ENTREVISTAS
Elección de ombudsman en Jalisco: Una mujer buscaría atender grave problema de violencia de género, investigador Arturo Villarreal
Por Mario Ávila //
Tras de calificar la actuación del ombudsman jalisciense, Alfonso Hernández Barrón, como “discreta”, el profesor investigador del CUCSH, Arturo Villarreal Palos, expuso que eso es lo que menos se necesita hoy día, tomando en cuenta la presencia de actores políticos beligerantes, como el titular del poder Ejecutivo.
En un somero análisis de lo que será el proceso de selección de nuevo titular de la CEDHJ, Villarreal Palos, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, planteó la necesidad de que llegue un nuevo presidente “de afuera”, que no esté involucrado en el quehacer de las últimas dos administraciones en la institución, para refrescar su quehacer.
También dijo que en su opinión, lo óptimo sería que la responsabilidad recayera en una mujer; censuró el mecanismo de selección al que calificó de “austero” en sus requisitos; comparó el procedimiento con los que se realizan a nivel federal y lamentó que esté latente el riesgo de la existencia de un acuerdo partidista en el reparto de posiciones de estos órganos, sino que el reparto sea como ha sido tradicional en el Poder Legislativo “de cuotas y cuates”.
Entrevistado para los lectores del semanario Conciencia Pública, Arturo Villarreal Palos, académico y profesor investigador en el departamento de Derecho Público, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, habló así del tema:
LA ENTREVISTA
¿Cómo considera el desempeño del ombudsman, Alfonso Hernández Barrón?
Creo que ha tenido una acción discreta, lo que yo he podido percibir es que no ha dejado de cumplir con sus obligaciones, pero en cierta manera se ve que no se ha buscado la confrontación, porque nosotros sabemos que las recomendaciones no son obligatorias, eso lo sabemos todos, pero sí hay mecanismos de presión a los funcionarios que no las aceptan.
¿No considera que haya habido cierta dosis de debilidad en su actuación?
No sé si propiamente se debería calificar como débil, lo cierto es que optó por una política de no confrontación y posiblemente eso hizo que no se agotaran otros mecanismos que la ley le otorga al ombudsman, porque si bien las recomendaciones todos sabemos que no son obligatorias, el incumplimiento de un funcionario si le deja una imagen negativa y debe dar una explicación pública, que a veces no ha ocurrido.
¿No lo vio usted débil en temas como violaciones derechos humanos en materia de medio ambiente como el río Santiago y en temas de seguridad que involucraban a la Fiscalía?
En los temas a los que haces alusión, sobre todo fue discreto ante un gobierno, particularmente el poder Ejecutivo, que es un poco beligerante y en ciertas ocasiones las reacciones son muy impulsivas. A veces eso evita que se le cuestione.
¿Hernández Barrón podría repetir?
Ya lo dijo él. Termina, se están cumpliendo los ciclos de 5 años que prevé la ley y aunque tiene el derecho de buscar otro periodo al frente de la presidencia, ha dicho que no es su intención hacerlo, esto está descartado, se supone entonces que tienen que venir nuevas personas.
¿Qué perfil le convendría a los jaliscienses?
No sabemos porque apenas recién se emitió la convocatoria, quiénes van a participar en el proceso de selección de nuevo titular de la CDEHJ, pero yo pienso que se necesita una renovación, digamos, muchas veces es necesario que vengan personas “de fuera”, no hay que olvidar que el actual presidente de la Comisión se desempeñaba como visitador en el anterior cuerpo administrativo y de ahí buscó la presidencia. No estoy diciendo que sean un mal elemento, por el contrario, creo que es un jurista capaz. Pero desde luego hace que las cosas se tornen un poco rutinarias y entonces desde mi perspectiva creo que es un buen momento para un relevo generacional en esta institución y que se incorporen juristas o personas con conocimientos en la materia, con ideas nuevas y frescas. Y sobre todo de “afuera”, porque eso nos permite también que las instituciones se renueven, esa sería mi punto de vista, pero te repito, no sé quién se va a inscribir.
¿De afuera significa que no hayan trabajado en la comisión?
Es necesario un momento de refresco, te lo digo porque en la vida pública jalisciense hay otras personas, que si bien no han trabajado dentro de la institución, sí conocen el tema de la defensa de los derechos humanos porque son juristas destacados. Insisto en que habrá que ver quién se inscribe en la convocatoria, porque también hay visitadores jóvenes, nuevos, que ellos mismo podrían no considerarse parte de este grupo que en los últimos años ha tenido las riendas de la Comisión.
¿Por ser el problema mayor en el estado, los temas de agresiones a la mujer, podría ser una mujer la candidata ideal?
