ENTREVISTAS
Entrevista a Manuel Villagómez: Conagua tendrá que reparar daño a población por contaminación del Santiago
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
El problema de salud que sufre la población ribereña con el agua contaminada del río Santiago tarde o temprano tendrá que establecerse responsabilidad del gobierno federal y de las industrias que contaminan las aguas e indemnizar a las familiares de las víctimas aquejados por el cáncer y enfermedades renales.
Para Manuel Villagómez, presidente de la Fundación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, el gobierno federal se ha resistido a “declarar la emergencia sanitaria en esta cuenca”, porque hacerlo implicará que se tendrá que asumir responsabilidad con las víctimas de esta tragedia y para cubrir el daño se requiere muchísimo dinero.
Desde el 2011, recuerda, al lado de la entonces diputada Celia Fausto Lizaola le solicitaron al gobierno del Presidente Felipe Calderón hicieran esta declaración de emergencia sanitaria de la cuenca, pero “nunca lo han hecho, porque es reconocer que tienen un problema de saluda pública perverso y el día que lo tengan que arreglarlo, eso no va a ser ni rápido ni barato”.
El hecho de que se obligue a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indemnizar a la familia del niño Miguel Ángel López Rocha, cuyo juicio está por resolverse, generará un gran precedente para que igual se indemnice a todos y cada uno de familiares de las víctimas que han perdido la vida producto de la contaminación.
Sobre los nuevos estudios que hará la Universidad de Guadalajara junto con el Gobierno del Estado para determinar el grado de contaminación y daño a la salud de las poblaciones aledañas al río Santiago y que serán entregados dentro de 5 años, al final del sexenio, el presidente de la Fundación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago considera que el tema está sobre diagnosticado y que va a arrojar más de lo mismo que todos ya conocemos.
“Ya veo el estudio dentro de 5 años: la referencia del ITAM en tal fecha, la referencia de Ongs, nos presentan un estudio así de grandote…dame algo nuevo”.
“Aquí tendría que ver si la UdeG con quién se va a apoyar, con que laboratorios que estén registrados a nivel internacional y que tengan acreditamiento para que funcione…”, señala Villagómez.
LA ENTREVISTA
P. ¿Qué te deja esa gira de la macro excursión por municipios que están al borde del río Santiago que encabezó el gobernador Enrique Alfaro hace tres semanas?
R. ¿Qué me deja? Veo la voluntad del Gobernador de estar haciendo las cosas, veo ese detallito de la ampliación de la planta de El Ahogado, que estemos haciendo una inversión para canalizarle más agua de los acueductos que allí se están construyendo que sería un detallito que habría que ver…
P. Son mil 500 millones de pesos que el Gobierno de Jalisco invierte para sanear el río Santiago. ¿Alcanzará? ¿Dónde está el Gobierno federal en este programa de rescate?
R. Desde que conocí la propuesta, dije estos son 1,500 millones de pesos, no le van a alcanzar, él mismo lo sabe, se necesita complementarlo con dinero federal para que le alcance.
P. ¿Estás de acuerdo en la construcción de plantas de tratamiento…? ¿Cómo tomas la declaración de la CIDH de descalificar el tratamiento de las aguas contaminadas con las plantas de tratamiento…
R. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sacó unas recomendaciones que el tratamiento del agua no es suficiente, allí no tienes otro camino que tratar el agua para que esa agua ya no esté contaminando. El gobernador así lo advirtió luego luego, como que me están diciendo que no trate el agua, si es la base pare el saneamiento.
