ENTREVISTAS
Denuncia Pedro Kumamoto la «alianza gandalla» entre MC y Morena por los incrementos a partidos
Por Mario Ávila //
Tras exigir a los coordinadores de las bancadas parlamentarias de Movimiento Ciudadano y Morena en el Congreso del Estado, a que den la cara a la ciudadanía y expliquen el porqué de su mentira para derogar la ley “Sin Voto No Hay Dinero”, el regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto denunció la existencia de acuerdos entre ambas fracciones políticas, que calificó como una “alianza gandalla”.
Ello luego de que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la semana pasada, la reforma legal con la que se deroga la ley impulsada por el ex diputado Pedro Kumamoto, que consideraba reducciones sustanciales al presupuesto, ya que modificaba la variable matemática para el reparto del subsidio oficial y ligaba el monto a repartir a la votación válida de la elección inmediata anterior.
De tal suerte que, en lugar de una reducción de 121 millones de pesos, como lo ofrecieron el PVEM, PAN, PRI, MC y Morena en los últimos días del mes de septiembre en el Congreso del Estado, la verdad es que el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado ya se contempla una partida de 406 millones de pesos para el 2023, cuando en este año se repartieron solo 168 millones de pesos.
Sobre el particular, el regidor Pedro Kumamoto expuso que el primer efecto de la determinación, es que se triplican los recursos que se le entregan a Morena y Movimiento Ciudadano que el año entrante recibirán 83 y 119.7 millones de pesos, respectivamente, cuando este año el subsidio para ellos mismo fue de 25.5 y 36.8 millones de pesos.
El segundo efecto -dijo-, es la enorme desconfianza que cosecharán los partidos y en particular los coordinadores parlamentarios, diputados y diputadas que decían que con esta medida se iban a ahorrar más de 150 millones de pesos, cuando en realidad lo que termina sucediendo es que se pasa de 168 millones de pesos en un año no electoral a 406 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos 2023.
Y yo creo que esto -abundó-, es muy importante porque pareciera que no hay problema con mentir, no hay problema con decir completamente lo opuesto y creo que eso también va a ser uno de los efectos que sucederán. Y justamente una consecuencia dañina es que esta decisión significa 300 millones de pesos menos para dedicar a los temas que la sociedad considera que son los más importantes, la seguridad, la educación, la salud, la movilidad, en fin, creo que es una muy mal mensaje.
Lo peor de todo ello -recalcó el edil-, es que no salen a dar la cara, que sigan escondidos entre sus mentiras y así es como funciona esta alianza gandalla que se ha organizado en el Congreso del Estado entre MC y Morena; además de que con esta actitud se manda un mal mensaje para la democracia por dos vías, por el dinero que se asigna, y porque el subsidio ya no está ligado a la cantidad de votos válidos emitidos en la última elección y es un muy mal mensaje porque recordemos que esta iniciativa, si bien la propusimos nosotros, no era una iniciativa nuestra, era una iniciativa de la sociedad civil, de la academia e incluso de algunos otros políticos.
Dijo además el edil zapopano, que la intención de la ley anterior era que los partidos invirtieran sus recursos en la capacitación política de sus cuadros y de la ciudadanía, “y hoy con esto ya no tienen un incentivo real y claro para poner a los mejores perfiles, para poder impulsar a las mejores propuestas, para ser cercanos a la ciudadanía y creo que eso es muy costoso, no solamente en términos económicos sino también es muy costoso porque se pierde de vista el sentido real de la democracia”.
Expuso además que con ello espera que no siga triunfando el abstencionismo cada tres años, “espero que no sea así, espero que la política logre volverse un sitio donde pueden resolverse los problemas reales del día a día, pero hoy por hoy lo que alcanzamos a ver es una cerrazón, son mentiras y desde luego una traición por parte de esta alianza gandalla entre MC y Morena.
“Por esto, y por otras muchas decisiones, como por ejemplo no atender el tema e inseguridad de manera real, no abrirse a las familias de los colectivos y organizaciones de personas desaparecidas, porque el gobernador se dedica a regañarlos en lugar de gobernar y resolver los problemas, culpa a la prensa, culpa al activismo y culpa a la ciudadanía, yo creo que por eliminar el Sin Voto no hay Dinero y por administrar la inercia errónea, se le manda un mensaje poderoso ala ciudadanía y creo que es un mensaje equivocado”, sentenció Pedro Kumamoto, uno de los pocos ejemplos en el país que llegaron a la política por la vía de las candidaturas independientes.
Finalmente, sobre si se trata de una derrota definitiva de su propuesta, expuso: “Tendremos que ser mayoría en el Congreso, tendremos que generar mucha presión y creo que esto no está perdido para siempre y si bien ahora lo que hicieron es legal, no es legítimo y seguiremos trabajando para que sea una iniciativa que se apruebe no solamente en Jalisco, sino en todo el país”.
LA GRAN MENTIRA PRESENTADA POR EL PVEM
Vale la pena recordar que ante el pleno del Congreso del Estado, la diputada Erika Lizbeth Ramírez Pérez, presidenta de la representación parlamentaria de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó a finales de septiembre la iniciativa de reforma constitucional, presuntamente para reducir los recursos públicos para los partidos políticos de Jalisco, argumentando que era “con el propósito de que exista austeridad, transparencia y congruencia, pues se trata de aproximadamente 121 millones de pesos, que podrán destinarse a rubros importantes como salud pública, atención a niños con cáncer, educación y a otros que sea necesario apoyar”.
La abanderada del PVEM, presunta autora de la iniciativa, estuvo respaldada en una rueda de prensa donde anunció la propuesta de reforma constitucional, por los diputados Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Quirino Velázquez Chávez, de Movimiento Ciudadano (MC), de José María Martínez Martínez, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Hugo Contreras Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes también presiden sus grupos parlamentarios.
Y en ese evento dijo: «El presupuesto se distribuirá de manera equitativa y proporcional, en términos de la Ley General de Partidos Políticos, ya que actualmente se reparte en dos bolsas: una a partidos políticos locales y otra a nacionales, lo que ha generado una distorsión y que permitió que partidos con menos votos, como Futuro y Hagamos, estén recibiendo recursos millonarios en este año».
Además destacó: “Hoy tenemos la oportunidad de plantear la corrección a este mal y al ver que los partidos beneficiados no han planteado reforma sana para rechazar un dinero que ofende a todos al aceptarlo, ni se han establecido mecanismos para hacer ajustes, es que con toda responsabilidad, desde mi representación, planteó esta alternativa antes de que el año 2023 se genere un detrimento en nuestro gasto público y sea encausado adecuadamente en compañía de mis compañeros coordinadores de las diferente bancadas».
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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