ENTREVISTAS
Dengue y crisis sanitaria: Por indolencia y corrupción deben cesar a funcionarios de salud
Por Diego Morales //
Por considerar que la crisis sanitaria que golpea a decenas de miles de familias provocada por el mosquito del dengue fue propiciado más que por el cambio climático por indolencia e irresponsabilidad de los titulares de la Secretaría de Salud del Estado y de la OPD de Servicios de Salud, Fernando Petersen Aranguren y María del Consuelo Robles, estos deben ser cesados por el gobernador e investigados por sus conductas alejadas del deber ser del servidor público, denuncia el regidor de Morena en Tlaquepaque, Alberto Maldonado Chavarín.
La indolencia mostrada por estos funcionarios ha propiciado que decenas de miles de personas sufran la enfermedad del dengue, que decenas de personas hayan perdido la vida y que muchas más están en peligro, denuncia el regidor Maldonado Chavarín entrevistado en el programa radiofónico Tela de juicio.
El otro punto igual de grave que señala el regidor de Morena es que estos dos funcionarios, Fernando Petersen y María del Consuelo Robles, es que en vez de aplicarse a cuidar la salud de los jaliscienses, le prestan más importancia a los negocios, favoreciendo a sus familiares, lo cual debe ser investigado por la Contraloría del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Entrevistado en el Programa En Tela de Juicio, Alberto Maldonado expresó que ha tomado este tema fundamental de la agenda pública porque tiene los elementos para comprobar las irregularidades que estos funcionarios han cometido como servidores públicos.
LOS DATOS FALSOS DEL GOBERNADOR
Además, el regidor de Tlaquepaque aseveró que la investigación periodística presentada por el Diario NTR sobre la inversión histórica que aseguró Enrique Alfaro había realizado su administración en este primer año en prevención del dengue, resultó falsa, como lo desnuda el trabajo periodístico.
“Esa información nosotros la tuvimos desde el principio, primero decían que no había dinero porque la federación no les entrega dinero, desmentimos esa posición al mostrarle que tenían más de mil 352 millones de pesos que no estaban siendo utilizados y no se utilizaron todo el año”.
“Como ejemplo, el año pasado en marzo ya estaba el concurso para proveedores para surtir los químicos que se necesitaban, pero ha sido un mal histórico, no se ocupa mucha inteligencia para saber que tiene que ser dos o tres meses antes del temporal de lluvia cuando se debe prevenir, porque si no es reacción, andar de bombero apagando incendios como en este momento están haciendo”.
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Fernando Petersen y Consuelo Robles, titulares de las deendencias de Salud en el Gobierno de Jalisco. |
HACEN NEGOCIO
Maldonado Chavarín denuncia las irregularidades de dos funcionarios públicos quienes desde su visión han estado haciendo negocios aprovechando la crisis sanitaria que se vive en Jalisco.
“No sé qué está esperando el Gobierno del Estado para pedirle la renuncia a la directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, quien además ha estado saliendo a la luz pública que son los contratos en donde la señora está aprovechándose del tema, del dolor de los ciudadanos de Jalisco, para enriquecerse y beneficiar a su esposo con contratos millonarios, María del Consuelo Robles, que también mintió, públicamente dice que este año no han comprado, yo puedo demostrar que hay varias facturas por más de 6 millones de pesos que juntas todas implican mucho más, en donde todo el año han estado comprándole llantas, un gran negocio, beneficiando a su esposo que es gerente general de la empresa”.
Agregó: “Por otro lado el secretario de Salud también haciendo un gran negocio con el tema de salud de Jalisco al estarle comprando a la empresa de sus familiares los Aranguren toda la ropa desechable que se está utilizando en el sector salud. No se vale que por un lado hayan tenido una grandísima responsabilidad, que engañen al gobernador de esa manera, no se vale que estén jugando con la salud de los jaliscienses, nosotros creemos que estos datos solo representan del 25 al 30 por ciento reales”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿De qué tamaño es realmente el problema de la crisis sanitaria en Jalisco? Hay decenas de miles de personas contagiadas por el dengue, de acuerdo a estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud, pero hay muchos más enfermos, como los que son tratados en los hospitales privados, que no se registran en las estadísticas oficiales…
Respuesta. No lo registran, un alto porcentaje va a los hospitales privados. En este momento van 71 muertes por dengue oficiales en Jalisco, solamente vamos en el número redondo de 7 mil casos comprobados por dengue. Mal informaron al gobernador que con desatino sale a declarar información incorrecta, no se hizo una gran inversión histórica en materia de salud, se están haciendo las inversiones tardías, apenas se está haciendo.
