que dice ‘precio máximo al público’. Cuando vamos a la farmacia pedimos unos mejorales o aspirinas, nos dan la cajita y dice precio máximo 1000 pesos, pero por ser ustedes se los vamos a dejar en 20. Me estás rebajando 980 pesos, dame el precio auténtico y eso queremos saber”.
“Queremos saber a qué precio en Pensiones compran las medicinas, si lo compran a mil pesos, a quinientos, 250 o al que lo compren o 20 pesos que es lo que vale la medicina”.
“Tenemos que cuidar el gasto porque nosotros los jubilados son los que lo resentimos y no se les olvide que en las mesas he estado exigiendo hasta responsabilidad legal, no nada más administrativa, sino penal si es necesario que por la escacez de medicinas, la gente se está muriendo. El problema de los jubilados es que si no tenemos la medicina nos vamos a morir”.
“Estoy de acuerdo con lo que ha expuesto el colectivo: sí requerimos un instrumento que controle la inversión, pero también ese instrumento debe estar manejado por financieros”.
FALTA DE RESPETO
Al iniciar su intervención José Herminio Jasso les llamó la atención a los diputados a que sean formales y respeten la puntualidad de las personas invitadas a participar a estos foros. “El problema con los jubilados es que venimos a estas sesiones y de repente notamos, como bien dijo nuestro compañero Juan José Hernández, que hay falta de respeto con el tiempo, no nada más el tiempo que haga la persona, sino que hoy empezamos 20 minutos tarde”.
“Soy mexicanos, católico, deportista…y el futbol empieza a la hora, la misa empieza a la hora, los toros empiezan a la hora, no se por qué en el Congreso del Estado nos citan para las 11 y empiezan 20 minutos tarde”, dijo en forma categórica Jasso Álvarez provocando una ovación del respetable.
“Es muy importante que veamos la enfermedad de Ipejal como si fuera la enfermedad de un cristiano, de un mortal, a todos nos ha tocado que nos dicen ‘a tu papá, a tu mamá, les vamos a tener que amputar dos dedos del pie porque están gangrenados’, los familiares reclaman y el doctor les aclara: “si no le cortan los dedos ahorita, dentro de un tiempo le vamos a tener que cortar la pierna, porque la enfermedad va a seguir creciendo”, entonces, este tipo de mesa debe de procurar la mejor medicina para Ipejal, podemos decir que las cuotas y tantas cosas, entonces, le pediría a Ipejal que nos presente una vista a futuro de cuánto tardarían de nivelar, si no se aumentan las cuotas o si se aumentan las cuotas un 5% o 10%, hasta dónde llegamos la vida y saber qué es lo que necesitamos”.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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