ENTREVISTAS
El endeudamiento de Jalisco no debe aumentar más, perdería su calificación crediticia: Diputada Mariana Fernández
Por Mario Ávila //
Tras censurar que Jalisco sea el único estado del país que ha optado por enfrentar las consecuencias del COVID-19 con deuda y no con ahorros y el uso eficiente del gasto público, la diputada Mariana Fernández Ramírez, planteó la necesidad de que la Auditoría Superior del Estado realice en tiempo real, una revisión al gasto que de manera discrecional, a consecuencia de la pandemia, ha estado ejerciendo durante dos meses el gobernador Enrique Alfaro.
Expuso la legisladora tricolor, que bien se puede aprovechar este tiempo que la ASEJ no tiene revisión de cuentas públicas, para vigilar en tiempo real el gasto que se ha ejercido particularmente en el tema de salud, en donde se han gastado más de 3 mil millones de pesos para enfrentar en la entidad al coronavirus.
Reprochó que haya gastos como los de publicidad, en donde solo en un mes se gastaron 26 millones de pesos, es decir a razón de casi un millón de pesos diarios y recomendó al Ejecutivo que antes de pensar en seguir endeudando al Estado, piense en reorientar partidas y lograr ahorros, como lo están haciendo todos los estados del país, ya que Jalisco es el único que de inmediato optó por el camino de la deuda.
Dijo que la deuda acumulada de sexenios anteriores era de 17 mil millones de pesos, pero con la llegada al gobierno del Estado de Enrique Alfaro ya se deben 7 mil millones de pesos más, 5 mil 300 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado el año pasado, y 1 mil 600 millones de pesos que ha obtenido sin pasar por el Legislativo, ya que se trata de créditos quirografarios pagaderos a corto plazo, es decir en este mismo ejercicio anual.
“Y hay que decirlo, sólo Jalisco es el único estado que durante el COVID-19 ha recurrido a la deuda, los demás estados están sobreviviendo con reasignaciones y eficientando su gasto público”, dijo la coordinadora de la bancada del PRI en la LXII Legislatura local.
Y abundó: “en las emergencias siempre se presta a gastos muy discrecionales argumentando la extrema urgencia, pero no podemos descuidar el tema de pedirles de manera atenta como oposición, que transparenten su gasto, es lo menos que podemos hacer, porque ahorita con la pandemia no están sesionado los comités de adquisiciones, no se sabe a qué empresa se les están adjudicando las compras y tampoco sabemos qué donaciones están recibiendo; porque después vemos que dicen que estos cubre bocas nos los regalaron, por eso traen esta frase, por eso son de esos colores, bueno, quién te los donó, cuánto te han donado las empresas, cuánto ha ingresado al programa Jalisco sin Hambre, cuánto en especie, cuántas han sido las donaciones y cuánto el gasto”, se cuestionó la legisladora.
LA ENTREVISTA
Para abundar en estos y más detalles, entrevistamos a la diputada Mariana Fernández, quien así contestó a las preguntas de Conciencia Pública:
Pregunta. ¿Considera que se ha abusado del uso de la deuda?
Respuesta. Hay que recordarle a la gente que ellos acudieron a créditos quirografarios, que son los que se pagan a corto plazo, son 1 mil 600 millones de pesos que no pasan por la autorización del Congreso del Estado para contraer esta deuda, son deudas muy rápidas, pero lo que hemos dicho es que no porque estemos en pandemia se dejen de transparentar los gastos. Es importantísimo que se sepa lo que se está gastando en el sector salud, cuánto en el rescate económico del Estado y sobre todo que ya desde el año pasado veníamos arrastrando una deuda de 5 mil 300 millones de pesos, de la cual solo se ha ejercido el 10%, es decir todavía había oportunidad para reasignar parte de esa deuda. Más que llegar y recurrir directamente a la determinación de endeudar un estado, es necesario revisar qué partidas se pueden reasignar, vimos como gastó en publicidad solamente en el mes pasado, una cifra de 26 millones de pesos, una cantidad altísima cuando eso se pudo haber utilizado en pruebas rápidas, en insumos médicos, porque seguimos viendo que hay quejas de que todavía no llegan todos los insumos a todas las personas en el sector salud.
