ENTREVISTAS
Elección de consejeros de la judicatura: Autodenigración del Congreso del Estado, son expertos en simulación, dice Enrique Velázquez
Por Diego Morales //
Se lo pasaron por el arco del triunfo… así describe el diputado perredista Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, el proceso de elección de los tres consejeros de la judicatura. Asevera que si era un tema de cuotas y cuates, se debió ser claro con la sociedad, además de evitar el ataque a las universidades, quienes desde su perspectiva, realizaron un trabajo serio durante esta elección.
Para el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el proceso para la elección de los tres consejeros de la Judicatura terminó convirtiéndose en una simulación y le pidió al Congreso del Estado que para eso “no los vuelvan a invitar”.
“Entonces, si no les gustaba, hubieran dicho desde el principio, tan fácil como decirlo de frente, cómo le hacemos para que lleguen mis camaradas, eso es otra cosa, hubieran sido claros, pero no, son expertos de la simulación, quisieron arremeter contra la comisión, cuando no participó, no tenía otra opción más que defender a las universidades porque el trabajo que hicieron fue serio”, apunta Enrique Velázquez.
Para el legislador del PRD, el respetar la reforma que habían aprobado y el reglamento para la elección de consejeros de la judicatura era vital, pues contenía los filtros necesarios para que a estos espacios llegaran las personas con más capacidad y no los amigos, trabajo que se vino realizando desde hace más de un año y medio.
“Fue un examen durísimo, fuerte. Los aspirantes hicieron ver que había preguntas que no estaban en el temario, hubo preguntas que se imprimieron mal y se eliminaron, hubo once preguntas que tenían más de una respuesta correcta. Ante esto las universidades nos mandaron el resultado, sin embargo, al parecer en el uno a uno, que al hacerles llegar las inconformidades, con la ley en la mano arremetieron contra los evaluadores”.
“Las universidades hicieron un conteo uno a uno, por eso dije que el resultado es a prueba de bala, de uno por uno, en cada uno de los espacios se dio la respuesta y arrojó un resultado, pero hubo quien al ver los perfiles que aprobaron vieron que no aparecían los que querían, empezaron a descalificar el proceso y arremeter contra las universidades y no podía permitir esto”.
Subraya: “No podía permitir que haya hecho una invitación a las universidades y luego descalificarlas, de entrada porque algún amigo me dijo en tema de mitote y darlo por bueno. Les ofrecí hablar con ellos, pero no descalificar el proceso, porque habíamos avanzado, el examen era una evaluación de otras que se habían hecho, pero todo se descalificó. Entonces, si no les gustaba, hubieran dicho desde el principio, tan fácil como decirlo de frente, cómo le hacemos para que lleguen mis camaradas, eso es otra cosa, hubieran sido claros, pero no, son expertos de la simulación, quisieron arremeter contra la comisión, cuando no participó, no tenía otra opción más que defender a las universidades porque el trabajo que hicieron fue serio”.
A la vez, Enrique Velázquez precisa que el examen venía complejo porque el puesto lo requiere. A reserva del trabajo que realicen los nuevos consejeros, señala que en este cargo vital para la justicia de Jalisco, deberían estar los perfiles adecuados, mejor preparados y que hubieran cumplido con todos los filtros necesarios establecidos en el reglamento.
“Fue un examen difícil, preguntaron de transparencia, de auditoría, pero el consejo de la judicatura es un órgano administrativo, entonces si quieres darle sostenimiento debes conocer de esos temas, o eso pretendimos nosotros para darle fuerza. Porque si no importa el perfil que tengas y puedes ser consejero de la judicatura, que damos que no debería ser así, que íbamos a encontrar el perfil idóneo”.
ES UNA DERROTA DE LA TRANSPARENCIA
¿Cómo se encuentra tu estado de ánimo después de vivir esta experiencia?
“Tranquilo, tampoco no lo tomo personal. Pero sí es una derrota de la transparencia en el respeto a la regla. Me acordé en tribuna de la Ley de Herodes, cuando Varguitas el presidente municipal empieza a arrancar las hojas de la constitución porque esas leyes no le gustaban, así le hicieron, así de plano, porque el reglamento dice que solamente los que pasen de 80 pueden ser elegibles y se lo pasaron por el arco del triunfo. Ahora, no les gustó el examen, lo hubieran anulado y bien podíamos haber hecho una convocatoria, pero se quería otra cosa, son expertos en simulación y nombraron los que quisieron sin ningún rigor”.
No siempre el que saca mejor examen puede tener capacidad para otras cosas, pero así se establecía el reglamento…
“Así lo aprobaron todos, yo me opuse al examen de control de confianza, me parece que es para otro elemento de seguridad, aún así, si la ley dice eso, yo no sigo la convocatoria con las cosas que me gustan sino a lo que la ley dice. Mi única oposición tiene que ver con que no defendimos el rigor que habíamos pactado para poder cambiar la forma de elegir un órgano tan importante como el consejero de la judicatura que es importante para la impartición de justicia en el estado”.
Hay quien señala que el problema es que a la Universidad de Guadalajara no se le estaba dando un espacio y eso era el conflicto. ¿Qué hay de eso?
“Son bien chistosos, chequemos quién votó a favor de eso, algunos se subieron a decir que estaban por la legalidad, cuál legalidad, se pasaron la ley de lado, con el reglamento que habían aprobado. Tengo los dictámenes, les vale gorro. A esas cosas yo no me presto, la gente que me conoce sabe que en esas cosas no puedo estar de acuerdo, no era asunto de repartición, no hubo ningún planteamiento en ese sentido. Lo que acordamos es que hubiera buenos perfiles”.
¿Queda lesionado el congreso?
“En el tema de legalidad sí, pero más lesionado no se podría. En el congreso hicimos muchas cosas buenas y de todos modos no queda bien, pero haciendo este tipo de procedimientos cómo, da vergüenza, eso les decía, hay que pensarlo bien, las cosas se pueden hacer bien, si algo no te gusta no arranques de raíz las cosas, como el resultado. Si quieres que no se cuestione a la persona, hagan un buen procedimiento”.
Esto marcará a la legislatura, pareciera ser la peor cochinada…
“A mí me da mucha tristeza esto, si algo he querido cuidar siempre es mi nombre, lo que hago, si decido algo lo hago de frente, no me importó enfrentarlos, la diputada Mara Robles, su servidor y tres diputados de MORENA fuimos los únicos que votamos en contra, porque estamos en el tema del procedimiento. Creíamos que más diputados votarían en contra, no fue así”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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