EL NIÑO MIGUEL ÁNGEL LOPEZ ROCHA
P. Y la reparación del daño por la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, ¿qué ha pasado?
R. Se cumplieron 12 años de su muerte, me comentó el abogado que lleva la causa de la familia que se está ganando el pleito, se busca la reparación del daño, me dijo, es posible que en estos días quede resuelto. Se van a venir en cascada los otros enfermos que hay un chorro… allí los derechos de los familiares de los fallecidos son vigentes y los derechos de los que están enfermos…
P. A eso se tendrá que llegar indemnizar a las familias cuyos familiares son afectados por la contaminación de las aguas y aquejados por el cáncer u enfermedades renales…
R. Cuando nosotros pedimos que esa cuenca fuera declarada de emergencia sanitaria, eso lo hicimos en forma oficial Celia Fausto Lizaola y tu servidor y que llegó a la Presidencia de la República a través de nuestros amigos de Fundación Find.
La Fundación Find se lo entrega al Presidentre y el Presidente se lo entrega a Rafael Elvira Quezada que era titular de Semarnat durante el gobierno que encabezó Felipe Calderón, un michoacano muy grosero que vino aquí y casi me gritó: “yo estoy en contra de esta declaratoria porque inhibe la inversión privada”, me dijo.
LA PRESIÓN INTERNACIONAL
P. Nadie le quiere entrar a este tema de tomar el toro por los cuernos en el tema de salud, ni gobierno federal, ni gobierno estatal… ¿Será la presión internacional la que los obligará a enfrentar la problemática?
R. Muy difícil, porque a nivel internacional hay recursos y todo cuando un gobierno reconoce que tiene un problema de emergencia sanitaria.
En 2011 denuncié ante la CNDH lo que estaba pasando con las familias de San Pedro Itzicán, pasaron los años y nadie responde.
“Metamos el amparo Manuel”, me dijo la licenciada y orale, entra…con ese amparo en 2013 se empezó a hacer algo, pero todo lo que el gobierno hizo es darle la vuelta, la perito que tengo en el amparo es la doctora Luz María Cueto…ella hizo el cuestionario para el perito de la contra parte. Le dije: oiga doctora en esto estamos avanzando, ya hicieron los análisis.
El gobierno tiene la obligación de hacer los estudios entre la población, porque es el que tiene el problema de salud, querían que yo los hiciera como Ongs, 250 exámenes a gente entre los 10 y 60 años con un costo de mil pesos por examen y no se ha hecho nada.
P. Y este nuevo estudio que se va a hacer producto de esta gira y se determina se hará un nuevo estudio y estará listo en cinco años, ¿no es patear el bote…?
R. Después de la información que pedí y que tenemos la UdeG ya tiene todo…yo se los entregué al gobernador antes de subirnos al camión de la gira y le dije: esto es lo último científicos de la Comisión Forestal del TLC han hecho esto, es lo más avanzado que hay.
P. ¿Qué sucede con los estudios?
R. Ya veo el estudio dentro de 5 años: la referencia del ITAM en tal fecha, la referencia de Ops, nos presentan un estudio así de grandote…dame algo nuevo.Aquí tendría que ver si la UdeG con quién se va a apoyar, con que laboratorios que estén registrados a nivel internacional y que tengan acreditamiento para que funcione…
La doctora Cueto me hizo los estudios de San Pedro Itzicán, yo pague todo…ella cuando me habló y me dijo: “don Manuel, encontré arsénico allí en el agua…pero yo depende del laboratorio a nivel internacional y la cabeza está en EEUU y no puedo meterlos sin consultarlo…”
Cuando falleció el niño Miguel Ángel … se hicieron estudios de orina a diez niños de la edad de Miguel Ángel. Los estudios de laboratorio se hicieron en Texas. La doctora me comentó: “No los van a hacer en Guadalajara, ni yo me siento capaz de hacerlos y se fueron a Texas”.
Llegamos a Pedro Itzicán para ver qué está pasando allí. “Quiero terminarlos, estoy muy picada”, me dijo. La apoyé con ocho mil pesos que me pidió para analizar el agua y encontró el arsénico en el óxido de los tubos…no es agua potable, ya con eso se hizo lo que hizo aquí la CEA, abrió dos pozos, uno no sirvió, abrió el otro, ese mas o menos lo que pasó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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