P. ¿Era preferible el ahorro?
R. Claro que antes de contraer deuda, habría sido mejor que se hubieran reasignado recursos de partidas que no eran tan importantes; la deuda ya está pero es muy importante que no se vaya a aumentar más el endeudamiento porque de esa manera Jalisco estaría en riesgo de perder sus calificaciones crediticias que tanto trabajo costo rescatarlas en el sexenio pasado. Lo que queremos es que se reasigne bien el presupuesto 2020, desde hace dos meses el gobernador ya está aplicando la facultad discrecional que le permite la ley cuando es un tema de emergencia para hacer las propias reasignaciones, pero tendrá 30 días para darle información al Congreso sobre qué partidas fueron las que cambiaron.
P. ¿La emergencia no lo exenta de la transparencia?
R. Claro está. Y nosotros desde aquí solicitamos que la Auditoría Superior del Estado, aprovechando que en estos momentos no está auditando temas de cuenta pública, no las está recibiendo porque les van a dar más tiempo a los municipios, que por favor empezaran a revisar en tiempo real, como ya se está haciendo por ejemplo en Sonora, en donde se está auditando en tiempo real todos los gastos que se hacen en materia de COVID-19. Pedimos eso en el Legislativo y no quisieron llevar el tema al debate, porque no quisieron votar para que se hiciera la revisión del gasto de esa manera, por lo que no queda otra más que seguir exigiendo la transparencia, porque seguramente habrá más consecuencias económicas, seguramente tendrá que haber más reasignaciones y sobre todo tendremos que elegir los proyectos prioritarios y el dinero tendremos que cuidarlo mucho más, para que no se utilice en gastos totalmente innecesarios como es la publicidad, en un momento tan delicado que se vive en la entidad y en el país.
P. ¿Se justifica decir que van por deuda porque hay menos dinero federal?
R. Nosotros hemos estado verificando el tema y no ha dejado de llegar ni un solo peso federal a Jalisco, seguramente en el futuro sí podría ocurrir porque finalmente los Estados se mantienen mucho de las participaciones federales y ciertamente se habrá de recaudar mucho menos de lo proyectado para este año. Pero todavía en las participaciones del mes de abril, incluso los municipios recibieron 2% arriba de lo esperado, pero hasta ahorita no se ha visto afectado ningún proyecto de Jalisco, ya veremos si con el anuncio en el recorte en zonas metropolitanas del país, cae algún proyecto que pudiera llegar a cancelarse, pero de momento Jalisco no se ha visto nada afectado por dinero de la Federación.
P. ¿Habrá que quitarle entonces a la obra pública?
R. El Peribús no sabemos qué tan impactado estaría, porque es una obra que se habrá de pagar con dinero estatal, con dinero de la deuda que se adquirió el año pasado de 5 mil 300 millones de pesos y también con dinero de la federación, era una combinación de varios presupuestos y yo espero que la federación se mantenga, quedan alrededor de 700 millones de pesos y queda también pendiente la terminación de la obra de la Línea 3 del Tren Ligero, que también es una obra importantísima. Vale la pena recordarle a la ciudadanía que con dinero deuda no se puede invertir en políticas sociales, tiene que ser para infraestructura y obra pública, es la única condición que lleva la deuda, no puede usarse para apoyos sociales o en apoyos alimentarios.