«No lo demanda así la Constitución, ni las leyes, ni la convocatoria, digo, el Consejo Consultivo de la Comisión sí exige que haya paridad de género, pero en el caso del titular de la Comisión no tiene que haber por exigencia de ley una paridad que nos indique que después de un varón, sigue una mujer. Sin embargo, desde mi perspectiva sí considero también que es tiempo de dar oportunidades a las mujeres, por los argumentos que usted ha mencionado, por las batallas históricas que han tenido las mujeres destacadas, entonces pienso que aparte de este relevo generacional que yo le menciono, sería deseable que una mujer, pudiera, como ya lo hizo en el pasado, participar como presidenta de esta comisión, sobre todo con una visión de perspectiva de género».
«Cada presidente pone su acento. Por ejemplo, el actual presidente es un hombre muy preocupado por los sectores discriminados, particularmente los indígenas que durante mucho tiempo no fueron objeto de atención. Entonces a parte de cumplir con sus tareas ordinarias, ha mostrado un especial interés por apoyar a la comunidad wixrárika y náhuatl, por ejemplo».
«Entonces, creo yo que si llega una mujer a la presidencia de la CEDHJ, además de cumplir cabalmente con sus obligaciones, tendrá que velar especialmente por ese sector y buscará brindar especial atención a ese problema tan grave que es la violencia de género».
¿Hay riesgo de que la presidencia de la CEDHJ se defina mediante el reparto de cuotas en el Congreso?
«El riesgo siempre ha existido. Los mecanismos de designación de órganos autónomos son complejos, por eso a nivel federal se comparte la decisión entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea vamos el Ejecutivo tiene la posibilidad de mandar propuestas que cumplan ciertos perfiles, o bien por ejemplo en el caso de los consejeros electorales existe un órgano técnico que tiene que determinar la viabilidad de las candidaturas conforme a un cierto número de requisitos, en nuestro estado no tenemos estos candados, la designación es abierta para que el Congreso lo decida libremente, conforme a lo que establece la constitución, y la ley no es muy extensa en los requisitos para ser ombudsman, tener 35 años, título profesional, preferentemente de abogado y experiencia en derechos humanos, hasta ahí llega».
«Entonces la discrecionalidad del Congreso es muy amplia y cabe la posibilidad desde luego de negociaciones de orden político, yo recuerdo en el anterior proceso de designación el actual presidente no era de los candidatos que estaban apoyando los partidos, hasta donde recuerdo había un candidato que apoyaba el PAN y otro que apoyaba Movimiento Ciudadano. Yo recuerdo que se optó por una opción diferente a ellos, un tercero que logró el consenso y fue el actual presidente».
«Entonces, al menos en la anterior designación sí vimos que hubo un proceso de negociación y los procesos de negociación no necesariamente son malos. En contra de lo que sí estamos porque daña a la democracia, es en las “cuotas y cuates”, que es muy diferente y que es lo que no quisiéramos, porque lo que necesitamos es que se elija finalmente al perfil más idóneo».
Villarreal Palos es académico y profesor investigador en el departamento de Derecho Público, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
LOS TIEMPOS, LOS PLAZOS Y LOS REQUISITOS ESTÁN TRAZADOS
En sesión extraordinaria de la LXIII Legislatura, presidida por la diputada Ángela Gómez Ponce, los diputados aprobaron la convocatoria para elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), para que ocupe el cargo por un periodo de cinco años, del 02 de agosto 2022 al 01 de agosto del año 2027.
El documento avalado por la Comisión legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que preside la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, está dirigido a los organismos sociales, colegios de profesionistas, universidades y a la sociedad en general.
Refiere la Legisladora de la fracción parlamentaria del PRI, que el procedimiento deberá ser transparente, apegado a ley, e incluyente; de la mano de la sociedad civil, y buscando un perfil con preparación académica pero también con experiencia en la defensa de los derechos humanos.
Dentro de los requisitos para participar, destaca: No haber desempeñado cargo dentro de la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos últimos años anteriores al día de la designación y gozar de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad, honestidad y capacidad;
El registro de aspirantes se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 del mes julio de 2022, luego de lo cual se efectuará una serie de entrevistas presenciales en el seno de la Comisión parlamentaria en donde los aspirantes podrán ampliar la información sobre su trayectoria profesional o podrán dar a conocer su plan de trabajo. Además durante la entrevista los aspirantes deberán exponer una síntesis de su ensayo, al tiempo que los legisladores podrán hacer preguntas a las y los aspirantes sobre la-materia de su ensayo.
“Si ningún candidato alcanza la votación requerida (dos tercios de los votos) o el congreso del Estado no resuelve la elección en el plazo señalado en la convocatoria, se entiende que se rechaza a todos las y los candidatos; el presidente de la mesa directiva declara desierta la convocatoria y se emite una nueva, en la que puedan participar las y los aspirantes registrados en la anterior convocatoria”, dice el texto de la convocatoria.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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