Pregunta. Se está considerando lo que se va a invertir, pero no se ha invertido…
Respuesta. No se ha invertido, no se había hecho cuando él lo dijo. La otra, para echar por tierra ese reclamo con tanto coraje que se ve en el video y tanto han tratado de sostener de manera mañosa desde el gobierno, que es el cambio climático lo que nos está afectando.
JALISCO EL PRIMER LUGAR EN MUERTES
Pregunta. ¿No crees en el cambio climático?
Respuesta. No, se me hace muy curioso que el cambio climático solo se haya ensañado con Jalisco, porque es mundial. Jalisco somos el vergonzoso primer lugar en muertes, el segundo lugar en casos de dengue en el país.
Pregunta. ¿La ubicación geográfica no será un determinante en que el cambio climático sea lo que lo genera?
Respuesta. Seguramente no, porque además tenemos dos estados endémicos, donde todo mundo sabe que hay más mosquitos en el país que es Nayarit y Colima, que allá no han tenido problemas de crisis. Hoy nos estamos yendo a penales vergonzosamente con Veracruz en casos de dengue, en casos de muertes primero es Jalisco, después Veracruz y Chiapas, para vergüenza de nosotros.
Cómo es posible que nos vayamos a penales con estados del sur del país que tienen mucho mayor retraso en infraestructura, que tienen menor presupuesto y que están en una situación geográfica más desventajosa que Jalisco y aquí por una irresponsabilidad de dos funcionarios que hacen negocio con la salud de los jaliscienses estemos en esta situación, no se vale, no sé qué espera para pedirle su renuncia a María del Consuelo Robles.
Pregunta. ¿Fue diputada…?
Respuesta. Fue diputada y una gran crítica, se rasgó las vestiduras en su momento porque había 500 casos de dengue cuando era diputada, con la muerte de dos o tres casos de dengue, no pasaban de diez. Yo invito a la gente que a través de las redes sociales y el internet, compartan las muertes que se enteren por dengue, todos los familiares que tengan dengue, tuvimos gran parte del personal del ayuntamiento de Tlaquepaque con dengue, en Zona Metropolitana todos tenemos un familiar enfermo de dengue y eso es por la irresponsabilidad. Una cosa importante, esa diferencia y pelea que traen entre la directora de Servicios de Salud Jalisco con el titular de salud, diferencias políticas, que tienen que ver con negocios, uno ayudando a su familia comprando ropa desechable y otra comprándole al marido todos los instrumentos para los vehículos.
Pregunta. ¿No son diferencias por programas para enfrentar las enfermedades?
Respuesta. Hoy pudiéramos decir que vergonzosamente sale a relucir que las diferencias en Secretaría de Salud Jalisco es por los negocios y que no se vale, son chingaderas porque perjudican de manera directa la salud y el patrimonio de los jaliscienses.
LA REFUNDACIÓN PUEDE SER MANCHADA POR LA CORRUPCIÓN
Pregunta. ¿Crees que el gobernador se atreva a sancionarlos?
Respuesta. Tengo fe en que sí, creo que el gobernador es un hombre positivo, es un hombre que quiere y está empeñado en refundar Jalisco, esa refundación no puede pasar sin que se atienda el tema de la corrupción de frente, tiene casos desnudos, muy claros, estamos frente a un acto de corrupción, uno de los actos de corrupción comprobados que nos está afectando a todos, somos una vergüenza a nivel nacional por el tema de salud, si eso no es motivo suficiente para que el gobernador les pida la renuncia a ambos que hoy están haciendo negocios con la salud de los jaliscienses entonces cuándo, tengo fe que el gobernador actuará de la mejor manera y seguramente él y sus asesores caerán en cuenta que este tema está por culpa de la negligencia de quienes no previeron esto, quienes quisieron cambiar de proveedores, están desmantelando los laboratorios en sector salud que está dando al traste, si esto no es motivo para hacer cambios entonces estaríamos ante una ficción, una acción corta de la refundación.
QUE LA GENTE DENUNCIE
Pregunta. Con estas cifras y señalamientos que realizas, ¿con qué nos quedamos?
Respuesta.
Con invitar a la gente a que haga las denuncias, invitarlos a que se reúnan los elementos de prueba, que presenten las demandas correspondientes para la reparación del daño, me pongo a sus órdenes para compartir cualquier información que tengamos. Nosotros habremos de acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja, de acudir también ante la Contraloría interna de la Secretaría de Salud y a la Contraloría del Estado para que se hagan las investigaciones y se deslinden responsabilidades, porque estamos seguros que hubo omisión por parte del secretario y la directora del OPD, que ha quedado evidenciado que hacen su gran negocio, el llamado es al gobernador que destituya a estos irresponsables funcionarios que hoy están haciendo negocios, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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