P. ¿La deuda debe ser la última alternativa entonces?
R. Mira, en todo el sexenio pasado la deuda fue de 5 mil millones de pesos y ahorita en año y medio ya llevamos mucho más que lo que se endeudó Jalisco en un sexenio. La deuda claro que se requiere, claro que es importante, pero hay que usarla siempre con moderación y con responsabilidad, pensando no solamente en el presente, sino de no dejar endeudadas a futuras generaciones, eso es importantísimo porque después vendrán nuevos gobiernos y al final es una hipoteca social para muchos millones de jaliscienses. La deuda a la fecha es de 22 mil millones de pesos, sin los quirografarios por ser a corto plazo, 17 mil de sexenios anteriores y 5 mil 300 es lo de él (Enrique Alfaro).
P. ¿Habrá que recortarle más a la burocracia?
R. Por lo que toca al Congreso del Estado, ya hicimos una política con el tema de cortar a la mitad los aguinaldos y de la partida del Congreso nada más se pueden tocar 100 millones de pesos de los 700 millones disponibles, porque los otros son de partidas irreductibles como el sueldo para los trabajadores de base y ese dinero no se puede tocar, pero en el Poder Legislativo se cancelaron 15 proyectos que teníamos para este año, como la remodelación de los edificios, la remodelación del propio pleno que ya se tienen que cambiar los sistemas de votación. Nosotros sacrificamos 15 proyectos, el 50% de los aguinaldos de todos los primeros niveles para llegar a ahorros de 50 millones de pesos, no habrá foros, no habrá reuniones en el Congreso, me gustaría ver que otros poderes hagan eso. Ahorita no tendría por qué haber gastos en protocolos, en eventos y en viáticos; así le están haciendo en todos los estados y es lo justo.
P. ¿Qué opina de la inversión de dinero público en el hospital Ángel Leaño?
R. Lo que yo quiero, es que (Alfaro) explique las razones, porque finalmente es un hospital privado y que nos diga después de la pandemia qué beneficio va a dejar a los ciudadanos por los 30 millones de pesos de dinero público que se invirtieron en él, cuando había tantos hospitales en Jalisco que están sin terminar y que pudo haber sido una buena inversión, para que sirvieran incluso para después de la pandemia.
P. ¿La transparencia, asignatura pendiente?
R. Ahorita está parado el tema de los términos para solicitudes de transparencia, pero tarde o temprano esta pandemia va a terminar y van a tener que ponerse al corriente y ahí es cuando vamos a aclarar muchas de las dudas que tenemos. Por ello lo que sugerimos, es que empiecen a publicar en el portal de transparencia las adjudicaciones directas, así como tienen tiempo para hacer las compras, pueden aprovechar el gobierno estatal y todos los ayuntamientos, para publicar sus gastos a la par que hacen las inversiones para adquirir insumos para enfrentar esta pandemia.
P. ¿Cómo ha enfrentado Jalisco la pandemia?
R. En Jalisco, yo creo que estamos en un buen lugar a nivel nacional, eso hay que reconocerlo, que tal vez los primeros cinco días funcionaron, pero la oposición no estamos aquí para aplaudir, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer lo bueno pero también señalar cuales son las deudas pendientes y hoy entre estos grandes pendientes está la transparencia en el gasto y la reasignación de recursos en gastos que no son tan importantes, como las inversiones en publicidad.
P. Finalmente. ¿Qué recomienda para cumplir con la rendición de cuentas?
R. Solo cinco puntos: 1.- Que se informe de inmediato, las determinaciones que se tomen con la finalidad de comprar insumos para atender la epidemia de Covid-19; 2.- Publicar toda la información sobre las adjudicaciones directas realizadas para atender la contingencia; 3.- Explicar el impacto financiero y el origen de los recursos para fondear los programas sociales del Plan Covid-19, comprar los insumos médicos extraordinarios y el pago de intereses de los créditos quirografarios; 4.- Rendir cuentas en caso de que el gobernador hubiera hecho uso de su facultad extraordinaria para disponer discrecionalmente todos los recursos presupuestarios disponibles por tratarse de una emergencia y 5.- Que la Contraloría y la ASEJ realicen auditorías en tiempo real.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
